Está demás decir que el Perú es uno de los países más inestable de la región. Dina Boluarte es la sexta presidenta en los últimos seis años. Los partidos políticos han fracasado en articular un sistema medianamente funcional, cayendo en un hondo hueco donde al personalismo, la informalidad, bajo nivel organizativo, liderazgos no programáticos, se añade un diseño institucional que atiza el conflicto, en un escenario en donde convive la polarización con el alto fraccionamiento político. Una combinación que produce una baja calidad de la representación que permite la corrupción de diverso grado.
El fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo del 7 de diciembre pasado abrió las compuertas de muchas fracturas estructurales de variado tipo, que no se habían reparado. Su salida era cuestión de tiempo y no solo porque un grupo de bancadas parlamentarias así lo querían, sino porque a su incapacidad para gobernar, sus designaciones de altos cargos de gente incompetente, sin formación con probadas redes de corrupción que lo involucran directamente a él.
Pero el estallido social que conmocionó al país con decenas de muertos a manos de las fuerzas del orden, ha descendido. El gobierno de Dina Boluarte goza de una menor presión por lo que quiere mantenerse hasta el fin de su mandato en julio del 2026, aun cuando esté acompañado por un alto porcentaje de rechazo ciudadano. ¿Cómo puede sostenerse si carece de un partido político, bancada parlamentaria o grupo social organizado? en el Perú del post fujimorismo de este siglo, las fórmulas presidenciales están construidas para ganar una elección y no para gobernar. En consecuencia, si bien un gobierno se elige por un período de cinco años, eso puede ser fraccionado en varios, como ha ocurrido en este ciclo iniciado en el 2016 cuando Keiko Fujimori (Fuerza Popular) no reconoció el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski. Los gobiernos son pues muy personalistas.
Dina Boluarte no quiso asumir el papel de una presidente de transición pese a tener al inicio un capital político no desdeñable -distanciada y relegada del entorno de Pedro Castillo, mujer, provinciana, quechua hablante- que lo cambió por un compromiso del que depende demasiado: la ex oposición de derecha en el Congreso y las Fuerzas Armadas. Estas eran y son sus puntos de apoyo, que le han permitido permanecer en el cargo, sobre todo, en el sangriento primer trimestre del año, cuando todo parecía encaminarse a un adelanto de elecciones con algunas reformas políticas.
Esta agenda política, hoy ya no se discute, pues ni al gobierno ni al Congreso les conviene. En el caso de Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola, porque sin la inmunidad de la que hoy gozan, es altamente probable que acompañen a esa larga lista de presidentes peruanos que son investigados, procesados o condenados. La responsabilidad política por las lamentables muertes es una factura de la que difícilmente podrán librarse y, por el lado del Congreso, la gran mayoría de sus integrantes defienden intereses particulares cuando no mafiosos que atraviesa a los partidos y que, dado que no hay reelección parlamentaria, tienen todo por perder.
Esta estabilidad es también posible porque no existe una oposición política ni dentro ni fuera del parlamento que pudiera canalizar el descontento y fuera de Lima, las movilizaciones carecieron de unidad en sus demandas y liderazgos. La economía está mostrando signos de recuperación que ayuda al propósito oficial. Sin embargo, quedan más de tres años de mandato de gobierno. Sus recursos no son propios, sus compromisos muchos y su liderazgo bajo. La precariedad es pues su divisa.
Profesor de Ciencia Política de la PUCP e investigador del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina
