El pasado 5 de agosto, el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma al artículo 20 BIS de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños local, prohibiendo la distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad, de alimentos y bebidas con alto contenido calórico, así como la colocación de máquinas expendedoras en escuelas de educación básica y media superior. La modificación fue impulsada por la bancada de MORENA y da la impresión de ser un distractor de los temas verdaderamente importantes: los efectos económicos y sociales del Covid-19. Esta decisión significa la pérdida de empleos, la disminución de un 50% de los ingresos de los comercios al menudeo locales e impacta la cadena de valor agroalimentaria, lo que finalmente será lesivo para los trabajadores del campo.
La iniciativa de MORENA replica el discurso de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud: pretende culpar a la mala alimentación, y la consecuente obesidad, de todas las morbilidades que aquejan a la población. La realidad es un tema multifactorial.
Si bien la idea de estimular a la población para buscar una mejor nutrición y elegir alimentos de mayor calidad alimenticia para preservar la salud y evitar enfermedades crónicas es un objetivo racional de las políticas públicas, el enfoque prohibicionista no es, según la evidencia histórica, la mejor manera de enfrentar un problema de salud pública.
¿Con la prohibición disminuirá la demanda y consumo de esos productos? No lo creo.
Recuérdese el caso paradigmático: los efectos de la prohibición de la producción y venta del alcohol en Estados Unidos. El Congreso norteamericano aprobó en 1920 la enmienda constitucional XVIII, la llamada “Ley Seca”, que pretendía acabar con el alcoholismo, pero permitía el consumo y la posesión de bebidas alcohólicas. Ello produjo un mercado negro, que propició el surgimiento de las mafias que controlaban las rutas y territorios de distribución, lo que a su vez condujo a la corrupción de las policías y a una violencia inusitada, que no cedió hasta que fue abolida la enmienda en 1933. Todo este terrible episodio fue provocado por la presión de grupos como el Movimiento de la Templanza, que intentando hacer un bien al combatir los horrores de la violencia intrafamiliar y de la delincuencia generados por el alcoholismo, provocaron el surgimiento de una industria clandestina asociada al crimen organizado y, pese a que durante veinte años disminuyó el consumo del alcohol, la demanda nunca dejó de existir.
Resulta extraño que los legisladores oaxaqueños no hayan abrevado de este ejemplo. No es probable que surja una violencia desatada por la falta de botanas, refrescos y pastelillos, no son bienes inelásticos, es decir pueden ser sustituidos, pero no se logrará resolver el problema de la demanda y probablemente nacerá un mercado informal de alimentos altamente calóricos. Además, ¿por qué no se prohibió la venta de alimentos altamente calóricos no empaquetados, léase garnachas en general cuya elaboración es objetivamente menos higiénica que la de los productos industrializados? Si realmente querían los legisladores evitar el consumo de alimentos que engordan, pues debieron prohibirlos todos. Como quedó la reforma, da la impresión de que el objetivo final era quedar bien con el Gobierno federal, sin importar la industria, la tiendita y la papelería de la esquina. Y eso se llama autoritarismo.
Los legisladores no contemplaron los efectos colaterales de esta norma, las dificultades para su implementación y el rechazo que provoca por su talante prohibicionista y poco propositivo. Además, la reforma “antichatarra”, como se le ha llamado es una medida cuestionable por varias razones.
La primera es que, desde el punto de vista de la gestión gubernamental, hay límites en la imposición de medidas en el ámbito de lo privado. En este caso, invocar el superior interés de los menores vulnera el derecho de los padres para definir lo que sus hijos comen, o si pueden dejarlos ir solos o no a la tienda. También es absurdo pedirle al dueño o al empleado de la tienda de la esquina que pida la credencial del INE para vender o no productos altamente calóricos, so pena de sanción administrativa. La Asociación Nacional del Pequeño Comercio y las cámaras empresariales en Oaxaca ya se está manifestando en las calles en contra de la reforma, exigiendo al gobernador que no la ponga en vigor.
Un segundo aspecto es el jurídico. En opinión de varios constitucionalistas, la reforma aprobada tiene graves defectos de redacción y praxis legislativa, que redundarán en una miríada de controversias y amparos en contra de la autoridad que ejecutará la norma y las sanciones no se contemplan en el Código Civil local.
Asociado a lo anterior, queda el tema de la implementación. ¿Cómo es que las autoridades de Oaxaca van a poder monitorear que los niños y adolescentes no consuman productos chatarra en sus casas y en la calle? Se antoja un esfuerzo prácticamente imposible en un estado donde el matrimonio infantil forzado es una práctica común: casi el 40% de las mujeres se casa antes de los 18 años, la edad legal mínima para contraer nupcias, y las autoridades no hacen nada.
Los legisladores parecen no haber comprendido que la desnutrición infantil y la obesidad no tienen que ver con el consumo de productos empaquetados, sino con la calidad y la cantidad de los alimentos a los que tienen acceso. Eso dice la Organización Mundial de la Salud y con razón.
La solución está en la educación continua de padres e hijos para fomentar el consumo de alimentos de alta calidad y que estos estén a la disposición y en el precio adecuado. Y ello requiere de políticas públicas nacionales y estatales que garanticen el abasto, respetando las cadenas de valor agroalimentarias y los derechos de todos los involucrados. Un congreso local no puede ir en contra de las libertades de los ciudadanos y tampoco puede imponer cómo, cuándo y qué ingiere la población. Eso es propio de un Estado omnipresente y dictatorial y hasta la fecha, la democracia representativa es el modo de gobierno. Pero la representación legislativa significa llevar al pleno las demandas sociales, no la agenda política propia. Y en este caso, no había una demanda concreta para prohibir el consumo de alimentos chatarra. No siempre lo que desde el poder se cree que es benéfico resulta serlo. Las prohibiciones alimenticias no sirven.
Politóloga, maestra en Historia y doctoranda en Historia por la Universidad Iberoamericana
