A lo largo de décadas se han hecho esfuerzos para acabar con prácticas corruptas, sobre todo con los policías de tránsito y en oficinas de gobierno; sin embargo, el pago por favores se ha mantenido en varios niveles y hasta el diccionario de la lengua española ya contempla el término “mordida” como un soborno a cambio de un beneficio o ventaja.
Un intento por lograr un cambio en la capital mexicana se dio en septiembre de 1932, cuando las autoridades locales contemplaron un proyecto para terminar, de una vez por todas, con la corrupción de policías e inspectores, quienes vigilaban el cumplimiento de las normas entre los comerciantes de la metrópoli.
Así fue que se creyó que con la aprobación de un proyecto de seis puntos se acabaría con este vicio entre los capitalinos. Según publicó EL UNIVERSAL el 23 de septiembre de aquel año, el entonces consejero del Distrito Federal, Elías Hurtado, presentó al Consejo Consultivo de la Ciudad de México, seis “medidas enérgicas para acabar con ´la mordida´”:
El primer punto pedía al regente de D.D.F. hacer una “cuidadosa selección del personal de inspectores de todas clases y categorías que dependían del Departamento... procurando encomendar estos servicios a personas no solo capaces de realizar esta labor, sino que “acrediten ampliamente la integridad de su conducta”.
El cuarto consejo de este proyecto antimordidas era dar toda clase de garantías a quienes se opusieran a dar “mordida” y que si ocurría lo contrario, “a todo individuo se le daría la pena mínima a cambio de que denunciara, en una actitud viril, cualquier inmoralidad”.
En el quinto se proponía pedir al jefe del Departamento del Distrito federal aplicar la pena máxima a quienes incurrieran en el delito de cohecho para salvarse de la responsabilidad de las infracciones a los reglamentos de policía o del D.D.F.
La sexta y última propuesta establecía que debía darse a conocer al público, por medio de la prensa, que el Consejo Consultivo estaría siempre dispuesto a escuchar “quejas justificadas y serias”, en relación a inmoralidades de quienes deben ser vigilantes del cumplimento de los reglamentos y bandos de carácter político.
Aunque en décadas recientes se han hecho esfuerzos similares a este con el mismo fin, claramente no han tenido éxito.
Hace dos años, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2022, hecha por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEGI, demostró que la mordida sigue siendo el acto de corrupción más frecuente en México, pues se sigue realizando para agilizar o facilitar trámites, solicitudes en oficinas públicas o para evadir infracciones o varios incidentes de tránsito y faltas a reglamentos.
Las cifras obtenidas por el INEGI reportaban que diario se registran al menos 18 mil casos de corrupción en nuestro país, lo que significa 771 mordidas por hora, es decir, 13 por minuto, ¿cuál será la solución?