Augusto Pinochet, uno de los personajes políticos más controversiales de Latinoamérica, enfrentó un severo conflicto legal hace 25 años, cuando la justicia internacional determinó juzgarlo por tortura y desaparición de ciudadanos chilenos y extranjeros durante su dictadura.
En octubre de 1998 y durante un viaje a Inglaterra por asuntos armamentistas y una consulta clínica por problemas de espalda, el recién nombrado senador vitalicio de Chile quedó bajo arresto por autoridades de la Scotland Yard.
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Su detención se aplicó tras una orden de la Audiencia Nacional de España, a pesar del aparente grado diplomático que tenía el exdictador. Así comenzó un vaivén de argumentos jurisdiccionales, enardeciéndose para el 9 de diciembre del 98, cuando el poder del Reino Unido determinó que Augusto Pinochet sí merecía la extradición y un juicio penal.
![Foto de 1988, durante la dictadura de Pinochet. Durante su juicio de extradición, el exdictador aseveró que “[España] actúa en violación de la soberanía en Chile. Los eventos en Chile no tienen nada que ver con España. […] Soy perseguido por razones políticas”. Foto: Santiago Llanquin/AP.](https://www.eluniversal.com.mx/resizer/v2/E5KCZ4ZRCRGYRIOBYKL6MM5DQY.jpg?auth=30fef17b1db068644af53c0e5bbf47f530d0ee4616d655ae72019ff28b17fe3d&smart=true&width=340)
Extradición por decisión política, argumentaron los cercanos a Pinochet
En su edición del 10 de diciembre de 1998, EL UNIVERSAL informó sobre la aprobación del entonces secretario del interior de Reino Unido, Jack Straw, para extraditar a España al exdictador chileno, Augusto Pinochet, bajo cargos de tortura, secuestro y otros crímenes contra la humanidad.
“[La decisión de extraditar] reconoce la memoria de los miles que fueron torturados, asesinados o desaparecidos durante el tiempo que Pinochet estuvo en el poder”, declaró de Richard Bunting, miembro de Amnistía Internacional, tras la decisión británica.
Para ese momento, la presidencia de Chile estaba en manos de Eduardo Frei, quien solicitó a sus ciudadanos “la mayor calma” y prometió recurrir a todas las “instancias internacionales” en defensa de la soberanía del país.
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A su vez, los órganos militares del país sudamericano –que durante años estuvieron bajo las órdenes de Pinochet– consideraron “abusiva y humillante” la resolución de Straw.
Siendo una decisión controversial, comenzó el cuestionamiento sobre la autoridad de potencias políticas para influir en asuntos de otros países. A consideración del ejército chileno, la detención de Pinochet los convirtió en “víctimas de un proceso en vías de consolidación para cometer una abierta injusticia y un atropello a la soberanía nacional”, según se leyó en esta casa editorial.
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Algunos países de Latinoamérica se posicionaron en contra del proceso judicial. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, unidos a Chile, rechazaron la “aplicación unilateral y extraterritorial de leyes nacionales”, siempre evadiendo una posible responsabilidad del exdictador.
Una de las figuras que más defendió la libertad del general chileno fue Margaret Thatcher, exprimera ministra de Reino Unido y simpatizante de Augusto Pinochet.
Durante una conferencia del Partido Conservador inglés, el 6 de octubre de 1999, la “dama de hierro” sostuvo que el exdictador tendría un “juicio de espectáculo”, sin fundamentos y esperando que muriera lejos de su país.
A pesar de los numerosos comentarios a favor del exdictador, EL UNIVERSAL denominó a este proceso judicial como “ejemplo de lo que será la nueva situación del derecho internacional en lo que respecta a exjefes de Estado acusados de groseras violaciones a los derechos humanos”.
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Declaración de Margaret Thatcher a favor de Augusto Pinochet. La “dama de hierro” aseguró que la persecución contra el exdictador chileno no era por abusos contra derechos humanos, sino porque “derrotó al comunismo”. Fuente: YouTube.
Salud deteriorada, motivo para su liberación “humanitaria”
Las confrontaciones por temas jurisdiccionales se incrementaron cuando España y Reino Unido determinaron que tenían la capacidad y legalidad para juzgar al senador vitalicio chileno, a pesar de que sus delitos se realizaron en un país soberano.
Para el 9 de octubre de 1999, a casi un año de su detención, la corte de Londres ratificó el proceso de extradición y sostuvo que “la tortura es un crimen internacional que debe ser castigado, no importa dónde se cometa y quién lo cometa”, según se leyó en la edición de EL UNIVERSAL.
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“Pinochet puede retrasar su extradición con apelaciones, pero no tiene ninguna esperanza de modificar esta excelente decisión judicial. A no ser que la política intervenga, Pinochet tendrá que ir a España”, sostuvo Redd Brody, de la organización Human Rights Watch.
En paralelo a su proceso penal, Augusto Pinochet presentó severos problemas de salud. Según sus abogados, en 1999 sufrió dos derrames cerebrales menores, secuelas por la diabetes que padecía desde años atrás y numerosos episodios de depresión.
La condición clínica del exjefe de las fuerzas armadas chilenas se convirtió en su principal defensa, pues sus abogados y gobierno apelaron a “razones humanitarias” para que el secretario Jack Straw decidiera parar el proceso y liberar a Pinochet.
Para el 15 de octubre de ese año, Chile presentó la petición formal para repatriar a Augusto Pinochet, dado que su salud estaba muy deteriorada y “no aguantaría un proceso judicial”; todos le pronosticaron pocos meses de vida.
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La corte británica sólo accedió a disminuir los delitos que Pinochet enfrentaría en España. La lista comprendió 25 casos de tortura y uno por conspiración; si se le encontraba culpable, tendría una condena entre 6 y 25 años por delito.
1999 avanzó lento para el exdictador, aunque enfrentó el juicio en Reino Unido de una manera bastante cómoda, pues le permitieron arresto domiciliario en una mansión londinense.
El proceso quedó en pausa el 9 de noviembre de 1999, cuando Jack Straw solicitó exámenes clínicos para conocer el estado del exdictador, así determinaría la resolución de un trato “humanitario” o la extradición inmediata a España.
El secretario del Interior designó a tres médicos que evaluaron a Pinochet en la primera semana de enero del 2000; durante ese tiempo, en Chile aumentó la posibilidad de juzgar al todavía senador vitalicio, en su propio territorio, por los crímenes en su dictadura.
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Las órdenes españolas por tortura y conspiración se desestimaron el 12 de enero del 2000, con la decisión de Straw de suspender la extradición de Pinochet, debido a los resultados que arrojó la evaluación médica. Aunque podía apelarse tal decisión, el exdictador ya tenía libertad asegurada.
Los demandantes sostuvieron que un juicio contra Pinochet sería inválido sólo si el exdictador padecía de sus facultades mentales y solicitaron los resultados completos del dictamen. Para ese momento, cortes en Francia, Suiza y Bélgica también pidieron su extradición.
Para el 2 de marzo del 2000, el secretario del Interior de Reino Unido aseguró que “no tenía opción” más que dejar en libertad a Augusto Pinochet, pues quedó convencido que su salud no soportaría ningún proceso judicial.
El funcionario inglés lamentó que, al liberar al exdictador de la jurisdicción británica, era casi seguro que no sería juzgado en algún otro lugar. Pinochet regresó ese mismo día a Chile, después de 503 días de detención.
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Regresó a Chile en 2000, para morir seis años después
El exdictador regresó a su país en un avión de las Fuerzas Armadas chilenas. El primer rasgo que se evidenció con su retorno fue la estabilidad física, pues todavía podía caminar y habló con naturalidad frente a sus allegados y fanáticos.
La opinión internacional se mantuvo al margen de la decisión inglesa. De acuerdo con reportes de EL UNIVERSAL, 52 organizaciones civiles mexicanas por derechos humanos exigieron que las autoridades chilenas ejercieran un proceso penal contra el exdictador, pero no hubo más insistencia.
Con Pinochet de regreso en Chile, hubo reducidas muestras de júbilo en algunos sectores, pero en su mayoría causó controversia y la idea de juzgarlo tomó fuerza entre la población.
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Para el 5 de marzo, más de 5 mil personas protestaron contra del retorno del exjefe de las Fuerzas Armadas, frente a la Plaza de la Constitución en Santiago. Muchos denunciaron la evidente sostenibilidad de Pinochet, contrario a lo que se dictaminó en los análisis clínicos.
Regreso de Augusto Pinochet a Chile, el 3 de marzo del 2000. A pesar de las condenas públicas, el exdictador “despertó feliz” en su país, según lo reportó EL UNIVERSAL. Fuente: YouTube.
“[Levantarse y saludar a sus fanáticos] Es una gran demostración ante la comunidad internacional de que su enfermedad ha sido una farsa; que Pinochet está en condiciones de enfrentar la justicia y que hubo un pacto secreto entre varios países que permitió su vuelta a Chile, para garantizar su impunidad”, dijo Julia Urquieta, activista por los derechos humanos, durante la manifestación.
Aunque sí se ejercieron procesos judiciales contra el exdictador en cortes chilenas, ninguna dio un castigo contundente a los crímenes cometidos durante su dictadura.
El mismo 10 de diciembre, pero de 2006, Augusto Pinochet murió, 8 años después de que comenzara su proceso de extradición a España; contrario a lo que determinaron los estudios británicos, el exdictador aguantó varios años más de vida.
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Iván Moreira, diputado pinochetista, aseguró que “murió el fundador del Chile moderno, un libertador, un patriota”, en pleno siglo XXI y sin ningún remordimiento por los numerosos casos de tortura y desaparición que nunca fueron resueltos.
Trabajo de CNN Chile, con el recuento sobre la detención de Augusto Pinochet en Reino Unido, a finales del siglo XX. Fuente: YouTube.
- Fuentes:
- Hemeroteca EL UNIVERSAL
- s.a. (30 noviembre 2016). Jack Straw revela las "presiones" que recibió el gobierno británico para liberar a Augusto Pinochet durante su arresto en Londres. En BBC Mundo.
