Las encuestas venían marcando una ventaja pronunciada para el rechazo a la propuesta de Nueva Constitución que los y las chilenas debían decidir en las urnas. Sin embargo, no lograron captar la magnitud de la victoria que superó 60% de los votos en la primera elección con voto obligatorio que ha tenido Chile. Y, no sólo eso. El rechazo se impuso en todas las regiones del país.
Este proceso constituyente comenzó a delinearse con el estallido social de 2019. El proceso de cambio constitucional acordado por los principales partidos políticos con representación parlamentaria incluía varias instancias. Primero, un referéndum que tuvo lugar en octubre de 2020 acerca de la necesidad de cambiar o no la Constitución vigente que data de la dictadura de Augusto Pinochet.
A pesar de las reformas que tuvo en democracia, el corazón del Estado autoritario (híper-presidencialismo, Estado subsidiario, ausencia de perspectiva de derechos humanos) se mantiene hoy en día.
Luego, la elección de delegadas y delegados constituyentes en abril de 2021 que conformaron una Convención Constitucional paritaria, con representantes extrapartidarios y escaños reservados para los pueblos indígenas. En un año, la Convención produjo un texto constitucional completo que incluía el diseño de un Estado social de derecho, un nuevo sistema político y un cambio de forma territorial de organización del poder.
El triunfo del rechazo tiene una explicación multicausal. La campaña tuvo un clima bastante enrarecido. Desaciertos y errores en la actitud de algunos convencionales fueron amplificados y reproducidos por los medios y redes sociales. Temas intrascendentes e incluso ridículos, que no representaban lo que realmente se estaba debatiendo y aprobando ocuparon los titulares durante mucho tiempo.
En medio de una crisis de representación muy profunda, la Convención Constitucional no logró convertirse en la excepción. No se establecieron lazos de confianza ciudadana. Se generó un clima adverso a la convención y la pusieron en primer plano en desmedro del texto acordado. Varios aspectos del texto generaron dudas y resquemores. Asimismo, el descenso de la popularidad del gobierno, que estaba claramente alineado con la nueva propuesta, contribuyó a un voto antigobierno que parece ser la nueva tendencia de la región. Donde algunos analistas vieron un giro a la izquierda, puede tratarse en realidad de una reacción fuerte contra los gobiernos y un descontento profundo con el estado actual de las cosas.
El consenso social sobre el fin de la Constitución de Pinochet parece ser muy amplio. De hecho, el rechazo hizo campaña con el lema “rechazar para reformar” y con la promesa de escribir una nueva Constitución, “una que nos una”, en contraposición con la propuesta de la Convención Constitucional que, argumentaban, generaba más divisiones en la ciudadanía. Sin embargo, no hay garantías de que el proceso constituyente continúe. Y, en el caso de que esto realmente suceda, no hay claridad sobre cómo se desarrollará; hay dudas sobre si se votará una nueva convención y sobre las reglas que se usarán para elegir sus integrantes. Otras opciones sobre la mesa incluyen que sea el Congreso el encargado de proponer las reformas, o quizás una comisión de personas expertas. El camino que se abre de ahora en más será la gran interrogante de los próximos días.
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Universidad Católica de Chile.
Investigadora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina
