Cristhian Uribe Mendoza
El pasado 23 de marzo, la Comisión Primera del Senado de Colombia decidió archivar el proyecto de reforma política que se estaba discutiendo en el Congreso. La reforma política era una de las promesas de cambio impulsadas por el primer gobierno de izquierda en la historia del país, con el propósito de modernizar y democratizar los partidos y el sistema político colombiano; sin embargo, durante el trámite legislativo, el proyecto se desvió de sus objetivos iniciales.
Tras haber superado 4 de los 8 debates necesarios para su aprobación como reforma constitucional, el presidente Gustavo Petro y la bancada de gobierno solicitaron el hundimiento del proyecto que habían presentado al Congreso para su debate. Algunos congresistas del oficialista Pacto Histórico calificaron el texto como una "reforma politiquera", a pesar de que fue la propia bancada de gobierno la que introdujo los cambios que desencadenaron el rechazo de la opinión pública y demás fuerzas políticas.
La versión inicial buscaba introducir cambios en aspectos claves del sistema político-electoral, como la adopción de listas cerradas, obligatorias y bloqueadas bajo principios de paridad y alternancia; el fortalecimiento del financiamiento estatal de las campañas; y la incorporación obligatoria de mecanismos de democracia interna para la selección de candidaturas y directivas partidistas.
Para muchos analistas, estas reformas podrían tener un impacto positivo en el sistema político ya que, incluso, recogían algunas recomendaciones hechas por especialistas en el tema, como la Misión Electoral Especial, con miras a democratizar y fortalecer las organizaciones políticas y el sistema de partidos; fomentar la participación política de las mujeres; y reducir los riesgos asociados con la corrupción y el financiamiento ilícito.
Sin embargo, algunos cambios propuestos no solo eran polémicos sino que representaban un grave peligro para la democracia, como la facultad para que los congresistas puedan ocupar un ministerio sin perder su curul, lo que deterioraría la separación de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo; y, además, podría generar un impacto negativo en la función de control político del Congreso.
Lejos de corregir el rumbo, los proponentes introdujeron subrepticiamente nuevos artículos o modificaciones que iban en contra del texto aprobado en primera vuelta. Uno de los cambios más espinosos fue la eliminación de la obligatoriedad de las listas cerradas, bloqueadas y paritarias, con lo cual se esfumaba cualquier posibilidad de fortalecer el sistema de partidos y mejorar el sistema de representación democrática. Tales modificaciones provocaron la indignación legislativa y condujeron, una vez más, al fracaso de la reforma política.
Aunque el proyecto de reforma política estaba destinado al fracaso, es lamentable que se haya perdido otra oportunidad para abordar los problemas estructurales que aquejan al sistema político-electoral colombiano. Desde la firma del Acuerdo Final para la Paz Estable y Duradera en 2017, la necesidad de modernizar el sistema electoral ha sido un tema recurrente en el debate público. Sin embargo, las élites nacionales no han demostrado una verdadera voluntad política para aprobar la reforma política integral que el país necesita urgentemente, especialmente en lo que se refiere a la institucionalidad electoral, el financiamiento público y las listas cerradas. Se necesita un mayor compromiso por parte de los partidos políticos para construir consensos y poner los intereses del país por encima de los particulares.
Docente de la Universidad Santo Tomás (Colombia) e Investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (OEA/IIJ-UNAM).
