Desde 1990, por iniciativa del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se estableció el 28 de septiembre como Día por la Despenalización del Aborto o Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro.
El objetivo, detener la criminalización contra la interrupción de embarazos y asegurar la salud de quienes decidieran abortar. En este asunto, inmerso en constante polémica, intervienen ideologías morales y religiosas, difíciles de acoplar con las necesidades ineludibles de libertad sexual y física.
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El derecho a decidir sobre el cuerpo propio es una de las demandas básicas y más antiguas del movimiento feminista. La maternidad voluntaria pasó por un sinfín de debates bajo el punto de vista legal, social, médico, ético y moral, siempre con obstáculos y resultados vagos.
En esta primera entrega para Mochilazo en el Tiempo repasaremos algunos intentos para despenalizar el aborto en México, sobre todo el suscitado hace 40 años, cuando Miguel de la Madrid ofreció una pequeña, pero esperanzadora, ventana para las consignas feministas y fracasó.
Se intentó despenalizar el aborto desde inicios del siglo XX
Durante esta larga travesía en materia de salud y derechos humanos, México tuvo antecedentes sobre el aborto desde el siglo XIX, cuando se consideró un crimen de gravedad, a excepción de que la vida de la madre estuviera en peligro o el embarazo se interrumpiera sin su consentimiento.
No fue hasta la primera década del siglo XX que un naciente movimiento feminista cuestionó las normas para penalizar el aborto, con lo que abrió la puerta al concepto de planificación familiar y consideró la salud de la mujer como una igualdad de derechos.
Por la década de 1930, con la intervención de activistas como Matilde Rodríguez Cabo, primera especialista en psiquiatría en México y líder del naciente movimiento feminista, se habló del aborto por motivos socioeconómicos y psicológicos, en uno de los primeros intentos para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
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Desde esas protestas se determinó que el procedimiento podría aplicarse sólo en las primeras semanas de gestación y con la asistencia de personal médico capacitado, para evitar consecuencias fatales al recurrir a sitios clandestinos.
Por esos años, Yucatán marcó un parteaguas social con el cambio de su Código Penal, en especial por dos puntos que erradicaron la penalización del aborto en casos de malformaciones o por dificultades económicas que imposibilitaran mantener al niño.
Fuera de esa modificación, pasaron más de treinta años para que, en la década de 1970, se retomara el debate sobre la legalización del aborto a nivel nacional.
Organizaciones como el Comité Nacional de Mortalidad Materna y el grupo socialista Mujeres en Acción Solidaria defendieron la maternidad voluntaria, aborto legal y el acceso a anticonceptivos. En 1976, se realizó la Primera Jornada Nacional sobre Aborto y la Coalición de Mujeres Feministas (CMF), quienes presentaron una propuesta legislativa que fue ignorada por la Cámara de Diputados.
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Pese a ese intento fallido, se fundó el Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto en México y aseguraron que la interrupción del embarazo debía despenalizarse y era necesario un cambio en su normatividad.
Tres años después, la CMF y el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres presentaron otro proyecto de ley junto con el Partido Comunista Mexicano, primer aliado a la causa dentro del Congreso. A pesar de algunas marchas y las solicitudes, no tuvieron éxito.
“Sé que es un tema delicado”
En un ambiente de impotencia y desánimo, la década de 1980 llegó con nuevas oportunidades para la despenalización del aborto en México y otras naciones, aunque también aumentaron las condenas públicas al respecto.
Entre los debates de la LI Legislatura del Congreso de la Unión –periodo 1979 a 1982–, se ejecutó una presentación exhaustiva de especialistas y opiniones sobre la interrupción del embarazo.
Algunos expertos solicitaron que la decisión de la legislatura tuviera como antecedente una consulta popular para conocer el sentir de los mexicanos, pues una mayoría no cuantificada se expresó en contra del aborto. El debate duró tres años, pero no hubo acuerdos viables y se desechó el proyecto.
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En agosto de 1982, semanas antes del cambio de legislatura, el entonces presidente de la cámara baja, Luis M. Farías, aseguró que una reglamentación en materia de aborto “hubiera provocado graves diferencias entre los mexicanos. […] No era oportuno, ni el tiempo para ello”.
Durante la campaña presidencial de 1982, el entonces candidato del PRI, Miguel de la Madrid, expuso su perspectiva en política demográfica, incluyendo el aborto. “Sé que es un tema delicado. […] Debemos estudiarlo con serenidad y llegar a conclusiones que nos permitan en el momento oportuno promover las medidas legales”.
Aunque desde el sexenio de Luis Echeverría se abordaron temas de planificación familiar y la posibilidad de interrumpir embarazos, Miguel de la Madrid fue el primero en proponer, por la vía legal, una despenalización parcial del aborto.
“Controversiales” cambios en el Código Penal, propuesta de Miguel de la Madrid
Para el 6 de diciembre de 1982 y con presidente nuevo en Palacio Nacional, algunos legisladores “de izquierda” e investigadores exigieron la elaboración de un Código Penal que se ajustara a las medidas constitucionales y erradicara imposiciones de sexenios pasados. Sobre todo, solicitaron el cambio en los artículos 330 al 334 del reglamento para descartar el aborto como delito.
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El Partido Socialista Unificado aseguró que la mujer es “la única que tiene que decidir sobre si desea tener un hijo o no”, en tiempos donde más 600 mil operaciones clandestinas se ejecutaron para interrumpir embarazos y al menos 50 mil mujeres murieron por las pésimas condiciones.
El debate sobre el Código Penal y la interrupción voluntaria del embarazo comenzó en los primeros días de mayo de 1983, con la presentación del anteproyecto de la Procuraduría General de la República (PGR)para despenalizar –sólo en ciertas circunstancias– el aborto.
