Por Flavia Freidenberg
Que una sociedad esté polarizada es bueno para la democracia porque significa que las diferencias sociales, identitarias e ideológicas se están expresando en el sistema político (en la opinión pública, a través de los movimientos sociales, de los medios o de los partidos políticos). Que no están ocultas, invisibilizadas o en silencio, A pesar de que se suele creer que la polarización es algo malo, el hecho de que la ciudadanía en su pluralidad pueda expresarse libremente funciona como un antídoto al autoritarismo. Que haya diferencias es lo normal y, por supuesto, supone conflictos y es la política la que debe ocuparse de gestionarlos democráticamente. De ahí que la polarización a secas, esa que se da naturalmente, signifique que la opinión pública se divide en opuestos y que la pertenencia, o identificación, de un individuo con un grupo implica necesariamente la diferenciación de otro grupo distinto.
¿Cuándo la polarización se vuelve un problema para la democracia liberal? La polarización se convierte en un problema cuando la política se transforma en enfrentamientos entre tribus con ideas enfrentadas y no en un diálogo entre iguales. Cuando esto ocurre, la polarización a secas se convierte en tóxica, lo que supone la simplificación de la política a una división binaria de la sociedad en campos mutuamente antagónicos. O estás conmigo, o estás contra mí. En esta forma de relacionarse, la gestión de las diferencias se promueve de manera irreconciliable; disputando la posibilidad de que los valores del liberalismo político se arraiguen (como el diálogo y el respeto a las diferencias); haciendo que el adversario sea considerado como un enemigo (intolerancia) y negando la legitimidad a los rivales, cancelándolos y rechazándoles la posibilidad de ser sujetos con derechos.
América Latina es una región que ha experimentado variaciones importantes en los niveles de polarización política en las últimas décadas. Según los datos del proyecto “Variedades de la Democracia” (V-Dem), basado en el juicio de expertas y expertos de la comunidad académica internacional, la polarización -la que denominamos tóxica- ha vuelto a incrementarse a los niveles que tenía al inicio de la “tercera ola de democratización”. En una escala de 0 a 4, que va desde la idea en que los partidarios de visiones opuestas interactúan fundamentalmente de manera amistosa (0) a otra en la que lo hacen de modo hostil (4), los valores medios para los 19 países de la región fueron de 2.85 (en 1978), disminuyendo a 1.75 (en 2001) e incrementándose hasta alcanzar en los últimos años los niveles iniciales 2.7 (en 2021). Según estos datos, resulta más probable que los adversarios se enfrenten entre sí y no quieran participar en interacciones amistosas como reuniones familiares, asociaciones cívicas, actividades de ocio y/o lugares de trabajo. Evitamos hablar de política, nos vamos encerrando en una burbuja y nos vamos alejando de quienes piensan diferente, incluso si forman parte de nuestra familia y/o amigos.
Los datos indican que la polarización se profundizó especialmente en 2021, aunque los niveles de animadversión comenzaron a incrementarse a partir de 2015. Las y los expertos consultados por V-Dem percibieron de manera mayoritaria (36.84%) que los partidarios de campos políticos opuestos interactuaban de manera hostil y que existían patrones de polarización social grave, que se manifiestan en que la sociedad tiene diferencias de opinión sobre casi todos los temas políticos clave, lo que da como resultado importantes choques de puntos de vista (57.8% de las y los expertos). De ahí que, al momento de tener posiciones diferentes sobre los problemas, sea más probable que las personas se enfrenten de manera irreconciliable.
El nivel de confrontación tóxico se ha ido incrementando de manera significativa en los últimos años en la mayoría de los países, pero hay tres que destacan especialmente. Venezuela, donde los niveles de polarización se han incrementado de manera significativa a partir del chavismo. Si en 1998 lo más probable era que las diferencias se resolvieran de manera amistosa (0.98 en la misma escala de 0 a 4), para 2017 y 2018 esa situación era completamente inversa (3.83). Argentina, donde tras cuarenta años de democracia, los últimos datos evidencian que se ha vuelto casi a los niveles del 1983 (3.7). México, donde la polarización también ha crecido desde la transición democrática. Si en el año 2000 la evaluación, a juicio de las y los expertos, era de 1.91, para 2020 se había incrementado a 3.37, lo que supone que quienes defienden ideas opuestas tiendan a relacionarse de manera hostil entre sí.
Cuando la sociedad se encuentra dividida en campos políticos antagónicos, y ninguna de las partes tiene incentivos efectivos para despolarizar, la democracia se resiente. Algunas veces son los mismos liderazgos -de izquierda o de derecha- los que atizan las llamas de la confrontación social, disminuyendo los espacios para los consensos, moviendo la competencia hacia los extremos (de manera centrífuga) y enmarcando el relato en un discurso que niega al adversario su derecho a pensar distinto. En algunos casos, esto se hace fundamentalmente desde una parte de la sociedad, generando polarización asimétrica, como ocurre actualmente con las nuevas derechas radicales europeas (y ahora también argentinas).
En este escenario, es mucho más probable que los que gobiernan -como sostiene Jennifer McCoy en su texto sobre populismo y polarización- se sientan más seguros de sus mayorías (legislativas, electorales) y busquen mecanismos para mejorar su ventaja electoral, concentrar el poder en el Ejecutivo, controlar las instituciones autónomas e incluso deslegitimar a los críticos y opositores. De ahí que la polarización tóxica erosione a la democracia, por la dificultad de encontrar mecanismos de entendimiento mutuo y que sea responsabilidad de la ciudadanía la que, con su voz y sus votos, deba exigir a sus liderazgos que se moderen, reconozcan y respeten la pluralidad de las ideas, visiones e intereses presentes en la sociedad.
Investigadora Titular “C” a Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Coordinadora Académica del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina.
