Por: Gerardo Bonilla
El pasado 3 de mayo de 2023 el Pleno de la Comisión Permanente recibió el Informe Anual de Actividades 2022 de la Guardia Nacional[1]. Entre la información más relevante sobresale que se reportó la creación de tres organismos: a) Subjefatura de Investigación e Inteligencia; b) Laboratorio Forense de la Vida Silvestre; y c) Batallón para la Administración y Operación de Aduanas.
La Subjefatura apoyará a la Jefatura General de Coordinación Policial “en la concepción, planeación, conducción y supervisión de las atribuciones del Comandante en materia de investigación, prevención de los delitos y desarrollo de las actividades de inteligencia” (p. 69). El Laboratorio estará adscrito a la Dirección General Científica y se encargará de integrar “el banco de ADN de especies silvestres que son traficadas ilegalmente o se encuentran en peligro de extinción” (p. 69). Mientras que el Batallón, conformado por más de 1,400 elementos, proporcionará “seguridad a las instalaciones aduanales del país”.
Llama la atención que en el Informe se sostiene que “para la proyección y creación de estos organismos no se solicitará ni ejercerán recursos adicionales a los ya presupuestados” (p. 69). Probablemente no los pidan, pero de algún lado tendrán que salir esos recursos y el personal requerido para la operación de estas tres nuevas instancias en el organigrama de la Guardia Nacional. Esa tendría que ser la pregunta obligada de las y los Senadores que se encargarán de analizar y, en su caso, aprobar el Informe.
Además, para cumplir con el control parlamentario, sería muy importante que desde el Senado de la República se solicite información adicional antes de aprobar el informe (Art. 98 y 99 de la Ley de la Guardia Nacional). En principio, los diagnósticos que justifican la creación de cada organismo. En el ánimo de contribuir a este ejercicio de rendición de cuentas, se sugiere plantear a las autoridades de la SSPC y la Guardia Nacional las siguientes preguntas parlamentarias:
Estas son apenas algunas interrogantes que deberían ser atendidas en un ejercicio de control parlamentario y rendición de cuentas.