Hace unas semanas, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), señaló que, por falta de nombramiento de comisionados de su Pleno, debía suspender una resolución, esto permitió recordar un gran pendiente que se tiene con los organismos autónomos: el nombramiento de perfiles que permitan a las instituciones desarrollar sus funciones con total plenitud.
Desde las instituciones autónomas hacemos un llamado respetuoso y reconocemos los esfuerzos y la voluntad del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para que estos pendientes sean resueltos a la brevedad posible, ya que como lo ha mencionado, la transparencia y rendición de cuentas tienen una importancia superior, porque en la medida que se profundice en cumplirla, los órganos del Estado estarán más subordinados a esta obligación y los ciudadanos tendrán la posibilidad de conocer con mayor certeza los actos de autoridad que se ejercen.
En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), somos un ejemplo de ello, pues actualmente faltan de nombrar dos comisionados. La COFECE cuenta con 4 de los 7 comisionados que requiere. En el caso del IFT, hacen falta nombrar 3 Comisionados; y uno en la Comisión Reguladora de Energía.
La omisión en las designaciones pone en riesgo que las instituciones cumplan sus objetivos. Por otra parte, para que los ciudadanos puedan hacer una evaluación respecto a la funcionalidad de cada uno de ellos al momento de emitir sus resoluciones, es de suma importancia que se encuentre integrado en su totalidad el pleno de cada uno de ellos.
En todas las democracias del mundo las libertades de pensamiento y expresión fundamentales, esto significa que como ciudadanos debemos tener tolerancia y respeto pleno a las diferencias de opiniones, además de que estas dos libertades coadyuvan en un control adicional al ejercicio del poder. Además, debe haber equilibrios de poder, y eso es uno de los papeles de las instituciones con autonomía, analizar desde otra perspectiva para coincidir o disentir, pero siempre buscando consensos a favor de la sociedad.
Recordemos, a partir de una serie de transformaciones que comenzaron en la década de 1990, la estructura del gobierno mexicano se vio modificada con la creación de los órganos constitucionales autónomos para tener un modelo de gobierno más flexible.
Este tipo de instituciones permiten un mejor equilibrio del poder e involucran de manera coordinada a la sociedad en un espacio de diálogo, con el objetivo de diseñar, fortalecer e implementar diversas políticas públicas. Estos órganos son autónomos con respecto a las demás instituciones del Estado Mexicano, con la finalidad de establecer regulaciones asociadas con sus funciones específicas fundamentales que fueron establecidas en la Constitución y las leyes secundarias.
Como sociedad, debemos hacer un llamado para que los encargados de estos procesos de designación analicen, dictaminen, determinen y concluyan a la brevedad posible el nombramiento de los integrantes de los diversos organismos autónomos que tienen lugares sin ocupar en sus juntas de gobierno, para continuar trabajando y atendiendo a cabalidad la responsabilidad para la cual fueron creados. Nuestra sociedad merece instituciones y servidores públicos que respondan totalmente al objetivo para el cual fueron creados y para ello requieren instituciones completas.
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