Víctor Alarcón Olguín
El resultado obtenido el pasado 2 de junio sin duda nos ha sorprendido más a los círculos de análisis que a la propia población. Eso implica que las afirmaciones que empleamos en los estudios electorales siguen teniendo más sustento en la ideología que en la propia ciencia. Prueba de ello fue que los cálculos generados por las casas encuestadoras -si bien casi todas coincidían en darle el triunfo a Claudia Sheinbaum-, en los meses previos a la jornada electoral comenzaron a ser marginados como base sólida para considerar el estado real de la opinión pública.
¿Cómo sustentar una diferencia tan grande entre las dos principales candidatas? La única explicación plausible para desacreditar dicha tendencia era que varias de las casas encuestadoras habían sido cooptadas por el gobierno. Del lado opuesto, la tendencia de que la elección se estaba cerrando también levantó alertas dentro del oficialismo y llegaron a la misma respuesta: eran empresas patrocinadas por la oposición.
Con las encuestas puestas a un lado, se llegó a la votación con expectativas inciertas y muchos temores. Ciertamente, el desempeño del INE no tuvo el mismo nivel de desempeño que en ocasiones pasadas, por cuanto enfrentaron desde semanas previas las presiones de que muchos funcionarios encargados de capacitar y supervisar en terreno fueron renunciando, así como muchas personas asignadas como encargadas de las casillas hicieron lo propio. Eso explica en parte el notorio retraso en la apertura de muchos centros de votación y su afectación final en el nivel de participación que apenas superó al 60 por ciento.
El otro punto polémico cabe señalarlo sin ambages, fue la notoria indisciplina mostrada por parte de los liderazgos partidarios de ambas coaliciones saliendo a los pocos minutos de haberse dado el cierre formal de las casillas a autoproclamarse ganadores de la elección presidencial y de las gubernaturas en juego con base en sus encuestas de salida. Y otro tanto lo hicieron algunos medios sin ningún respaldo estadístico, con lo cual poco se abonaba a la certeza de la labor de la propia autoridad electoral, misma que tampoco tuvo una buena estrategia comunicacional a lo largo de la jornada, en tanto el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el anuncio tardío casi dos horas mas tarde de lo previsto de los conteos rápidos abonaban a crear un escenario no deseable similar al experimentado en los comicios de 1988 o 2006.
Inicialmente, la candidata opositora Xóchitl Gálvez hizo un reconocimiento al resultado. Sin embargo, a las pocas horas su actitud y la de los dirigentes opositores cambió en la medida que fueron identificando -a su juicio- discrepancias importantes entre las copias de las actas recopiladas por sus representantes de casilla y lo registrado en el PREP, lo cual les lleva a la idea de realizar una revisión lo más amplia posible de los resultados en los procesos de cómputo distrital que marca la ley y que deben realizarse a partir del miércoles posterior a la jornada, a efecto de poder emitir en su caso, las constancias de mayoría para todas las elecciones con excepción de la presidencial, misma que le corresponde por ley examinar y dictaminar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ahora, dependiendo de la solidez con que se detecten dichas irregularidades en el proceso de cómputo y si esto pudiera modificar el resultado a su favor (cosa poco probable), la oposición tendrá que valorar si posee elementos para avanzar en una impugnación que buscara anular los comicios aduciendo por ejemplo, el rebase del tope de gastos de campaña, la compra y gestión de votos vía movilizadores como los Servidores de la Nación; o a partir de causales más subjetivas como aducir la intervención indebida del Presidente de la República a lo largo del proceso, para colmar la hipótesis de dichas acciones fueron influyentes y determinantes en el resultado.
A la población en general estos elementos legales le son muy ajenos y en muchos casos, los ven como contrarios a lo que su voluntad ha expresado. Este asunto no es menor porque implica una separación entre lo que la política y el derecho deberían producir para dar certidumbre plena a nuestro esquema democrático. De ahí que sería importante que las propias autoridades electorales salieran a explicar lo que está pasando a efecto de que ello ofrezca certidumbre y genere orden entre los propios actores políticos de aquí hasta que se culmine la transmisión de poderes el próximo mes de octubre.
Profesor-Investigador de la UAM-Iztapalapa
Miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina