El dinero es poder. El control de los recursos de los que disponen las personas o las instituciones implica el control sobre lo que estos puedan -o no- hacer. Las asignaciones presupuestales expresan, entonces, las prioridades de los gobiernos, y también les sirven como mecanismos de control sobre las agendas y actividades que desarrollen diversos órganos estatales.
Las dinámicas del control y presión presupuestal han estado presentes en el ámbito electoral mexicano desde hace tiempo, en particular desde la adopción de la reforma electoral de 2014. Aquella reforma pretendía restar injerencia de los gobiernos locales sobre los organismos públicos locales electorales, al asignar la facultad de designar a sus integrantes al Consejo General del Instituto Electoral Nacional, sustituyendo así a los Congresos estatales.
La nueva dinámica permitió una mayor profesionalización de los Oples y los dotó de autonomía e independencia respecto de los gobiernos locales. No obstante, al impedir la intervención de las élites políticas locales en la designación de los integrantes se generó una nueva dinámica en la cual las asignaciones presupuestales se convirtieron un mecanismo de control político sobre las autoridades electorales.
De manera paulatina, desde 2014, los gobiernos locales le han cerrado la llave presupuestal a los Ople generando problemas de operación institucional básicos e incluso se ha puesto en riesgo la organización de comicios y ejercicios de participación ciudadana. La gravedad de las disputas ha llegado a los tribunales electorales, en donde se ha dado la razón a los Oples. A inicios de 2023, a pocos días de la inminente aprobación de la reforma electoral, numerosos institutos electorales en el país denuncian no contar con los recursos suficientes para su operación cotidiana.
Las reducciones drásticas, que ascienden incluso a la mitad de los recursos requeridos para sostener sus funciones, se han dado en la Ciudad de México, Yucatán, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo, Zacatecas, Hidalgo, entre otros. En Colima, los recursos alcanzan para desarrollar las funciones institucionales solamente durante los primeros seis meses de este 2023. Incluso los Oples de Coahuila y Estado de México, encargados de organizar los comicios que sus entidades celebrarán el próximo 4 de junio, han enfrentado recortes presupuestales.
Ante la disputa por el presupuesto del INE en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que, si bien es el Poder Legislativo el encargado de realizar asignaciones presupuestales y puede realizar los recortes a los montos solicitados por los órganos públicos, estos recortes deben ser justificados y motivados de manera cuidadosa y reforzada. De otra manera, se pone en peligro el ejercicio de las funciones constitucionales y, en el caso del INE, de los derechos políticos de la ciudadanía, en las elecciones y más allá de estas.
La frecuencia con la que, en los últimos años, los Oples (y también los tribunales electorales estatales) han denunciado falta de recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas constitucionales de manera idónea resulta preocupante desde punto de vista de la integridad y calidad de las elecciones en el país. Siempre -o casi siempre- es posible buscar mejoras en los objetivos y formas en las que las instituciones ejercen los recursos públicos. Hacer más con menos es una idea que debe acompañar al gasto público, pero no puede y no debe llevar a las situaciones en las que las autoridades ya no puedan hacer nada.
Los costos de las elecciones en nuestro país -más allá de los mitos y comparaciones sesgadas con otras latitudes- derivan de las facultades y tareas establecidas por la ley. La organización de las elecciones y de los mecanismos de participación ciudadana, la educación cívica y la difusión de la cultura democrática no deberían ser vistos como un lujo, sino como una necesidad básica de una sociedad que pretende resolver sus diferencias por la vía pacífica. Esas tareas requieren de autoridades profesionales, autónomas e independientes y estas, a su vez, deberían contar con garantías presupuestales que los protejan de la injerencia política.
Derek Bok, el antiguo presidente de la Universidad de Harvard, dijo alguna vez: “Si crees que la educación es costosa - prueba con ignorancia”. Ninguna máxima podría ser más cierta para el caso de la democracia. Si alguien todavía cree que resulta costosa…
