A diferencia de otros temas de la agenda reformista mexicana, el que menos atención está recibiendo es el de la democratización interna de los partidos . La gran deuda pendiente tiene que ver con prácticas cerradas y excluyentes, poco transparentes y escasamente participativas en las que los partidos toman decisiones, resuelven sus conflictos o rinden cuentas. Los partidos continúan siendo “cajas negras”. Simulan cumplir con lo que se les exige normativamente, pero procesos de convocatorias completos, cumplimientos de requisitos, superación de etapas y/o resultados de las candidaturas suelen ser para legitimar decisiones ya tomadas por las cúpulas. Las dirigencias se resisten a innovar y modernizarse y, con ello, contribuyen al desencanto de la ciudadanía con la política.
Esta es la reforma pendiente . No discutir sobre ella, es una oportunidad perdida. Las propuestas de reformas electorales que conocemos hasta el momento ignoran esta realidad o no se atreven a cambiarla. Así -como están planteadas- pierden la posibilidad de atender varios de los problemas que cruzan a los partidos. Si bien el derecho no necesariamente cambia comportamientos, la ausencia de reglas o la existencia de una mala ley puede impulsar incentivos y acciones que van en contra de la democracia. De ahí que la ley pueda exigir la democratización interna de los partidos.
La discusión académica aún no ha generado consensos respecto a qué hacer con los partidos. Están quienes creen que el Estado no debe obligarlos a democratizarse. El argumento es claro. Si los partidos son una “parte del todo”, cada uno debería tener autonomía para resolver sus dilemas internos y ser la ciudadanía la que castigue en las urnas las decisiones oligárquicas. Desde esta visión, no sería necesario obligar por ley. Pero esta idea supone una ciudadanía activa, preocupada por la vida interna de los partidos y ansiosa de cambiar el modo en que funcionan internamente.
La experiencia muestra que esto no es así. Cuando la ciudadanía vota no lo hace necesariamente pensando en el modo en que los partidos funcionan. Es más, en varias ocasiones, han preferido partidos que usan dedazos o convenciones legitimadoras de decisiones cupulares frente a otros que realizan elecciones internas. De ahí que hacer internas -las que suponen una persona/un voto- no haga ganar elecciones generales. Como han evidenciado los datos del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2014), de los 250 procesos de selección de candidaturas presidenciales, aquellos 56 que usaron primarias abiertas en 18 países de América Latina, sólo el 23% ganó la elección.
El problema está en el diseño. Pensar que un único mecanismo de selección, como las primarias en las coaliciones -como proponen algunas de las iniciativas presentadas- democratiza a los partidos, es iluso. Hacer creer que con las encuestas se consigue mayor inclusión de la ciudadanía -como es la práctica de algunos partidos- es engañoso. Sabemos que las primarias son condición necesaria pero no suficiente para democratizar a los partidos. Su efecto no alcanza cuando, además, se hacen solo en un único momento para determinar la candidatura en un nivel institucional (como la Presidencia); cuando participa un único candidato o las opciones no son competitivas entre sí.
¿Qué hacer? Los partidos saben que no necesitan cambiar la ley para democratizarse . Ellos pueden decidir hacerlo sin que los obligue la norma, pero hasta ahora no lo han hecho. Si los partidos no necesitan la ley para cambiar, entonces, lo que falta es voluntad política. Bastaría con su decisión de llevar a cabo procesos competitivos, incluyentes, deliberativos, tecnológicamente innovadores y transparentes para avanzar en su democratización. La propuesta presentada -de la manera en que está formulada- es por tanto para resolver problemas coyunturales de cara a 2024 y no para democratizar a los partidos a largo plazo.
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