Faltan dos años para las elecciones de gobernador en Coahuila y ya comenzaron los trancazos y la guerra sucia. Las piezas de la sucesión de 2023 ya se mueven y los golpes están a la orden del día, como lo muestra una campaña enfilada contra el alcalde del ayuntamiento de Allende, Antero Alvarado Saldívar, quien termina su gestión el 1 de diciembre.
Resulta que Alvarado Saldívar es considerado una ficha fuerte en la construcción del proceso rumbo a la gubernatura porque encabezó una administración apartidista a la que se le reconoce que -en una tierra inhóspita, alejada y marcada por la violencia- se caracterizó por la construcción de consensos entre las distintas fuerzas políticas y el combate al crimen para garantizar la gobernabilidad de esa localidad.
Antero Alvarado también se destacó como diputado local y es precisamente por ese perfil por lo que es considerado como un relevante operador político a nivel estatal y como un aliado estratégico para cualquier fuerza política que lo logre fichar en una coyuntura marcada por alianzas, coaliciones y recacomodos.
El municipio de Allende es el lugar donde hace 10 años el grupo de Los Zetas por una venganza destruyó 32 casas y desapareció a 26 personas aunque hay versiones de que podrían haber sida 300. Es esta tragedia la base de los ataques contra Alvarado Saldívar, pues con motivo del Halloween la empresa Equipo Paranormal (un grupo de bloguereros de los cercanos municipios de Piedras Negras y Nava) realizó un macabro tour por la zona donde ocurrió la masacre, recorrido ilegal según los detractores del alcalde fue autorizado por el ayuntamiento.
Al respecto, el alcalde Alvarado desmintió públicamente que ese tour macabro haya sido aprobado o promovido por su gobierno, al contrario consideró el hecho como una invasión de un grupo de personas a la zona de los ataques que “trastoca la tranquilidad y la sensibilidad de la sociedad de Allende que aún está dolida por la masacre de 2011”.
Es más, afirmó que su gobierno se centró en dar estabilidad y seguridad al municipio y así cambiar su imagen “para no ser recordados por esa dolorosa tragedia de hace diez años y avanzar para fomentar y destacar todo lo bueno que hacen los habitantes de Allende”. Hay que poner lupa desde ya a Coahuila, porque parece que se pondrá interesante.
VUELTA POLICIACA
El fallido desalojo del predio de Turín 46 en la colonia Juárez puso el foco una presunta red de corrupción que podría llegar hasta altos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como el subsecretario de Operación Policial, Israel Benitez (con indicativo Jefe Máximo), y Rogelio Ramón Hipólito, coordinador general de la Policía Metropolitana (con indicativo Ocelótl).
Jueces del Poder Judicial de la CDMX denuncian que la SSC los deja indefensos al rechazar sus peticiones de apoyo a la ejecución de sentencias y propietarios de predios invadidos y litigantes revelan que ante este abandono deben pagar entre mil y dos mil pesos por elemento a mandos del antiguo Cuerpo de Granaderos para que apoyen sus diligencias.
Esto se expuso el 15 de octubre pasado con la agresión al actuario Rodolfo Galeana y los dueños de Turín 46, golpeados y arrestados por elementos de la SSC que devolvieron el inmueble a los autores del despojo a cambio del pago de entre 2 mil y 3 mil pesos mensuales por protección a los mandos identificados como Jefe Ángel y Jefe Centro, según revelaron los propios invasores. Situación que tiene en estado de alarma a los jueces y en pie de guerra a los actuarios del Tribunal Superior de la CDMX.
A lo que se suma la ilegal intervención de la Fiscalía del sector Cuauhtémoc quien pide a la juez del caso informe fecha y lugar de la próxima diligencia de desalojo para proteger a los ocupantes ilegales porque estos se dicen indígenas; luego de que la alcaldesa Sandra Cuevas ofreciera reubicar a los invasores de Turín 46, pero hasta ahora no ha cumplido su promesa. ¿Hasta cuando Claudia Sheinbaum y su gobierno mostrarán un real combate a la corrupción y respeto a la ley?
