Por: Celso de Oliveira Santos
Desde sus posiciones de liderazgo regional, Brasil, Colombia y México desarrollan en este momento el delicado rol de interlocutores para conseguir una salida pacífica y transparente de la crítica situación en Venezuela. Alineados en la centroizquierda, no son considerados opositores (como ocurre con Chile). Tampoco se los percibe como aliados incondicionales del madurismo (como Cuba o Nicaragua). La relevancia de esta posición es tal que incluso el gobierno de EE.UU. solicitó que Lula conversara con Biden sobre este asunto.
Treinta horas después del anuncio oficial de una “tendencia contundente e irreversible” de la reelección de Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los gobiernos de Lula, Petro y López Obrador siguen conversando con el órgano electoral para que atienda el reclamo general de que presente las actas de las mesas de votación así como también los datos de totalización desagregados por mesa como condición para reconocer tal resultado. Su cautela en no rechazar categóricamente el resultado oficial- ni tampoco de reconocerlo-, contrasta con el apoyo recibido casi inmediatamente de otros países de la región como Cuba, Bolivia, Nicaragua y Honduras (Observatorio de Reformas Políticas en América Latina).
Entre los liderazgos y países que no reconocieron los resultados y que, además, se pronunciaron enfáticamente en contra del gobierno, destacan las acusaciones de fraude de Javier Milei (Argentina) y de Nayib Bukele (El Salvador), así como también las acciones concretas adoptadas por Panamá –que suspendió sus relaciones con Venezuela– y Perú –que, además, fue el primer Estado de la región en convocar a consultas a su Embajador en Caracas y a reconocer a Edmundo Gonzales como electo–. Estos dos últimos países también han manifestado –conjuntamente con Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay– no reconocer los resultados hasta que se presenten las actas y los datos desagregados por mesa, obteniendo como respuesta del oficialismo venezolano la retirada de todo el personal diplomático de los siete países.
Mientras se profundiza el aislamiento internacional del madurismo, una serie de irregularidades continúan siendo denunciadas por la oposición, la ciudadanía y la comunidad internacional. Diversas organizaciones internacionales -como la Organización de Estados Americanos, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y el Parlamento del MERCOSUR-; de la sociedad civil -como el Centro Carter, la Red OIE o la Misión de Observación Electoral de Colombia (MOE)- y organizaciones partidistas como COPPPAL o la Internacional Socialista- se sumaron al reclamo de las pruebas que validan el resultado anunciado oficialmente el pasado domingo. Desde ayer en la tarde, tanto los que apoyan al régimen como sus opositores salieron a protestar y prometen hacerlo otra vez hoy y hasta que se resuelva la situación. El silencio del CNE continúa siendo preocupante con relación a la difusión de las actas oficiales y frente a las múltiples denuncias que incluyen inconformidades con la gobernanza electoral, la falta de transparencia de los sistemas de conteo de los votos y de la transmisión de resultados y las dificultades para ejercer los derechos humanos en el marco del proceso electoral.
En todo este escenario, Brasil, Colombia y México realizan discretamente enormes esfuerzos para dialogar con el oficialismo, las fuerzas de oposición y los actores involucrados en la Comisión de los Acuerdos de Barbados. Es posible que otros países también estén incidiendo en diálogos privados, pero el papel de estas tres naciones está siendo clave. Una prueba de esos esfuerzos se ha dado por las conversaciones mantenidas por el ex-canciller brasileño Celso Amorim con Maduro y con representantes de la Plataforma Unitaria. En esas reuniones, sostuvo su firme posición de no reconocer los resultados dados por el CNE hasta que no fueran validados por las actas. El papel de los tres países resulta clave por haber sido los que -en conjunto- han recibido más de 3,5 millones de venezolanos y venezolanas en los últimos 10 años (R4V). Justamente por ello, se les percibe como mediadores neutrales que deberán saber mantener su posición sin romper con sus compromisos con el fortalecimiento de la democracia en América Latina.
Miembro del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina