Dina Boluarte es la primera presidenta del Perú luego de los 200 años de vida republicana. Se trata de una presidencia por sucesión, en aplicación del artículo 115 de la Constitución, luego que el Congreso declaró la vacancia de Pedro Castillo como consecuencia del golpe de Estado frustrado. Boluarte fue la primera vicepresidenta después de que la nueva ley de paridad y alternancia de 2020 se aplicó a las planchas presidenciales.
El incremento de candidaturas de mujeres a la vicepresidencia pasó de 20% a 89%, en una elección de 18 candidaturas en la que hubo 2 mujeres postulando. La misma ley estableció que las listas al Congreso debían tener paridad y alternancia, en elecciones de listas abiertas, con voto preferencial.
El resultado: se registró el mayor número de mujeres en el Congreso desde 1956, año en el que se eligieron a las primeras mujeres parlamentarias. El aprendizaje: la visibilidad de mujeres en las listas. En 1997 se aprobaron cuotas de género de 25% las que posteriormente se incrementaron a 30%. En la primera elección en que se aplicó la cuota se duplicó el número de mujeres electas. Pero hasta 2021 no logró pasar el techo de 29% a pesar de contar con 40% de candidaturas de mujeres. La razón: estaban ubicadas en el último tercio de las listas. La ubicación en las listas importa.
De acuerdo con la Unión Parlamentaria el promedio mundial de mujeres parlamentarias es de 26.5%. El promedio de América es de 34.9%, superado por los países nórdicos, 45.7%. México se encuentra cuarto en el ranking mundial. Brasil, Paraguay y Guatemala postergados. Una mirada comparada en la región a partir del registro del régimen electoral de género del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina muestra que más de la mitad de los países ha aprobado la paridad.
La representatividad no solo se trata de una cuestión de cifras. En primer lugar, la presencia de mujeres en la política constituye una exigencia democrática. Las mujeres hemos estado subrepresentadas históricamente y postergadas en el reconocimiento de derechos políticos. Las cuotas y la paridad han constituido un importante avance para el incremento de mujeres en esferas políticas. Como señaló la jueza Ruth Bader Ginsburg: “Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. No debería ser que las mujeres sean la excepción".
En segundo lugar, se trata de participar en políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y proscriban prácticas discriminatorias. Hace algunos años, ante una denuncia de violencia familiar se pedían explicaciones que pudieran justificar tal actuación delictiva. La igualdad jurídica en América Latina ha progresado, pero se requiere de acciones preventivas y sanciones efectivas para las conductas que atenten contra la seguridad de las mujeres.
En tercer lugar, las mujeres en el Congreso no comparten las mismas ideas ni intereses, pero su presencia coincide con la mayor aprobación de normas en favor de políticas de equidad. Finalmente, el informe del Banco Mundial Mujer, Empresa y Derecho registra un índice de los países en los que las mujeres tienen las mismas condiciones jurídicas que los hombres en todas las áreas medidas. El puntaje máximo es 100 puntos. Solo 14 países del mundo obtienen tal puntaje, ninguno en América Latina. Perú, Paraguay y Costa Rica son los países latinoamericanos con mayor puntaje, entre 90 y 95 puntos. Pero sabemos que la igualdad formal no es necesariamente igualdad real, por ello los retos son inmensos.