Desde hace por lo menos un quinquenio, la reforma política ha pasado de ser un tema reducido a cenáculos académicos para convertirse en un tema central de la agenda política de Perú. El referéndum convocado por el ex presidente Martín Vizcarra, en el 2018, fue el inicio de estas modificaciones de la Constitución, aun cuando el rechazo al bicameralismo y la prohibición a la reelección parlamentaria, fueron medidas populares, pero contraproducentes. Meses después, la designada Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP), formada por académicos, entregó un paquete de propuestas que fue presentado al Congreso, que aprobó pocas, desnaturalizó algunas y dejó de lado la mayoría, en medio de una tensa lucha entre los poderes del Estado que acabó con la disolución del Congreso y, meses después, el nuevo elegido, terminó por vacar a Martín Vizcarra. La reforma así, quedó a merced de un parlamento que frenó todo propósito reformista.
Con el triunfo de Pedro Castillo, en el 2019, con un nuevo parlamento en donde carecía de mayoría, el contenido de la reforma, pasó a un segundo plano, para centrarse en el cambio de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Un camino a la chilena, pero que ha recibido un duro golpe de imagen, luego del rechazo en el plebiscito del 4 de setiembre.
Es cierto que somos uno de los países que más constituciones ha tenido. Ocho en el siglo XIX y cuatro el siglo pasado. Constituciones en medio de las crisis que trataban de resolver, pero que no evitaron el curso de los acontecimientos. Todas incorporaron artículos que las siguientes recogieron en los diferentes títulos. Es decir, no ha habido nunca una “Nueva Constitución” que deseche todo lo anterior, por lo que siempre será una modificación “parcial” en relación con el conjunto de sus artículos.
Pero, ¿quién lo tendría que hacer? La Constitución de 1993 señala que el único sería el Congreso de la República, pues no existe la vía de asamblea constituyente. No es posible forzar una figura distinta. Es decir, la “reforma total” tendría que hacerla el actual Congreso. El inconveniente es, sin embargo, su baja legitimidad, pues tiene una desaprobación ciudadana del 85%, mayor que la presidencial.
Pedro Castillo y la izquierda han hecho de la asamblea constituyente la ilusión del cambio que permitiría un “nuevo pacto social” y llevaría al país a un edén donde se realizarían todos los sueños. De la misma manera, la derecha cree que una asamblea constituyente sería el fin de sus días. Que dicho camino llevaría al país a una nueva Venezuela o Cuba. Ni uno ni otro, pero un elemento más para un escenario de polarización extenuante. Lo que sí parece cierto, es que una convocatoria de esta naturaleza arrojaría la misma calidad representativa de la que tenemos en el Parlamento, por lo que no se podría esperar una Constitución que es imaginada como un libro sagrado.
Finalmente, el gobierno presentó un proyecto de ley para modificar la Constitución y posibilitar la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que fue archivada por el Congreso, dando fin a un camino sin pena ni gloria.
La profunda crisis de representación que vive el Perú, erosionando todas las instituciones, ha llevado a plantear a varios sectores a un adelanto de elecciones generales, acompañado de un mínimo de reforma política. Tanto el Ejecutivo como el Parlamento, lo han rechazado. De esta manera, la reforma política está en la sala de espera, mientras el cuerpo institucional se deteriora al extremo.
Investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina.
Politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Presidió la Comisión de Reforma Política. Miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina.
