Este cierre de año en México está marcado por las discusiones acerca de una nueva reforma electoral. Ante el rechazo de la reforma constitucional en materia político-electoral por el Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas (Plan A), el oficialismo de inmediato presentó una iniciativa de reformas a las leyes generales (Plan B).
Estas iniciativas que fueron aprobadas —sin que transcurrieran siquiera 24 horas desde su presentación— inciden en cuatro aspectos del funcionamiento del régimen electoral mexicano: en la gobernanza, en la competencia, en la representación y en la justicia electorales. Algunos de estos cambios podrían tener un impacto positivo en el sistema electoral e, incluso, responden a las sugerencias de personas especialistas (por ejemplo, el voto electrónico para personas residentes en el extranjero, la garantía de votos de las personas en estado de postración o en prisión preventiva, la incorporación de las acciones afirmativas para los grupos históricamente excluidos de la representación política o la simplificación del sistema de medios de impugnación).
Al mismo tiempo, muchos de los cambios propuestos no solo resultan controvertidos, sino que amenazan con profundos retrocesos en la calidad de los procesos electorales en nuestro país. La nueva lógica de gobernanza electoral con la estructura reducida del INE y de los Oples puede resultar insuficiente para la operación de los procesos electorales en todo el territorio nacional y con ello poner en riesgo su calidad. El debilitamiento de las facultades del INE y del TEPJF para emitir criterios interpretativos restará fuerza a las autoridades frente las violaciones de la ley. Bajo nuevas reglas, las autoridades no podrían negarle el registro de candidatura a una persona que no hubiese reportado los gastos de precampaña, realizado actos de violencia de género o violado las regulaciones constitucionales que prohíben la promoción personalizada del funcionariado.
La reforma tendría también un impacto negativo en la paridad de género, al debilitar la capacidad de intervención de las autoridades. Por un lado, al prohibirle al TEPJF intervenir en la selección y registro de candidaturas, impediría que se garantice el pleno cumplimiento de la paridad y otras medidas afirmativas. Por otro lado, afectaría la posibilidad de realizar ajustes en la asignación de escaños de representación proporcional en los Congresos federal y estatales (ya que este tipo de movimientos se tendrán que hacer “en coordinación” entre los partidos y las autoridades y “de común acuerdo”).
La incorporación —a partir de las demandas de los aliados del oficialismo— de las reglas que faciliten a los partidos pequeños mantener su registro y aprovechar los recursos públicos (incluso de maneras ya declaradas inconstitucionales por la SCJN) significa restablecimiento de las prácticas dañinas que alejan la composición parlamentaria de la voluntad ciudadana. Finalmente, los ajustes al sistema de medios de impugnación parecen llevar a una simplificación excesiva que, en lugar de facilitar, podrá obstaculizar el acceso a la justicia electoral para la ciudadanía.
La reforma aprobada en la Cámara no responde a un diagnóstico sólido, profundo y basado en los datos sobre el funcionamiento del sistema electoral de nuestro país. Por el contrario, busca limitar las regulaciones existentes que hoy garantizan la alta calidad de las elecciones y de la equidad en la contienda, para facilitar la incidencia gubernamental en las elecciones y restringir la capacidad de las autoridades de hacer cumplir la ley por parte de todos los actores políticos. En este sentido, no se trata de una reforma que mejore la gobernanza electoral o la representación política, sino que pone en riesgo muchos de los avances construidos a lo largo de tres décadas.
México se merece una reforma electoral que escuche las voces expertas, asegure la constitucionalidad y que la reforma no dañe, sino fortalezca a nuestro sistema electoral.
Profesora de la UNAM e investigadora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina
