Por Cristhian Jaramillo

Perú se destaca en América Latina como un caso extremo de colapso de los partidos políticos, un contexto político que ha sido descrito como una "democracia sin partidos". Tras su transición tardía a la democracia en 2001, los partidos políticos peruanos se han convertido en meros vehículos personalistas, desprovistos de presencia efectiva a nivel subnacional, sin una coherencia ideológica discernible y, en ocasiones, incapaces de representar de manera significativa los intereses de la ciudadanía.

Frente a esta debilidad del sistema de partidos, las y los legisladores, personas expertas, grupos de la sociedad civil y otros actores han impulsado un proceso de reforma política y electoral. Diversas impulsadas por el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina revelan que Perú ocupa el segundo lugar en la región, después de Ecuador, en esfuerzos reformistas. Desde 1975 hasta 2022, se han registrado , un proceso caracterizado por su irregularidad, drásticas transformaciones y, en ocasiones, notorias contradicciones.

A pesar de estos esfuerzos por fortalecer el sistema político, el desempeño de las instituciones democráticas en Perú se ha deteriorado al punto de ser percibidas con escepticismo, e incluso rechazo, por parte de la ciudadanía. La última encuesta del Barómetro de las Américas revela que, entre 2010 y 2021, apenas un promedio del 54% de los peruanos confía en la democracia, mientras que apenas el 10% considera a los partidos políticos como instituciones viables.

Este debilitamiento constante de los partidos políticos, una tendencia con raíces en la era Fujimori (1990-2000), ha llevado a una crisis institucional sin precedentes en los últimos siete años (2017-2023). Los crecientes conflictos entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo han desencadenado una crisis política tumultuosa, que ha visto la sucesión de seis presidentes, la renuncia de uno de ellos (Pedro Pablo Kuczynski en 2017), la destitución de dos (Martín Vizcarra en 2018 y Pedro Castillo en 2022), la disolución del Congreso de la República (2019) e incluso un intento fallido de autogolpe de estado (2022). Desde 2017, ningún presidente peruano ha logrado completar su mandato íntegro.

Esta crisis política puede explicarse desde una perspectiva institucional. En principio, la gobernabilidad de Perú, al igual que en muchos países de la región, depende en gran medida de la composición del Poder Legislativo. Desde 2016, la oposición en el Congreso peruano se ha caracterizado por su falta de voluntad para el diálogo, aumentando la polarización política. A esto se le suma la capacidad que tiene el Congreso para destituir al presidente de turno mediante una moción de vacancia por "incapacidad moral", un término impreciso que ha llevado al abuso de esta herramienta. Por ejemplo, el gobierno de Castillo enfrentó tres procesos de destitución en menos de dos años. Esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de reformas más profundas para restaurar la estabilidad y la confianza en las instituciones democráticas en Perú.

Sin embargo, las discusiones acerca de las causas institucionales resultan incompletas si no se ponen de relieve las trágicas circunstancias que rodean las más de 60 muertes acontecidas durante las protestas contra el gobierno liderado por Dina Boluarte. En un país donde el estado de derecho presenta notables deficiencias, las vidas perdidas en medio de las manifestaciones y la intervención violenta de la policía en marchas pacíficas constituyen un sombrío testimonio de las fallas de las instituciones peruanas para salvaguardar la integridad de sus ciudadanos, subrayando la apremiante necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente para llevar a los responsables ante la justicia.

En la actualidad, Perú se encuentra en una encrucijada política. La organización de elecciones transparentes e íntegras, aunque fundamental, no es suficiente para sostener el estado de derecho en su totalidad. A pesar de los esfuerzos significativos realizados para reformar y fortalecer el sistema político, la confianza en las instituciones democráticas ha experimentado una marcada decadencia. Esto refleja una brecha cada vez más amplia entre el gobierno y la ciudadanía, situando a Perú como un destacado ejemplo de que la denominada "democracia sin partidos" no solo resulta ineficaz, sino que también conduce a una erosión generalizada del sistema democrático en su conjunto. Y es que, sin partidos no hay democracia.

The London School of Economics and Political Science

Investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina

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