Existe una gran tensión entre una política económica guiada por la política fiscal, con el respectivo financiamiento público que garantice el pleno empleo y la satisfacción de las garantías básicas de bienestar de la población, en contraposición a una intervención pública que garantice el libre movimiento del capital y del trabajo y, por esa vía, alcanzar el máximo crecimiento económico sin inflación, con intervención gubernamental reducida, y organismos independientes que vigilen que la política pública no se desvíe de su objetivo regulador.
Alrededor de los 90s se impone la visión de reducir al mínimo el papel del Estado, con un banco central autónomo. Este modelo económico fue fallido porque generó una gran concentración de riqueza y obstaculizó el crecimiento económico. En 2008 estalló una gran crisis, que modificó la política económica. Los bancos centrales asumieron la función de garantizar créditos a bajos precios, sin lograr dinamizar la actividad productiva. El exceso de liquidez se dirigió al sector financiero.
La crisis del 2020 mundializó la crisis capitalista del 2008, y provocó que las clases dominantes modificaran sus posturas, emprendiendo una cruzada para incrementar el gasto público. En abril del 2020, las clases empresariales demandaron desplegar un déficit fiscal (alrededor de 5% del producto) para salvar a la gran empresa, asegurar el empleo y apoyar indirectamente a las empresas pequeñas y medianas.
El gobierno de la 4T se opuso y, vía una redistribución del gasto público, canalizó recursos al sector salud, incluidas las vacunas, y apoyó a los pobres del campo, con pocos recursos al sector urbano, con el argumento que rescatar al sector empresarial (al igual que en la crisis de 1994) hubiera sido fallido, y se traspasaría el costo de la crisis a los grupos más vulnerables.
¿Qué hacer? Primero, si la crisis sanitaria se alarga es fundamental apoyar a los sectores urbanos pobres y canalizar créditos blandos a las Mipymes. Segundo, en la fase de recuperación es imperioso aumentar el gasto público para impulsar proyectos nacionales y mantener el dinamismo del empleo en los estados más pobres, garantizar autonomía energética, alimentaria y sanitaria (evitar la dependencia de vacunas). En cada estado de la República se debe desarrollar, al menos, un proyecto de inversión de gran envergadura que impulse a Pymes; y mantener la promoción de exportaciones en el marco del T-MEC. Asimismo, garantizar créditos baratos y blandos a los sectores más golpeados por la pandemia para que reinicien la actividad económica sin incrementar precios.
El financiamiento del gasto público se debe hacer a partir de una mezcla de mayor deuda interna y una reforma tributaria, para que los más ricos paguen la crisis (aumentar el impuesto de la renta del decil más elevado) para limitar la deuda, especialmente externa, penalizada por el capital internacional.
Finalmente, el crecimiento económico no puede quedar a merced de los intereses del mercado. El gobierno debe asumir una clara rectoría en sectores económicos estratégicos, erradicando las políticas de pauperización y precarización de la fuerza de trabajo, prohibiendo el outsourcing y manteniendo el aumento a los salarios mínimos. El banco central debe recuperar su función dual de garantizar estabilidad de precios y el crecimiento económico, y debe impulsar la actividad privada, especialmente de las Pymes.
Profesora de la Facultad de Economía, UNAM-CACEPS
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