El compromiso del gobierno actual es generar políticas económicas que favorezcan a los que menos tienen. En el primer año se buscó limitar los intereses del gran capital (reduciendo concesiones y exenciones de impuestos) y se incrementó la transferencia de ingresos a los que menos tienen, acompañados de tres proyectos de infraestructura. En el segundo año estalló la pandemia sanitaria que confinó a la población, afectó a la demanda y creó cuellos de botella a la producción. La política económica para enfrentar la pandemia fue garantizar suficientes medios de pago a bajos costos para evitar quiebras generalizadas, mantener la política de gasto social, y continuar con los proyectos de infraestructura, negándose el gobierno a desplegar los típicos rescates al gran capital, vía créditos y no pago de impuestos. La tasa de crecimiento del producto cayó en 8%. En el tercer año mejoraron las condiciones económicas pese a que no se logró la apertura total de la economía por las sucesivas olas de contagios. La demanda externa se reactivó, manteniéndose deprimido el gasto interno. Ello generó un crecimiento de la actividad económica (5%), sin recuperar plenamente la caída del año anterior, acompañado de un proceso inflacionario respecto a 2021, que afectó especialmente a los componentes de la inflación subyacente (energéticos, productos alimentarios y tarifas autorizadas por el gobierno).
Al inicio del 2022 los detractores del gobierno encendieron las alarmas, declarando que la economía mexicana se encuentra en un proceso de estanflación. Efectivamente, la actividad económica de los dos últimos trimestres se estancó y la inflación se mantuvo al alza, pero las condiciones de este fenómeno difieren del ocurrido en la década perdida de 1980, ahora explicado por las variantes Delta y Ómicron del virus SARS-CoV-2. Al comparar el tercer trimestre de 2019 respecto al mismo en 2021 (última medición disponible) el consumo privado y la inversión fija aún no se recuperan plenamente (95 y 90.1% respectivamente), restableciéndose plenamente la inversión pública, las exportaciones y las importaciones. Por su parte, el PIB de 2021 con respecto al de 2019 sólo representó el 96%, siendo los sectores secundarios y terciarios los más afectados (96%), reduciéndose particularmente la construcción (88%), servicios de esparcimiento y alojamiento temporal y preparación de alimentos (74%). Por el lado de la inflación también es significativo que los precios que más subieron provienen de los bienes subyacentes y los servicios. A partir de lo anterior, podemos señalar que el estancamiento y la inflación aún son causa de la pandemia, aunque ahora habría que agregar el conflicto bélico europeo.
¿Qué hacer? La autonomía energética (electricidad, gas y petróleo) es esencial; el tren maya y el nuevo aeropuerto apoyarán la actividad turística cuando se controle la pandemia y es necesario revitalizar la construcción, aquella que favorezca a las clases populares y no a los grandes consorcios. Se debe añadir la autonomía alimentaria y sanitaria, acompañadas con un gran esfuerzo en el apoyo a la pequeña y mediana industria en un contexto de política industrial que se incluya en los sectores más dinámicos, para revertir la caída de los ingresos de los trabajadores, resultado de la precarización y pauperización de la fuerza laboral proveniente de las políticas de los gobiernos neoliberales.
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