“[La propuesta para el Código Penal] mantiene la existencia del delito [de aborto], pero reconoce que algunas regulaciones estatales señalan casos no punibles e incorpora el concepto de ‘aborto voluntario’, en que concuerdan hombre y mujer”, se leyó en las páginas de EL UNIVERSAL.
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Para ese momento, el reglamento penal estipuló que el aborto no se perseguía cuando fuera consecuencia de la imprudencia o descuido –comprobado– de la mujer; tampoco cuando el embarazo se produjo tras una violación o cuando la vida de la madre corría riesgo.
Los motivos ajenos a esos estándares enfrentaban condenas de uno a ocho años de cárcel y multa. El anteproyecto de la PGR no despenalizaba todos los abortos, pero incluía como lícitos los casos de malformación del feto o pobreza extrema de la madre, y reducía las penas en los demás.
“El derecho de las mujeres no viene al caso”
Entre agosto y noviembre de 1983, EL UNIVERSAL presentó numerosas opiniones sobre la interrupción del embarazo “legalizada”. Uno de los colaboradores más activos en ese tema fue Rafael Moya García, quien consideró que “el problema de legalizar el aborto es que permite o no disponer de una vida inocente e indefensa”.
“[El derecho de las mujeres a elegir sobre su cuerpo] no viene al caso, porque se dispone de un cuerpo completamente ajeno: el del hijo”, mencionó para EL UNIVERSAL. Además, Moya García auguró un aumento en el gasto público para atender abortos legales y para tratar secuelas de operaciones clandestinas “porque, en ningún país donde se legalizó, desaparecieron los clandestinos”.
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Otra perspectiva que recuperó este diario fue del entonces oficial mayor de la Cámara de Diputados del Estado de México, Gerardo Sánchez, quien aseguró que las legislaturas estatales “rechazarían despenalizar el aborto y en cambio incrementarán la penalidad para el delito en caso de violación”.
“Los estados harán valer su calidad de libres y soberanos y no admitirán presiones en el caso de que la federación llegara a despenalizar el aborto”, aseguró el legislador mexiquense.
Dentro del PRI tampoco hubo mucho respaldo. La diputada y representante del sector femenil de la Confederación de Trabajadores de México, Hilda Anderson, aseguro que “las mujeres priistas estamos en contra de que se legalicen los abortos”.
“Se deberían estimular considerablemente los programas de orientación sexual. […] Es mejor la preparación y la conciencia, que arriesgarse en operaciones riesgosas”, consideró la legisladora.
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Contingentes feministas impulsaron el anteproyecto de la PGR. Una de las voces a favor fue la entonces senadora yucateca, Esther Hoyos, quien apoyó la postura de Miguel de la Madrid, pero también consideró que, "si la consulta popular dice que éste no es el momento para modificar la legislación, tendremos que respetar la opinión de las mayorías".
La defensora de los derechos humanos, Mariclaire Acosta, escribió para EL UNIVERSAL que la despenalización del aborto en 1983 buscó “resolver un problema de salud pública que reviste características verdaderamente graves”.
“Cuando en México se habla de despenalizar el aborto, no se está hablando de legitimar una conducta frívola y criminal […], se trata de restituirle a las mujeres la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos, capacidad que les fuera arrebatada hace poco más de cien años [por el Código Penal de 1871, primero en criminalizar la interrupción del embarazo]”, sostuvo la activista.
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Evidentemente, las voces en contra ganaron por mayoría. Aunque se argumentó que el Código Penal propuesto no permitía todos los casos de aborto –en un intento por entenderse con los más conservadores–, el grueso del pueblo dijo “NO” y el anteproyecto se desechó.
Continuó la criminalización legal y social contra mujeres que abortaron, ya fuera por una violación, por un embarazo de alto riesgo o por la plena decisión de no tenerlo. Para 1990, la Cámara de Diputados descartó por completo la posibilidad de despenalizar los abortos en un futuro cercano.
El entonces encargado de la Comisión de Salud de la cámara baja, Víctor Sarabia Luna, sostuvo que, a pesar del persistente número de abortos clandestinos, el pueblo mexicano “no está preparado para recibir la legalización, pues prevalecen principios tradicionales regidos por la fe religiosa”.
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Para nuestra siguiente entrega, abordaremos los intentos y victorias de contingentes feministas para alcanzar la despenalización del aborto a nivel estatal y federal. Cuarenta años después, hoy ya es ley.
Lee también: La despenalización del aborto en el siglo XXI, la lucha por la maternidad voluntaria en México. (parte 2).
- Fuentes:
- Hemeroteca EL UNIVERSAL
- Cruz, L. (25 de Noviembre 2022). El aborto en México: avances y dificultades. En Centro de Estudios Constitucionales SCJN.
- Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe – CNDH
- El reconocimiento de la Interrupción Legal del Embarazo en México – Gobierno de México
- Hernández, D. (28 de septiembre 2022). 28S. Historia sobre la despenalización del aborto en México. En Cimacnoticias.
- Kulczycki, A. (2003). De eso no se habla: aceptando el aborto en México. En Estudios Demográficos Y Urbanos.
- Mora, M. (26 de enero 2017). Administración del presidente Miguel de la Madrid (PRI), 1982-1988; hacia la reducción acelerada. En Consejo Nacional de Población. (2017). El Derecho a la Planeación Familiar: Génesis del Cambio.
- s.a. (22 de agosto 2008). México: 70 años de lucha por despenalizar el aborto. En Cimacnoticias.
- Vargas, C. (s.f.). Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro: ¡será ley! En Efemérides Feministas (Coordinación para la igualdad de género UNAM).
