La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es la dependencia encargada de proteger a la población ante riesgos contra la salud provocados por agentes externos como la contaminación, enfermedades virales o situaciones laborales. Sin embargo, al tratarse de un asunto de interés público, en México la dependencia se ha convertido en una de las entidades públicas más resistentes a la transparencia, al ocultar y negar a la sociedad información pública.
Un ejemplo de la importancia de esta dependencia es la prohibición de la comercialización de los llamados “vapeadores” o cigarrillos electrónicos. En un análisis determinó que estos productos contienen por lo menos 33 sustancias nocivas para la salud, entre ellas un químico para matar insectos. Esta situación generó que la dependencia emitiera una alerta máxima sobre el uso de estos dispositivos.
La normatividad en materia de transparencia obliga a la COFEPRIS a publicar cada tres meses un catálogo de información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y responder solicitudes de información presentadas por los interesados, en un plazo no mayor a 20 días hábiles. En este sentido, en el año 2022, la dependencia se ha caracterizado por ser un sujeto obligado que no transparenta parte de su quehacer público.
El aumento de las inconformidades presentadas por usuarios de la Ley de Transparencia en contra de la COFEPRIS ha sido exponencial. En 2020 en la Ponencia a mi cargo resolvimos 47 recursos y en 2021 fueron 140. Ahora, en este 2022, han sido turnados a mi Ponencia mil 117 recursos de acceso a la información.
De acuerdo con la Secretaría Técnica del Pleno, distintos recursos han sido determinados como incumplidos para su posterior denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC), el área administrativa –la cual pertenece a la Secretaría de la Función Pública (SFP)– facultada para atender e imponer las sanciones correspondientes según la ley de responsabilidades.
En los últimos meses, uno de los argumentos de COFEPRIS para evitar entregar la información que solicitan los ciudadanos es el Decreto publicado por el Ejecutivo para “etiquetar” la información como un asunto de “seguridad nacional” y que ha sido empleado de manera indiscriminada para limitar el acceso a la información. De esta forma, contrapone abiertamente las resoluciones vinculatorias, definitivas e inatacables del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Como sociedad debemos comprender y tener presente que las instituciones públicas, así como cualquier servidor público, tienen por obligación el entregar la información de manera expedita, siguiendo los compromisos establecidos y bajo los ordenamientos que marca la ley.
Es preocupante que las instituciones caminen en bucles de opacidad para evitar dar respuesta a las solicitudes presentadas por la población. Desde el INAI, mantendremos el exhorto público para que ésta cumpla con lo establecido en las Leyes y abra al escrutinio público información que, además por sus características, es de interés público.
La semana pasada en el INAI acordamos enviar un oficio a la Secretaría de la Función Pública, para que conozca la situación de la COFEPRIS y de su Órgano Interno de Control. Buscamos que con su intervención se solucione esta recurrencia a favor del derecho a saber de la sociedad.