El 6 de junio México vivió el proceso electoral más grande de su historia, al renovar 20 mil 418 puestos de elección popular, apenas tres años después de la tercera alternancia en la historia del país. La contienda incluyó 15 gubernaturas, mil 925 presidencias municipales, 500 diputaciones federales y mil 63 diputaciones de 30 congresos locales, entre otros cargos.
Pronto, el país entero será testigo del arranque formal de 2 mil 357 procesos de entrega-recepción, los mecanismos de rendición de cuentas y de transferencia de bienes (muebles e inmuebles); recursos (materiales, financieros y humanos); archivos y resultados de gestión indispensables para garantizar la transición ordenada entre una administración y otra.
En este sentido, la información publicada por todas las instituciones y entidades de interés público en el país en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) puede ser de gran utilidad en los procesos de transición. El quehacer de los gobiernos, las autoridades y quienes están sujetos al cumplimiento de la Ley de Transparencia es público y está ordenado por trimestres en la PNT.
Si bien la información administrativa, producto de la transición, no figura en el catálogo de obligaciones, podría darse a conocer a la sociedad a través de mecanismos de transparencia proactiva para propiciar la participación de la ciudadanía en el escrutinio de lo público.
A nivel nacional, los procesos de entrega-recepción no están contemplados en el plan estratégico del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en 2016, para enfrentar una de las demandas más añejas de la sociedad mexicana. Para la última entrega-recepción federal, en 2018, la Secretaría de la Función Pública emitió los lineamientos y acuerdos para que se realizara un proceso ordenado.
La facultad para normar los procesos recae en las Secretarías de la Función Pública y en las Contralorías. Los órganos internos de control forman parte de los Comités Coordinadores de los Sistemas Estatales Anticorrupción, espejos del SNA, la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre sus integrantes y de definir la política rectora en la materia. El diseño de políticas públicas de combate a la corrupción es sólo una de sus responsabilidades.
El inminente cambio de administración en casi la mitad del país es uno de los mayores retos que ha enfrentado, hasta ahora, el SNA, porque, a pesar de que la Ley General del SNA establece las bases de coordinación para su funcionamiento, no rige los procesos de transición que, en no pocas ocasiones, son proclives al despilfarro, a las basificaciones de personal a última hora, o a la entrega de patentes a notarios, por poner algunos ejemplos.
En el caso de Zacatecas, mi tierra, la 62 Legislatura aprobó la Ley de EntregaRecepción que contempla la participación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en el cual las instituciones de fiscalización estatales participan con la aprobación y expedición de los manuales técnicos y formatos homologados para la implementación de los procesos de entrega-recepción institucional e individual.
Se trata de una práctica sin precedentes en la entidad que debería ser considerada como un ejemplo a seguir para el resto de los estados que están a punto de renovar sus administraciones, con el fin de transitar a procesos más homogéneos y transparentes, donde la sociedad y autoridades ganan en confianza.
