El fallo del ministro de la Suprema Corte Juan Luis González Alcántara que impone a los concesionarios y periodistas de radio y televisión diferenciar en sus noticieros entre información y opinión es sin duda un ataque más de la recurrente ofensiva de este régimen contra la libertad de expresión.
Vale la pena aclarar que los ataques a medios y periodistas no han sido exclusivos de esta administración, valgan solo como ejemplos el golpe de Luis Echeverría al Excélsior de Julio Scherer, las presiones que desde la secretaría de Gobernación de Miguel Osorio Chong en el sexenio de Enrique Peña Nieto o las amenazas e intimidación cotidianas desde los gobiernos estatales.
Lo que sí es que nunca ha sido tan abierta, directa y cotidiana la política de agresión y descalificación a medios y periodistas desde la misma Presidencia de la República, tanto a manos de Andrés Manuel López Obrador como de su fallida vocera alterna Elizabeth García Vilchis, responsable de la sección Quién es quién en las mentiras de La Mañanera.
Este fallo se inscribe en esa corriente y no parece coincidencia que el responsable sea precisamente un ministro de la Corte propuesto por López Obrador.
Uno de los problemas que presenta es cuál será la entidad encargada de la aplicación de este fallo de la SCJN que usa el pretexto de defender a las audiencias prejuzgando al establecer de que los televidentes y radioescuchas no están capacitados para discernir y diferenciar entre información y opinión.
A eso se suma la ausencia de criterios claros para hacer esta diferenciación y el atentado a la libertad que presupone el hecho de que el ministro González Alcántara ponga en la esfera del control del gobierno el ejercicio de una libertad fundamental como es la de expresión.
Pareciera que se pretende amedrentar a los concesionarios de radio y televisión y amordazar a los periodistas críticos al régimen .
Viéndolo con laxitud, un fallo tan vago podría tener como respuesta simplemente que los periodistas ocupemos frases “vamos a las noticias” o “en mi opinión” y a lo que siga.
Pero el problema es que vivimos una época en la que los ataques a las libertades democráticas son una constante de los gobiernos de la Cuarta Transformación .
Es más, ¿al hacer esta denuncia los periodistas estamos en el terreno de la opinión o de la información? Se puede decir que en ambos. Pero no solo eso, el propio fallo de la Corte está precisamente en los dos terrenos: la sentencia es un hecho y su contenido es una opinión absolutamente debatible.
Esta intromisión en la libertad de medios y periodistas es inédita y una norma así no se impone en ningún país democrático. Simplemente es una regresión que debe ser enfrentada y desterrada pues va a en contra de los avances logrados tras décadas en las que medios y periodistas se han esforzado por sacudirse el control del Estado .
