Las elecciones en Venezuela el 28J aportaron leña a una discusión en boga: ¿a favor o en contra del voto electrónico? La tecnología es cada día más importante en la organización de elecciones: para la elaboración y depuración de padrones, la planificación de mesas, el envío de resultados y el conteo. Mientras hay acuerdo sobre las ventajas de su uso para estas tareas, el voto electrónico divide posiciones: quienes están a favor señalan que aporta rapidez (conteo rápido) y eficiencia (el procedimiento disminuye la incidencia de votos invalidados por errores). Quienes están en contra alertan que se pone en juego la seguridad jurídica en lo que hace al secreto del voto (a menudo los votantes necesitan ayuda para usar las máquinas), se pierde transparencia (cualquier puede supervisar el conteo en papel pero se necesita conocimiento especializado para entender cómo funciona la máquina) y genera dependencia del sector privado (que se hace cargo de la logística por sumas cuantiosas).
En América Latina hay países que cuentan con sistemas de voto electrónico (Brasil, Venezuela) o han implementado experiencias piloto (México) mientras otros mantienen la boleta en papel (Argentina, Uruguay). Con independencia del sistema, la denuncia de fraude ha entrado de lleno a la estrategia electoral de algunos líderes como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil (ambos con formas de voto electrónico) o Keiko Fujimori en Perú (voto en papel). En ninguno ha sido probado judicialmente. En cualquier caso, la transparencia y ‘auditabilidad’ del sistema electoral se vuelve central.
El 28J, ¿qué relación tuvo la tecnología con el fraude? En Venezuela el voto electrónico se combina con resguardos físicos. Se vota en una máquina y ésta emite un comprobante que permite chequear si la opción se ha registrado correctamente. Esa papeleta se deposita en una urna de resguardo. Al cerrarse la votación, antes de enviar los resultados a la Sala de Totalización, se emite un acta con la suma parcial y se dan copias a los miembros de la mesa. Estas son las famosas actas, que cuentan con un código QR y las firmas de quienes estaban en la mesa. El sistema es inexpugnable (lo que no impide la corrupción, que en este caso se produciría al amparo de la empresa gestora, Ex-Cle, domiciliada en Buenos Aires y gestionada en Caracas por un empresario argentino y miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE)).
En la noche del 28 de julio el CNE interrumpió el conteo alegando un hackeo del sistema (no probado) que no le impidió, sin embargo, anunciar el triunfo de Nicolás Maduro. Para el 2 de agosto el resultado oficial es 51,9% de los votos frente a Edmundo González, con 43%, pero sin mostrar los resultados desglosados como exige la normativa. La oposición afirma haber triunfado con el 67% contra el 30% y lo basa en las más de 24 mil actas (81% del total) recogidas por cientos de voluntarios organizados en los “comanditos” que se ocuparon de recolectar, escanear y centralizarlas en una página web que permite buscar con el número de la cédula el resultado de la mesa de votación donde la persona esté inscrita (total auditoría y transparencia).
Las garantías del sistema de voto venezolano – el resguardo en papel– y la activación de la ciudadanía impidió falsear el resultado. Pueden enunciarlo, pero el CNE no puede aportar las pruebas del supuesto triunfo de Maduro. No puede porque las actas están y son las que muestra la web de la PUD, que dan el triunfo a González. La dictadura está al desnudo.
Yanina Welp
Investigadora del Albert Hirschman Democracy Centre y del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina
