Desde su fundación, siempre se ha dado un valor especial al Centro de la ciudad, a mejorar su imagen con la restauración de monumentos, la construcción y el desplazamiento de oficinas gubernamentales y hasta con calles peatonales, entre otras medidas.
En este Mochilazo en el Tiempo recordamos cómo y quiénes planearon el cambio de funciones, la conservación de monumentos, el comercio y hasta la ocupación de vivienda en el hoy Centro Histórico.
Todo inició en los años 30, periodo de rápido crecimiento demográfico y modernización, cuando la urbe demandaba avenidas más amplias en su zona centro, pero sin perder su aspecto histórico.
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Para saber más detalles platicamos con la doctora en urbanismo, Cecilia Barraza Gómez, quien comienza recordando que en décadas pasadas, las instancias federales tenían toda la autoridad para decidir lo que ocurría en la capital; sobre todo, lo relacionado con la gestión de los bienes de la Nación, “porque el centro está conformado por una estructura urbana antigua y monumentos históricos, por lo que fue necesaria la intervención de expertos en política patrimonial”.
La Revolución aceleró el desalojo del Centro, luego vino el alquiler
Para la urbanista hay que tomar en cuenta que el centro de hoy era entonces la ciudad de México, es decir, un sitio con distintas dinámicas, usos y estratos sociales. Este panorama, sin duda, hizo y seguirá haciendo compleja la administración pública de la CDMX.
En la primera década del siglo XX el centro registró un primer momento de transformación, cuando las élites se mudaron hacia el sur-poniente de la ciudad, este desplazamiento se aceleró durante la Revolución y los tres decenios siguientes.
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Al irse, las clases acomodadas dejaron edificios abandonados que serían ocupados, divididos y utilizados como vecindades, sobre todo por la población migrante que llegó a la ciudad en los años veinte y con mayor intensidad en las décadas de los treinta y cuarenta.
La doctora Barraza afirma que paralelo al periodo de expansión y crecimiento demográfico, entre los años 1930 y 1950, surgieron las primeras demandas sociales de tipo urbano, en particular las de vivienda.
Hasta entonces las vecindades eran una solución parcial, pero el incremento de la inmigración y la falta de una política de vivienda social redujo la oferta a la par de favorecer el aumento del alquiler.
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Por ello, afirma la urbanista, el 31% del inquilinato del entonces Distrito Federal se concentraba en las delegaciones centrales, esta cantidad fortaleció las luchas inquilinarias de los treinta y cuarenta, logrando el decreto de congelamiento de rentas en 1942.
A la par de las medidas para desplazar funciones de vivienda y comerciales se, propuso mejorar el sistema vial ampliando las avenidas, limitar los estacionamientos, mejorar y ampliar el sistema de transporte, crear espacios peatonales, etcétera. Todas estas intervenciones contribuyeron a la conformación de un espacio urbano moderno y diferenciado del resto de la ciudad.
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Desde los años 30 se busca agilizar el tránsito hacia el Centro
En la década de los treinta y cuarenta empezó la preocupación de las autoridades capitalinas para ofrecer una solución efectiva al sistema vial de la ciudad y volver accesible el centro.
Ante la preocupación del rápido crecimiento de la urbe, se trató de prevenir el futuro de la capital desde el centro. La expansión y el crecimiento demográfico en estas décadas dieron paso a las primeras inconformidades relacionadas con la carencia de servicios urbanos, infraestructura vial, transporte público y vivienda.
En este clima de malestar general, el Consejo Consultivo se volvió escenario de protestas públicas y para ejercer cierta presión política, pero por conflictos internos fue casi inoperante.
Según las investigaciones de la entrevistada, uno de los temas más álgidos a discutir fue decidir si las industrias y los grandes comercios debían concentrarse en el centro, desplazando a los pequeños negocios, y así provocar una transformación del espacio.
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Los cambios inconformaron a sus habitantes
El Consejo se encontraba en la disyuntiva de aprobar una propuesta de renovación urbana que implicaba mejorar la economía de la ciudad, preservar los inmuebles monumentales y a su vez desplazar prácticas tradicionales y a los residentes menos favorecidos.
Los interesados en ejecutar este plan eran el Estado y los inversionistas privados que veían una oportunidad para invertir y revalorar el suelo urbano en la zona. La urbanista narra que la decisión provocó la conformación de grupos y la confrontación entre pequeños y grandes comerciantes, transportistas y propietarios de inmuebles.
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Los pequeños comerciantes, vendedores ambulantes e inquilinos consideraban la campaña como una grave amenaza para su supervivencia, ya que no podrían asumir los costos de la renovación urbana, ni su impacto sobre los nuevos valores de la tierra.
Por otro lado, los arquitectos, los grandes comerciantes, los propietarios de inmuebles y los transportistas proponían desalojar a los vendedores de la calle, organizar el transporte público y establecer una normativa para preservar la belleza arquitectónica del lugar.
Barraza Gómez comenta que la discusión tenía como telón de fondo la nueva Ley sobre Planeación General de la República de 1930, de la cual se desprendía el Plano Nacional de México y el Plano Regulador del D.F. y Territorios Federales.
Los nuevos especialistas reunidos en el Consejo Consultivo proponían una planificación urbana racional para el centro de la ciudad, donde prevalecían diversos criterios respecto a lo que debía considerarse patrimonio.
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Por un lado, los residentes y comerciantes del Centro rechazaban la renovación urbana por temor a ser desplazados. Por otro, los agentes externos a la zona, por lo general personajes con recursos y posición de poder, argumentaban la protección, limpieza del espacio y de los inmuebles de valor arquitectónico.
1933, año crucial de la transformación
Barraza Gómez comparte que el 17 de enero de 1933 se publicó en el Diario Oficial la Ley de Planificación y Zonificación del Distrito Federal. La norma planteaba la formación de una Comisión Nacional de Planificación integrada por las grandes empresas, los grandes propietarios de inmuebles urbanos, banqueros, arquitectos y secretarios de Estado.
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La Comisión, a diferencia del Consejo Consultivo, estaba a favor del desarrollo económico y la renovación urbana en el centro de la ciudad. Al parecer, la Comisión pretendía desplazar el trabajo del Consejo ciudadano por intereses económicos y políticos.
Bajo la coordinación del arquitecto y reconocido urbanista Carlos Contreras, se implementaron las bases jurídicas para definir proyectos y acciones que guiaran el ordenamiento urbano de la ciudad en el futuro.
El Plano Regulador fue dividido en 10 apartados que sintetizaban los elementos de la urbe: Población y zonificación, sistema circulatorio y medios de transporte, sistema de parques y jardines, campos de juego, estadios, reservas forestales, servicios municipales, casa-habitación, recreación, arquitectura y legislación.
La ampliación de avenida San Juan de Letrán, un ejemplo
Dentro de la primera traza modernista de la ciudad capital se proyectó la ampliación de San Juan de Letrán, hoy Eje Central Lázaro Cárdenas, y la avenida 20 de Noviembre. En dicho proyecto se proponía realizar un sistema vial de arterias principales previendo la futura expansión de la urbe.
En cuanto a San Juan de Letrán, se pretendía ligar la ciudad de norte a sur desde Tlalnepantla pasando por Santa María la Redonda, San Juan de Letrán y Niño Perdido - este último también era un tramo del hoy Eje Central - hasta la salida a Cuernavaca.
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Desde el inicio de las obras en San Juan de Letrán, el urbanista Carlos Contreras aseguró que el diseño de ampliación respetaría la traza antigua y protegería los inmuebles de valor arquitectónico.
El proyecto que no sólo comprendía la ampliación de la calle, sino también el mejoramiento y la unidad estética de los edificios de la nueva avenida, se presentó y aprobó ante la Comisión de Planificación.
Sin embargo, en la prensa de la época se leía: se trata de hacer una gran avenida desde las calles del Teatro Nacional hasta el extremo sur de la ciudad, demoliendo para el efecto, en la parte que sea necesaria, todos aquellos edificios que por su situación actual se opongan al desarrollo del proyecto.
La anchura prevista, se leía en las notas periodísticas, sería de 35 metros de paño a paño de construcción y las demoliciones afectarían solo la acera poniente. Especificaba que el equipo de urbanistas determinó conservar íntegra la Iglesia de Santa Brígida, por ser el monumento colonial de mayor valía en la avenida.
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Pero nuestra entrevistada afirma que poco fue cierto, pues en las primeras seis calles se demolieron, entre otros, el Hospital Real, La iglesia del Divino Salvador y el Asilo Matías Romero.
Otras edificaciones afectadas del siglo XX fueron el edificio Gore, ubicado en la tercera calle de San Juan de Letrán, esquina con Artículo 123, y el primer Cine Teresa, construido en 1924.
Tampoco la iglesia de Santa Brígida se salvó de la destrucción. El mismo Contreras aceptó en su momento que “en las obras de ampliación de la primera calle de San Juan de Letrán, el mayor problema fue el relativo a la iglesia de Santa Brígida, que en mi opinión constituía un elemento tradicional y arquitectónico de importancia y que debería conservarse”.
