Remigio Tovar Tovar, mejor conocido por todos en su tierra como “René”, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, Veracruz, ganó de calle la elección. Así lo constatan 5 mil 468 boletas electorales que el 6 de junio fueron cruzadas sobre su nombre. Representan el 49.03 por ciento de los sufragios contabilizados en mil 627 actas de casilla.

Sin embargo, René no recibió la constancia de parte del Organismo Público Local Electoral veracruzano, que lo acreditaba como el candidato triunfador en los pasados comicios. No pudo acudir a recibirla. Fue asesinado de ocho tiros, por un grupo de civiles armados, el viernes previo a la elección, cuando llegaba a su domicilio.

Los atacantes escaparon del lugar, sin que hasta el momento la autoridad estatal tenga noticias sobre algún detenido.

De acuerdo con las notas periodísticas, el candidato lesionado fue subido, con ayuda de miembros de su equipo de campaña, a la parte trasera de una camioneta Ford, de color negra, para trasladarlo a un hospital de Poza Rica. Tovar Tovar murió en el trayecto.

Ante la cercanía de los comicios –que se llevaron a cabo unas horas después— el organismo electoral del estado se vio imposibilitado para hacer la sustitución del candidato fallecido, por lo que Remigio Tovar Tovar tuvo que contender y arrasó en la elección. A la fecha no está claro a qué persona se atribuirá oficialmente el triunfo y, por tanto, la presidencia municipal de Cazones.

Este muy lamentable y singular caso trata sobre la pérdida de un personaje de enorme arraigo y respeto en su comunidad y de uno de los 35 candidatos y candidatas muertas durante el proceso electoral iniciado el 7 de septiembre pasado. Del total, 21 eran mujeres, es decir, casi las dos terceras partes.

Es en este contexto de barbarie y la sinrazón que no dejan de llamar la atención los diagnósticos festivos sobre una elección que ciertamente tuvo como momento cumbre una jornada, pacífica y con alta participación, pero que de origen se vio violentada y manchada de sangre.

En las semanas previas a la jornada electoral, Rosa Icela Rodríguez, la secretaria responsable de la seguridad en el país (una tarea colosal), reveló que el gobierno federal daba seguimiento entonces a 398 casos de candidatas y candidatos participantes en la contienda, de los cuales 187 habían recibido amenazas, 101 sufrieron algún tipo de agresión y 11 fueron secuestrados. Se brindó atención a cuando menos 148 aspirantes, según informó.

Aun así, la violencia se manifestó en diversos estados y regiones del país. Fueron cerca de 90 políticos asesinados. Lo mismo en Cajeme, Sonora, que en Moroleón o Juventino Rosas, Guanajuato; en San Luis Potosí o en Cosoleacaque, también en Veracruz, entre muchos otros sitios.

La violencia política en México no es nueva, pero de ninguna manera por ello debe ser tomada como parte consustancial e inevitable de los procesos electorales. Es claro que la delincuencia organizada, en sus diferentes formas, ha participado de manera activa en la política. Ha impuesto y vetado candidatos. Sin duda ha cobrado vidas. Ha garantizado a balazos la permanencia de los suyos, lo mismo en ayuntamientos, que en congresos locales o en cuerpos policiacos. Desde hace años controla territorios.

Pero la gravedad de la situación requiere de un diagnóstico amplio y exhaustivo que permita ubicar las razones y los alcances de cada uno de los crímenes relacionados con el proceso electoral. No podemos conformarnos con la endeble idea de atribuir todo a la delincuencia organizada, como si fuera un ente monolítico. Los atentados, las traiciones y los asesinatos políticos existen en México desde mucho tiempo antes y han acompañado el devenir de nuestra trágica historia nacional.

El avance político del crimen es más que un riesgo latente. Es ya una realidad. Ignorar o minimizar su gravedad es profundizar el hartazgo social ante el crimen. Es normalizar las ejecuciones, algo inadmisible en un régimen democrático y justo como al que decimos aspirar.

Aunque no hay demasiado espacio para el optimismo, me quedo con la idea de que, pese a todo, el 6 de junio fue un día importante para nuestra democracia. “René” triunfó en las urnas, aún ausente. Y el hecho representa, al menos, el abierto repudio de una comunidad a los violentos.

Académico de la UNAM

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