Por: Arturo Espinosa Silis
Las elecciones cada vez son más complejas y competidas. La búsqueda por el poder hace que las estrategias electorales agoten cualquier recurso para ganar, aunque ello implique ir más allá de lo legal o llevar a cabo conductas poco democráticas. Lo importante para las y los actores políticos no es cómo llegar al cargo, sino llegar sin importar lo que se tuvo que hacer en el camino.
Las malas prácticas como desinformación, noticias falsas, polarización, violencia política, ataques a la autoridad electoral, inequidad en la elección, gobernantes aferrados a permanecer en el poder a costa del Estado de Derecho son algunas de las conductas que hemos visto durante el último ciclo de elecciones en América Latina. Estas conductas dañan la democracia y generan descontento hacia los sistemas electorales.
En la búsqueda por ganar elecciones a cualquier costo, la legalidad y los principios que hacen que una elección sea democrática quedan en segundo plano. Las y los actores políticos están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de acceder al poder. Es aquí donde las autoridades electorales tienen uno de los retos más grandes, hacer valer las reglas electorales, pues una elección sin reglas no es una elección democrática. Pero no solo aquí se agota el papel de las autoridades electorales, sino que además deben buscar que las elecciones sean integras y los derechos políticos y electorales se ejerzan plenamente.
Es aquí donde la justicia electoral tiene una función determinante para la calidad de las elecciones. Son los órganos jurisdiccionales electorales los que salvaguardan los derechos político electorales y garantizan los principios de las elecciones, los cuales se traducen en ganar espacios en favor de la inclusión y la pluralidad, asegurar que existan condiciones de equidad y que la alternancia en el ejercicio del poder sea cotidiana, pero sobre todo buscan dar certeza a los resultados electorales, de manera que sean un reflejo fiel de la voluntad ciudadana expresada en la urnas.
Contar con una justicia electoral robusta contribuye a la consecución de elecciones libres, auténticas e íntegras. El órgano encargado de impartir justicia en la arena electoral debe ser autónomo, imparcial e independiente, permitir un pleno acceso a la justicia, a través de un proceso efectivo y justo, además de actuar con plena transparencia.
En México, por ejemplo, muchos espacios se han ganado gracias a la justicia electoral, la paridad de género fue impulsada desde los criterios emitidos por el Tribunal Electoral, las acciones afirmativas que permiten tener un legislativo más plural e inclusivo también tienen su origen en las sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional electoral, la validez de las elecciones pasa por la justicia electoral, decenas de comicios se han anulado al acreditarse malas prácticas que vician los principios fundamentales de las elecciones democráticas.
Ante elecciones cada vez más competidas, polarizadas y complejas, la respuesta debe ser fortalecer los sistemas de justicia electoral, trabajar en favor de la resolución de conflictos y controversias por la vía institucional, de forma imparcial y a través de criterios que garanticen el cumplimiento de las reglas electorales, los principios rectores de las elecciones y el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales.
Laboratorio electoral e investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina
