Ayer, en Washington, los jefes de los partidos que conformaron la coalición opositora “Va por México” en los comicios de hace dos meses, presentaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el reporte El crimen organizado en el proceso electoral 2021, en donde documentan la injerencia de grupos armados del crimen organizado durante el proceso electoral efectuado en México, el 6 de junio pasado.
Tal decisión del grupo opositor de ventilar formalmente en el exterior, ante un organismo multilateral, hechos incontrovertibles, de extrema gravedad, que han afectado de tiempo atrás el desarrollo y resultados electorales en diferentes regiones del país, no deja de llamar la atención pues va exactamente en sentido opuesto al mutismo que esos mismos dirigentes políticos, gobiernos y autoridades electorales asumieron siempre.
Días antes de la jornada electoral, en estas mismas páginas, bajo el encabezado de “Violencia política”, alertamos sobre los riesgos que la indolencia adoptada en el país implicaban no solo para la elección, sino para la seguridad de candidatos, políticos y ciudadanos e incluso para la construcción de futuro de un verdadero régimen democrático en el país. Para ese momento, se contaban por decenas los ejecutados durante el proceso electoral y la sombra del crimen organizado era ya, como ha ocurrido desde hace muchas elecciones, el elefante en la estancia. Todos la percibieron. A todos atemorizó, incomodó y estorbó. Pero todos optaron por evadirla.
El reporte de 57 páginas presentado a la OEA desvela que durante el pasado proceso electoral “grupos armados secuestraron e inmovilizaron a equipos completos de campaña, se apoderaron de casillas y obligaron a ciudadanos a emitir su voto públicamente y por consigna. Las amenazas se hicieron extensivas a la poselección mediante una impuesta ley del silencio sobre todo lo que había ocurrido… el crimen organizado –se remacha en el Informe-- apoyó, impuso, reprobó y asesinó a aspirantes en la mayor parte de los estados de México”.
Dicho texto, se asegura, fue elaborado con los testimonios que la coalición pudo constatar de cientos de militantes, de consultar más de mil 200 versiones periodísticas y de recoger denuncias de hechos realizadas en redes sociales, así como entre ciudadanos, políticos y autoridades.
Ciertamente la violencia política no es nueva en México . Se exacerba en tiempos electorales. Y el disimulo ha sido tradición en todos los gobiernos, de todos los colores. Pero acabar de una buena vez con el silencio de los actores políticos involucrados en las elecciones pudiera ser, en principio, una señal positiva que habrá que seguir de cerca para que no se diluya. Se trata de evolucionar hacia mecanismos y herramientas que brinden mayor seguridad a los candidatos y más certeza a la ciudadanía y a nuestra pálida democracia.
Respecto a la OEA, me parece que no genera grandes expectativas, pues ha quedado a deber una y otra vez en diferentes asuntos y situaciones internacionales; sin embargo, será interesante ver el tratamiento que Luis Almagro y la organización que encabeza darán a la denuncia, sobre todo tras su reciente enfrentamiento con el canciller Marcelo Ebrard.
Adicionalmente, habría que recordar que ese organismo participó como una de las instancias internacionales de observación electoral en los comicios del 6 de junio, aquí en nuestro país, y de alguna manera convalidó en los hechos la legitimidad y legalidad del proceso.
Los mexicanos nos encontramos metidos, bastante maltrechos por cierto, en un momento de enorme polarización politica y venimos saliendo de una de las elecciones más sangrientas de la historia, solo comparables con las presidenciales de 2018. Mostrar ahora lo que siempre se ocultó. Cambiar radicalmente el discurso, no por mera estrategia, sino por una auténrtica convicción, puede significar un primer paso en el clima de los comicios por venir. Esperemos que en algo se avance. Ojalá que la denuncia no sea un mero ardid político. No cabe más mutismo ante el México violento.