Los umbrales históricos de México albergan numerosos episodios controversiales. Desde la pérdida de la mitad del territorio nacional o el sometimiento voluntario a una monarquía, algunas decisiones políticas pasaron a la historia como polémicas e injustificables.
Hace 100 años, el 13 de agosto de 1923, se “certificaron” los Tratados de Bucareli, siendo uno de los eventos menos comprendidos de la época post revolucionaria. Su intención oficial era recuperar la relación entre Estados Unidos y México, pero también se mezcló el interés del entonces presidente, Álvaro Obregón, por ganarse un poderoso aliado político, sin importar el costo.
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Desde la muerte de Venustiano Carranza, los encargados obregonistas persiguieron la aprobación de Estados Unidos. El intento más cercano a las Conferencias de Bucareli fue el Tratado de Amistad y Comercio de 1922, pero se trató de un acuerdo muy parcial.
Con ese fallido documento, la Unión Americana buscó derogar artículos de la Constitución de 1917 y obtener derechos especiales para sus compatriotas. No procedieron las negociaciones y la convivencia bilateral quedó en pausa hasta la instauración de las Conferencias de Bucareli en 1923.
Desde 1921, Estados Unidos presentó reclamaciones por los daños sufridos tras la Revolución Mexicana, por la Constitución de 1917 y por las leyes “nacionalistas” que afectaron algunos intereses extranjeros en materia petrolera y agraria.
Durante la presidencia de Álvaro Obregón se solicitó que el artículo 27 de la Carta Magna, relativo a la propiedad de la Nación sobre tierras y aguas, no fuera retroactivo a patrimonios que estadounidenses adquirieron en México antes de 1917 o que se les indemnizara por su expropiación.
La administración obregonista mostró disposición con demandas internacionales, como la decisión de la Suprema Corte de Justicia de no hacer retroactivo el apartado 27 de la Constitución sobre la Texas Oil Company o la reanudación del pago de la deuda externa, suspendido entre 1914 y 1921.
El entonces secretario de Hacienda y cercano a Obregón, Adolfo de la Huerta, logró el acuerdo De la Huerta–Lamont con el Comité Internacional de Banqueros para evitar la incautación de bienes ferroviarios en 1922. Las finanzas mexicanas quedaron en desventaja, pero al menos fue un paso importante para reivindicar la relación México–Estados Unidos.
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En la primera plana de EL UNIVERSAL del 14 de mayo de 1923, se anunció el inicio de conferencias entre los delegados estadounidenses, John Barton Payne y Charles Warren, y los representantes mexicanos, Fernando González Roa y Ramón Ross, en el número 85 de la calle Bucareli, en la capital.
Según la opinión nacional, las conferencias buscaron el reinicio de relaciones diplomáticas entre ambos países y el comienzo de un periodo estable después de la Revolución. Por el contrario, medios estadounidenses auguraron que el principal motivo de los encuentros era el reconocimiento legítimo de Estados Unidos a la presidencia de Álvaro Obregón.
Los medios de la Unión Americana estimaron que las conversaciones durarían entre tres semanas a tres meses y todas serían privadas, sin dar informes profundos a la prensa.
“Hemos venido aquí animados, con la esperanza de llegar a un acuerdo para que México y Estados Unidos puedan reanudar sus relaciones normales con toda cordialidad”, comentó Charles Warren en su discurso inaugural de las convenciones de Bucareli.
“Ni el gobierno o pueblo de Estados Unidos tratan de obtener ventajas especiales en México, ni derechos que no estén dispuestos a compartir con otros países. No tenemos intención de intervenir en asuntos que afecten la soberanía de México”, aseguró el representante norteamericano.
El panorama de cordialidad sufrió un golpe la madrugada del 18 de mayo del 23, apenas cuatro días después de comenzadas las negociaciones, cuando se registró una explosión dentro del Consulado de Estados Unidos en la capital mexicana.
En el extranjero se cubrió tal suceso de forma amarillista, pues se reportó la pérdida de vidas humanas y la destrucción total del inmueble. En realidad, la embajada sólo sufrió daños parciales y, como fue en la madrugada, nadie salió herido.
Obregón consideró la explosión como un intento para “estorbar el que lleguemos a un definitivo buen entendimiento con el gobierno de Estados Unidos”. Por su parte, Borden Payne le restó importancia, pues “[se trató de] manos criminales que no pueden ver el orden”.
El culpable, según autoridades nacionales, fue Medardo López, fiel seguidor de la Junta Revolucionaria de Texas, aunque no se confirmó su intención para dinamitar el Consulado.
El secretismo de las negociaciones generó polémica entre pobladores de ambos países, sobre todo por la sospecha de que Estados Unidos se aprovecharía de la vulnerable República Mexicana.
Esta casa editorial publicó el 25 de junio de 1923 que las conferencias entre delegados estadounidenses y mexicanos podrían concluirse como un “pacto de caballeros”. Así, los convenios sólo se sostendrían del “honor” de México y del entonces presidente, Álvaro Obregón, sin firmas.