Santa Brígida, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del siglo XVII, fue sede de los casamientos de las familias más acomodadas en los primeros 20 años del siglo XX. Luego de las luchas armadas, parte del convento fue cedido para instalar ahí la Casa del Obrero Mundial.
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La doctora Barraza investigó que Justino Fernández, dibujante en el despacho de Contreras y quien estuvo vinculado a las obras de demolición, redactó un documento justificando las circunstancias de la destrucción:
“La ciudad de México ha tenido que sufrir, en los últimos años, algunas operaciones en el corazón mismo de su parte más antigua, al pretender adaptarla a las necesidades que exige la vida moderna”.
Explicaba que el trazo de la calle pasaba precisamente sobre el templo de Santa Brígida dejando fuera tres cuartas partes de su nave. Contreras, añade Fernández, como autor del proyecto, presentó dos estudios para la conservación del templo.
No obstante los esfuerzos tanto de la comisión de Monumentos y Bellezas Naturales, como por el mismo arquitecto Contreras, el caso se resolvió desfavorablemente para el monumento y en los últimos meses del año de 1933 inició su demolición coincidiendo casi con el segundo centenario de su construcción.
El rápido acceso al Centro sigue siendo un reto
La entrevistada considera que es de llamar la atención que las autoridades encargadas de proteger los monumentos omitieran la Ley de Monumentos y aprobaran ésta y otras demoliciones.
Al parecer la normativa de planeación urbana en la ciudad tuvo mayor peso político que la Ley de monumentos y bellezas naturales de 1930, en la cual se determinaba proteger tanto los monumentos coloniales como la traza histórica.
Así fue la ampliación de la Avenida San Juan de Letrán, hoy Eje Central Lázaro Cárdenas, que se veía como parte de un proyecto que solucionaría algunos problemas viales de aquel entonces. Sin embargo, al paso de los años, urbanistas e historiadores del arte expresaron que las obras de ampliación en los treinta no fueron suficientes para descargar el tránsito vehicular del centro.
Otras críticas apuntaban a la afectación de la traza histórica y la destrucción sistemática al patrimonio artístico e histórico de la ciudad.
La especialista finaliza diciendo que al siguiente año, luego de ser aprobada por la Comisión de Planificación, dio inicio la obra de ampliación de la Avenida 20 de Noviembre.
Durante este proceso también se afectaron varios edificios históricos y comerciales, entre ellos el Portal de las Flores, el denominado Callejón y Pasaje de la Diputación, a un costado del viejo edificio del DDF; así como una parte de la fachada del templo de San Bernardo y los Baños de San Felipe de Jesús.
Debido al continuo crecimiento y modernización de la capital, no solo en los años 30 hubo demoliciones de espectaculares obras artísticas. A lo largo de otras décadas como en los años 60 con el avance del transporte urbano, como fue el arranque del Sistema Colectivo Metro, también se demolieron emblemáticas construcciones de la época.
Tan solo un ejemplo fue la destrucción de la librería Cristal, sucursal La Pérgola, ubicada a un lado de la alameda central, demolida al parecer por la construcción de la estación del metro Bellas Artes y de la cual solo quedan algunas fotografías y muchos recuerdos.
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Hoy sigue vigente el proteger y mantener el libre y rápido acceso al Centro capitalino; sin embargo, las cotidianas manifestaciones, arreglos urbanos y hasta eventos populares dificultan un libre tránsito por estas históricas calles donde aún vemos hermosos monumentos y podemos encontrar gran variedad de productos.
- Fuentes:
- Dra. Emma Cecilia Barraza Gómez. Doctora en Urbanismo por la UNAM. Es maestra en Historia por la misma institución con especialización en Gestión del Patrimonio Cultural por el Instituto Ortega y Gasset.
- Desde el 2010 imparte cursos en la Licenciatura de Gestión y Desarrollo Interculturales dentro de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Sus áreas de interés son el patrimonio cultural y su preservación en contextos urbanos. Entre sus líneas académicas se encuentran la historia urbana, las políticas urbanas y la gestión del patrimonio cultural urbano y ambiental.
- Justino Fernández, “Santa Brígida de México” en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Vol. IX, núm. 35, año 1966.
- Ley sobre protección y conservación de monumentos y bellezas naturales, Cap. lX, art. 35.
- Adrián García Cortés, La reforma urbana de México, Crónicas de la Comisión de Planificación del Distrito Federal. p. 133 37 Guillermo Tovar, “La destrucción de las ciudades de México” en Isabel Tovar de Arechederra y Magdalena Mas, Ensayos sobre la ciudad de México, Reencuentro con nuestro patrimonio cultural, México, CNCA, UIA, 1994, p. 78