Por Camilo Cruz Merchán
Desde espacios tan variados como el Congreso de los EE. UU y grupos de interés cercanos a la industria de la Inteligencia Artificial —IA- tales como el “Future of Life Institute” o el “Center for AI Safety” - en adelante CAIS- se han realizado continuas advertencias sobre los riesgos de dichas tecnologías para la democracia. Ante este panorama cabe preguntarse ¿Qué adaptaciones están ejecutando nuestros sistemas democráticos para incorporar la IA a los procesos electorales?
Yuval Harari en su libro “21 lecciones para el siglo XXI” afirma que la democracia aún no ha logrado adaptarse a los cambios producidos por el internet, por lo que menos aún está preparada para los cambios que traerá la IA. Como ha advertido el Parlamento Europeo en los borradores de discusión de la “AI Act” no existe una definición única y comprensiva de IA, término usado para identificar a las aplicaciones computacionales que por medio de un marco amplio de técnicas logran resultados “asimilables a los asociados a la inteligencia humana”.
Según el CAIS los principales riesgos de esta tecnología sobre la democracia son la alta capacidad de desarrollar mecanismos de persuasión de las decisiones de los votantes altamente eficaces debido al nivel de segmentación de preferencias conscientes e inconscientes de los votantes y a la posibilidad de construir formas concentradas de vigilancia y censura al debate público.
Los riesgos mencionados ya han sido experimentados con las tecnologías actuales en casos complejos como los denunciados dentro de los escándalos de Cambridge Analytica o los “Guacamaya Leaks” o banales como lo son los gastos no reportados de contratación de influenciadores/as. Por lo mismo, las experiencias contemporáneas de regulación electoral a las redes sociales o las regulaciones existentes sobre delitos electorales o sobre financiación de campaña sirven de base para el debate sobre la regulación de la IA.
Así, por ejemplo, normativas como las referidas a propaganda electoral ilegal, presentes según datos del Observatorio de Reformas Políticas en doce democracias de América Latina, sanciones a los incumplimientos a las normativas de financiación de partidos y campañas, existentes en 13 democracias de la región como también las reglas contemporáneas sobre violencia política en razón de género, existentes en diez democracias de la región, pueden permitir rastrear los usos de estas tecnologías, obligar a los partidos a transparentar su incorporación en la actividad política y generar sanciones aplicables tanto a candidaturas como a organizaciones políticas.
De otra parte, la IA también puede contribuir al fortalecimiento democrático al permitir formas eficientes y efectivas de chequeo de información, análisis de amenazas a procesos electorales o la generación de instrumentos innovadores de pedagogía político-electoral. Experiencias como la advertida por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos en la elección presidencial de Paraguay, donde ante la ausencia de debates, una compañía de mercadeo aprovechó los programas de gobierno de las candidaturas para “organizar” uno virtual son ejercicios que regulados y transparentados pueden ser de utilidad al votante.
Lo importante es comenzar un debate amplio, participativo e incluyente, que permita escuchar las voces y preocupaciones de los diversos actores del proceso democrático y de la vida social, de cara a definir en cada contexto la mejor manera de regular e incorporar esta tecnología de forma responsable y segura antes de que los ruidos y distorsiones por sus usos indebidos contaminen nuestra percepción sobre estas herramientas en la vida pública.
Universidad Autónoma de Bucaramanga Colombia. Investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina.