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México pudo librarse de condiciones legales para mandatos posteriores y sólo cumplir “de palabra” las exigencias que Estados Unidos presentó. Dentro de la misma cobertura se confirmó que el gobierno obregonista devolvió algunas propiedades expropiadas a dueños estadounidenses.
La polémica más importante con los conversatorios de Bucareli fue la aprobación de acuerdos. Las llamadas Convenciones General y Especial de Reclamaciones, que abordaron conflictos de antes y durante la Revolución, fueron las únicas medidas totalmente públicas.
Las minutas más específicas y arreglos sobre petróleo o materia agraria sólo requirieron la ratificación del Poder Ejecutivo y fueron las más cuestionables. Para el 13 de agosto de 1923, se confirmaron los “Tratados de Bucareli”, con el visto bueno de los delegados.
Con gran emoción, el 31 de agosto, Obregón confirmó la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México. De inmediato, otras naciones siguieron el ejemplo de la potencia norteamericana y recuperaron su relación con nuestro país.
Un periódico de Filadelfia, recuperado por EL UNIVERSAL, mencionó que las negociaciones mixtas en el Palacio de Bucareli fueron “un triunfo de la diplomacia mexico-americana, un verdadero sentimiento amistoso entre ambos pueblos”.
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Para sorpresa de muchos, el mismo Adolfo de la Huerta condenó los convenios por sus “condiciones gravosas” en el ámbito petrolero y pago de indemnizaciones. Así comenzó la rebelión delahuertista a finales de 1923, rápidamente sofocada por fuerzas obregonistas con armamento estadounidense.
Debido a las controversias con los encuentros en Bucareli, representantes de ambas naciones aseguraron que no hubo firma de tratados ni obligaciones abusivas y que sólo se asentaron inconformidades o preocupaciones compartidas. Lo único oficial fueron las Convenciones Generales y Especiales, sin agravio a la soberanía nacional.
Como las Convenciones debían certificarse en los congresos, a finales de 1923 comenzó una protesta contra la disposición obregonista con los vecinos del norte. El senador Francisco Field Jurado, del Partido Nacional Cooperativista, motivó a sus compañeros a impedir la ratificación de los documentos y por varias sesiones logró que no se juntara el quorum necesario para su aprobación.
Figuras cercanas a Obregón lo amenazaron y para comienzos de 1924, lo asesinaron y se secuestró a otros tres legisladores de su partido. Días después, se liberó a los afectados y en la Cámara de Senadores se ratificaron las Conferencias de Bucareli.
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Con el paso del tiempo creció la condena contra los “tratados” y se consideró que las conversaciones de 1923 “maniataron” a México. Incluso existen fuentes que aseguran que la mínima industrialización nacional fue parte del acuerdo con Estados Unidos, aunque tampoco es seguro.
El periódico estadounidense “El Tucsonense” publicó, el 30 de julio de 1929, una declaración de la Secretaría de Relaciones Exteriores asegurando que nunca existieron acuerdos, sino pláticas para “cambiar impresiones y establecer ciertos puntos de vista. […] No se hizo ningún secreto en aquellas juntas”. Además, se afirmó que las leyes aplicaban para todos, sin excepción para extranjeros.
El funcionario y licenciado Alfonso Romandía Ferreira, amigo cercano de Álvaro Obregón, escribió para EL UNIVERSAL el artículo “Los Tratados de Bucareli honran a México”, publicado el 11 de mayo de 1937, casi 14 años después de las conferencias entre ambos países.
Mencionó que los acuerdos fueron “un gesto de decencia, un compromiso de reparar daños y de no despojar”. También criticó la decisión de no cumplir con las promesas, pues todavía no se pagaban las expropiaciones. “Quedarse con lo ajeno no es patriotismo”, sentenció Romandía Ferreira.
A pesar de tales declaraciones, siguieron las sospechas de lo perdido frente a los estadounidenses. Para el 23 de febrero de 1938, el General Antonio I. Villareal arremetió contra Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, considerándolos responsables de una “traición a la patria”.
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“Con [Francisco I.] Madero nació la democracia mexicana; pero Obregón y Calles fueron sus enterradores. La democracia murió al firmarse los tenebrosos ‘Tratados de Bucareli’ y solamente renacerá cuando queden abolidos”, comentó el general.
La poca certeza histórica generó mitos sobre las Conferencias en Bucareli. Uno de ellos sostiene que la vigencia real de los acuerdos es de 100 años, es decir, apenas hasta este 2023, México tendría libertad industrial y económica. La validez oficial sólo abarcó el único mandato de Obregón.
Los “Tratados de Bucareli”, sean reales o no, ya se integraron a los movimientos más polémicos de la política mexicana y a la curiosa lista de teorías conspirativas nacionales. Parecería una explicación ideal que justifica la innegable dependencia con Estados Unidos, pero eso libraría de responsabilidad y errores a muchos gobernantes del siglo XX.
Por ahora, sólo podemos considerarlos como un evento controversial de la post revolución y uno de los ejemplos más complejos de diplomacia moderna.