Por María de los Ángeles Fernández Ramil
Al desconcierto que producía ver a Nicaragua -país que personas expertas no dudan en calificar como un régimen autoritario consolidado- integrar por años el club de países campeones en igualdad de género del Foro Económico Mundial (WEF), tuvieron que venir dos académicos nórdicos a ponerle nombre. De esa manera, Elin Bjarnegård y Pär Zetterberg denominan “lavado autocrático de género” a las reformas de igualdad de género en gobiernos conducidos por autócratas.
La práctica no es nueva. El deporte también se usa como estrategia para escalar en reputación a nivel global. A él recurren países como China, Qatar y Arabia Saudita en los que, en diversos grados, se violan los derechos humanos, incluidos los de las mujeres. La diferencia está en que, en las situaciones por ellos descritas, son los derechos humanos de las mujeres los que se instrumentalizan para, señalan, “desviar la atención de prácticas no democráticas persistentes, como las violaciones de la integridad electoral y los derechos humanos”. Avanzan en un dato: “De los 75 países que han adoptado leyes de cuotas basadas en el género para la representación parlamentaria, alrededor de dos tercios (51) han sido gobernados por gobiernos no democráticos”.
Que no se nos malinterprete. La paridad de género supone un impulso poderoso para el logro de una igualdad más sustantiva en lo que a derechos políticos de las mujeres se trata. De ello tenemos ejemplos cada día. Uno reciente es el que afecta al partido Aquí Costa Rica Manda. Si quiere poder participar en las elecciones municipales del año 2024, deberá subsanar inconsistencias relativas a la corrección de los encabezamientos por sexo para las nóminas uninominales y plurinominales de sus candidaturas. Se trata de una larga lucha de las mujeres costarricenses para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) cumpla un rol vigilante en lo que se denomina “paridad horizontal”.
Sin embargo, tomar cómo dato que en América Latina son nueve los países que ya han adoptado la regulación legal de la paridad, lo que incluye a Nicaragua, pero también a Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, Argentina, México, Costa Rica y Panamá, sin precisar que algunos de ellos constituyen regímenes híbridos, que se han alejado al menos parcialmente de algunos estándares democráticos, confirma lo que los autócratas explotan, según Bjarnegård y Zetterberg, “una asociación simplista entre igualdad de género y democracia”.
Una variante de ese mismo fenómeno se observó en la celebración, por parte de sectores del feminismo chileno, de la inclusión de la democracia paritaria como artículo en el texto constitucional que la ciudadanía chilena rechazó hace justo un año. Se olvidó, o no se vio, que ese mismo texto debilitaba los frenos y contrapesos que garantizarían la protección de las minorías frente a los excesos de las mayorías circunstanciales, amén de no garantizar un pluralismo político efectivo. ¿Cómo podría favorecer a las mujeres lo primero, restándole importancia a lo segundo?
Adicionalmente, la utilización que hacen las autocracias de la paridad de género se aleja de su ambición más íntima. Se trataría de apuntar -como bien señala la profesora Flavia Freidenberg- a “un nuevo contrato social y una manera diferente de pensar y ejercer las relaciones de poder”. Lo anterior no impide que se siga estudiando la situación de la representación política de las mujeres en clave descriptiva pero tal afán encuentra límites cuando, según todos los informes anuales sobre la situación de la democracia en el mundo advierten que la situación de “recesión democrática”, término acuñado por Larry Diamond, está lejos de abandonarnos.
Un servicio que la academia democrática podría prestar es integrar, a los esfuerzos que se hacen por desentrañar los patrones que sigue la autocratización en nuestra región, algún diseño de análisis que permita profundizar en la manipulación de los derechos humanos de las mujeres que los autócratas vienen haciendo a su favor.
Doctora en Ciencia Política, presidenta de la Fundación Hay Mujeres y Miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina.