La concepción de cambio en este sexenio bautizada como Cuarta Transformación ha tenido sin duda decisiones acertadas surgidas de legítimos e históricos reclamos y también graves errores producto de prisas, inexperiencia, ineficiencia y una suerte de confusión sobre la naturaleza de las instituciones.
Nadie puede negar los dos grandes aportes, más allá de cualquier pretendida motivación, que son las reformas fiscal y laboral al cancelar, por un lado, la condonación de impuestos a grandes empresas y corporativos nacionales con un sustantivo aumento en la recaudación, y por el otro, al introducir una garantía real de democracia sindical que es el voto directo y secreto para la renovación de las dirigencias gremiales.
Sin embargo, entre los fallos está la idea que esta administración tiene de bienestar, una bandera que no ha tenido resultados concretos, pues el eje de un Estado del Bienestar es la redistribución de la riqueza a través de la aplicación de los impuestos en tres ejes fundamentales como son la salud, educación y seguridad, tres áreas en las que se vive un franco deterioro desde hace sexenios y que la 4T no ha podido mejorar, al contrario ha empeorado.
Para los ideólogos de la 4T el bienestar se finca en programas asistenciales a fondo perdido dirigidos a clientelas políticas de jóvenes, ancianos o mujeres que no agregan valor como serían el crecimiento económico o la movilidad y desarrollo social, y por el contrario generan dependencia y estancamiento.
Pero no solo eso, por prisa o desconocimiento en este gobierno se ha usado el método de “córtale y después averiguas” desapareciendo programas o instituciones funcionales (donde ciertamente se llegaron a dar errores o hasta casos de corrupción) pero perfectibles, como el Seguro Popular y las estancias infantiles, lo que provocó una baja en la cobertura de salud pública y la imposibilidad de verificar que el cuidado de los niños de madres trabajadoras esté garantizado.
En este contexto recién se supo que AMLO enviará una iniciativa al Congreso para que 16 organismos descentralizados o desconcentrados pasen a distintas secretarías perdiendo así su autonomía técnica y de gestión, lo que en algunos casos representan francas regresiones.
Uno de ellos es la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), dejando ese sistema bajo el control absoluto del Ejecutivo lo que abre una brecha gigantesca para la manipulación de las acciones e información sobre la corrupción dentro del aparato gubernamental.
Para dejar claro el daño vale la pena decir que es gracias al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de S eguridad Pública que los mexicanos podemos saber el estado real de la inseguridad generada por el crimen en el país, sin esta institución estaríamos a ciegas. Lo mismo sobre la situación de la niñez al mandar DIF Nacional a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Otra distorsión es subordinar el espíritu de La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es dar protección a los extranjeros que llegan a nuestro país huyendo de la persecución política o la violencia en sus lugares de origen, al mando del Instituto Nacional de Migración que tiene funciones que no son necesariamente humanitarias.
Es el mismo caso con el Consejo Nacional para Combatir la Discriminación al pasar a la Secretaría de Gobernación . Lo que no se entiende a cabalidad es mandar al Consejo Nacional de Población al Inegi cuando más bien debería quedar en la esfera de la Segob.
El resto de los cambios que hacen sentido -salvo mejor opinión- tanto en lo administrativo como en lo político electoral, como es el caso de mandar al Inapam y la comisión para personas con discapacidad a la Secretaría del Bienestar, al concentrar en una sola entidad toda la dispersión de los apoyos sociales. Así las cosas en la víspera de las elecciones estatales y la presidencial de 2024.
