La Cuenta Pública es el máximo ejercicio de rendición de cuentas que tenemos en nuestro país, pues existe una relación intrínseca entre auditar, transparentar y rendir cuentas, misma que debe ser observada y fortalecida si queremos robustecer nuestro Estado de Derecho.
El pasado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó en la Cámara de Diputados, la tercera –y última– entrega de paquete de auditorías de la Cuenta Pública de 2021, en la cual fiscalizó el uso de los recursos federales de aquel año. A partir de ello, los medios de comunicación destacaron las irregularidades encontradas en algunos de los proyectos prioritarios de la actual administración federal como son la refinería Dos Bocas (observaciones por 384.6 mdp), el Tren Maya (mil 86 mdp) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (37.6 mdp).
Asimismo, la ASF señaló a Segalmex, dependencia encargada de la autosuficiencia alimentaria que debe aclarar más de 700 millones de pesos. En este sentido, hace apenas tres semanas expuse en el Pleno del INAI un recurso de revisión contra la Fiscalía General de la República, mediante el cual se instruyó a que la institución entregue información relacionada con 38 denuncias presentadas por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa. En este caso, la fiscalización es fundamental como parte de los mecanismos de combate y control de la corrupción y la opacidad.
Debemos recordar que el correcto desempeño de las instituciones de fiscalización es clave para cualquier democracia, donde el ejercicio de los recursos públicos es un asunto de máximo interés para la sociedad. Tengamos presente que, de acuerdo con Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción 2022, México se encuentra estancado por tercer año consecutivo (ocupa la posición 126 de 180 países evaluados). Al respecto, existe mucho trabajo por hacer para consolidar una cultura de la transparencia y rendición de cuentas.
Los informes de la Auditoría señalan que el 61.8% de los recursos por aclarar corresponde a los fondos que el gobierno federal entregó a estados y municipios. Es fundamental que se descentralice el combate a la opacidad y la corrupción; la lucha por erradicar las malas prácticas que permean en el sector público debe partir de un federalismo cooperativo, donde los niveles estatal y municipal de gobierno estén más involucrados en implementar mejores prácticas para, por un lado, planificar, documentar y dar seguimiento al presupuesto recibido y, por el otro, reforzar la vigilancia y la identificación de posibles irregularidades o desvíos.
Con la presentación de los informes no concluye aún el ciclo de fiscalización. Es preciso aclarar que las autoridades señaladas por la ASF cuentan con 30 días hábiles para solventar las observaciones del órgano fiscalizador, y posteriormente pueden iniciarse los procedimientos para fincar responsabilidades administrativas.
El llamado prioritario para mejorar el combate a la corrupción debe ser a vincular los Sistemas Nacionales de Transparencia, de Anticorrupción y de Fiscalización, sin dejar de lado que el resto de las autoridades involucradas deben activar los mecanismos correspondientes para cerrar la pinza, es decir, desde fomentar la cultura de la denuncia hasta implementar las sanciones debidas en tiempo y forma.
