En octubre de este año, celebraremos setenta años desde que las mujeres mexicanas conquistaron el derecho de participar en la vida pública del país. Hace apenas unas décadas, no se nos consideraba ciudadanas adultas con la capacidad de tomar decisiones sobre nuestros destinos personales o sobre el rumbo de la sociedad.
Ese logro trajo consigo la posibilidad real de luchar por nuestros derechos. Nunca más nada sin nosotras y por eso hoy celebramos el Día de Acción Global por la Interrupción Legal y Segura del Embarazo que nos permite recordar con orgullo los avances en la defensa por los derechos reproductivos de las mujeres mexicanas.
Hoy, alzamos la voz para reconocer los resultados tangibles de años de compromiso y valentía para y por eso este día sea un recordatorio de que juntas podemos alcanzar un cambio real y transformador en nuestra sociedad, donde todas las mujeres tengan acceso a la atención de salud que merecen y el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. El avance es tan real que 6 de septiembre pasado la incidencia de las mujeres se manifestó con toda su fuerza desde uno de los poderes del Estado mexicano. La despenalización del aborto a nivel federal es resultado de nuestro avance como protagonistas en las cámaras legislativas, en posiciones de gobierno e impartición de justicia, así como en la sociedad civil; espacios de poder y toma de decisión desde los que influimos y aportamos a la construcción de un país más igualitario.
Esto ha sido posible gracias a que caminamos juntas y organizadas. Hemos librado resistencias y obstáculos que han provenido incluso de instancias que deberían representarnos y protegernos. Pero en la adversidad nos hemos hecho más fuertes. En 2017 la extinta Procuraduría General de la República impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diversas disposiciones del Código Penal de Coahuila, debido a que imponía castigos que atentaban contra la autonomía reproductiva de las mujeres coahuilenses y personas con capacidad gestante. Así inició la ruta para despenalizar el aborto por la vía judicial.
A partir de que en 2021 el máximo tribunal del país ordenó descriminalizar el aborto en aquella entidad federativa, una colectiva de organizaciones de la sociedad civil (GIRE, Cultivando AC, Morras help Morras, TERFU AC y CECADEC) iniciaron una estrategia jurídica para ampliar los efectos de esta sentencia hacia Puebla, Chihuahua, Chiapas, Morelos, San Luis Potosí y Aguascalientes; en este último estado, la despenalización se logró el pasado 30 de agosto.
La estrategia jurídica que esta colectiva emprendió, consistió en presentar amparos ante la SCJN para eliminar el delito de aborto -autoprocurado y consentido- en los códigos penales del país donde no haya sido despenalizado por los congresos locales. Gracias a que en esta ruta se incluyó al Congreso de la Unión, el 6 de septiembre la SCJN declaró inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, por “vulnerar los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación y a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad gestante”.
Esto es importante, porque a pesar de los avances alcanzados desde 2007 en la Ciudad de México con el reconocimiento del derecho a abortar dentro de las primeras 12 semanas de gestación, entre 2015 y 2021, a nivel nacional 3 mil 719 mujeres y personas gestantes fueron acusadas penalmente por abortar . Ahora bien, ¿qué significa la despenalización del aborto a nivel federal?
Primero que nada, se obliga a las instituciones de salud del orden federal a brindar los servicios de aborto seguro a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten; un desafío conjunto para la administración pública y el legislativo, ya que deberán asegurar la suficiencia presupuestal, la infraestructura y la capacidad humana que esto implica. Respecto a este último punto, una buena noticia es que ahora el personal de salud, incluidas las comadronas y parteras, no enfrentarán responsabilidades administrativas ni penales, lo cual contribuirá a una mayor disponibilidad de profesionales capacitados y dispuestos a practicar abortos.
Además, las Guías de Aborto Seguro de la Secretaría de Salud de México (SS) son un valioso recurso que pone de relieve el compromiso de nuestro sistema de salud con la atención integral y segura de las mujeres. Es alentador saber que estos protocolos garantizan servicios de calidad y accesibles para todas las mujeres, y se tendrán que aplicar en todos los servicios públicos y privados, como lo hace la Secretaría de Salud.
Esto representa un avance ya que se amplían así las opciones disponibles para las mujeres que buscan atención médica segura durante un proceso de interrupción del embarazo.
Lamentablemente, aún no alcanza para garantizar que las mujeres y personas gestantes que lo requieran puedan abortar en cualquier parte del país y en todas las instancias de salud. Para esto, necesitamos continuar luchando hasta que el aborto deje de ser un delito en los estados que faltan por despenalizarlo; insistiendo para que la legislación y el presupuesto -local y federal- garantice que el aborto, además de legal, sea seguro y gratuito. Se debe aprovechar que esta es una prioridad para este gobierno de la Cuarta Transformación de nuestra vida pública.
Por ahora, gracias a la lucha e insistencia de las mujeres organizadas, la SCJN ha reconocido que, si bien el producto de la gestación merece una protección, no se pueden desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva.
Este es el mejor homenaje que podemos ofrecer incluso a mujeres que han impulsado otras luchas, a las sufragistas, por las que hoy podemos participar en paridad en las decisiones que afectan a nuestra nación e impulsar cambios para reconocer todos sus derechos hasta derribar los roles y estereotipos de género que limitan la libertad sexual a la procreación y que la maternidad es un destino obligatorio para las mujeres y personas con capacidad gestante.