Estudios recientes calculan que los alimentos contaminados cobran alrededor de 400 mil vidas anuales, un tercio de ellas de niños menores de 5 años en su mayoría de países de medio y bajo ingreso. También, en África Subsahariana, las medicinas de baja calidad están asociadas a 70 mil muertes anuales prevenibles de neumonía infantil y hasta 20 mil de malaria. Asegurar la seguridad y calidad de los alimentos y medicinas es uno de los principales roles de los gobiernos y es una actividad esencial para la salud pública.
Varios países desarrollados como Estados Unidos son importadores netos tanto de alimentos como de materias primas para producir medicamentos, por lo que su exposición al riesgo a productos provenientes de países de ingreso medio y bajo es alta. Por ello a finales de 2018 la Academia de Ciencias de Estados Unidos (la “Academia”), institución fundada por el presidente Lincoln para guiar científicamente la política pública de ese país, inició un estudio para evaluar la capacidad regulatoria de este tipo de países y garantizar alimentos y medicamentos seguros, mismo que fue publicado en enero de 2020: nationalacademies.org/StrongerRegulatorySystems.
Para realizar el estudio, la Academia integró un comité de expertos, del cual orgullosamente formo parte, no sólo para revisar la política regulatoria alrededor del mundo sino para alertar a los gobiernos y las instituciones financieras internacionales de la importancia de invertir en la capacidad regulatoria local, tomando en cuenta que las ganancias en salud se traducen en el incremento de la prosperidad global, como por ejemplo en la marcada reducción de la mortalidad infantil de las últimas dos décadas.
La producción de alimentos y medicamentos pasa por procesos e industrias globales por lo que el reto regulatorio también es global y la colaboración entre los reguladores nacionales ya no es un asunto de voluntad sino de obligación y responsabilidad. Por ejemplo, cuando México reconoció en 2011 las autorizaciones de medicinas nuevas de Estados Unidos, Canadá y Europa, se redujo el tiempo de entrada de estos insumos en 90% y su precio respecto del mercado de origen disminuyó 50% en promedio; el ganador fue el consumidor.
En materia de medicamentos la Organización Mundial de la Salud ha generado mecanismos para facilitar el intercambio de trabajo entre reguladores en el mundo. Para el caso de México en 2012, la Cofepris obtuvo de esa instancia el grado de Agencia Regulatoria Nivel IV, el máximo nivel de reconocimiento, lo que contribuyó a generar una reducción de aproximadamente 60% en los precios de las medicinas y la duplicación de las exportaciones.
Evidencias como la de México fueron utilizadas por la Academia para recomendar a instituciones como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tradicionalmente financian proyectos de relativo corto plazo, a que inviertan en la construcción de capacidades regulatorias. En paralelo el Reporte ofrece a los países un paquete de políticas parametrizadas que han generado resultados positivos en el mundo y que se pueden medir con indicadores de salud y económicos.
Al ser la actividad regulatoria de alimentos y medicinas una actividad altamente técnica y complicada, su importancia suele pasar de largo tanto para los consumidores como para la alta burocracia. No tiene la misma venta política explicar cómo se mantienen frescos y saludables los alimentos, o cómo se garantiza que las vacunas sean seguras, que vender un programa social sin el cual un sector vulnerable de la población carecería de acceso a la alimentación, la vivienda o la educación.
Precisamente por lo anterior creo que el Estudio de la Academia es verdaderamente relevante, ya que por primera vez toca dos puertas que no se habían tocado y que mantenían la actividad regulatoria en un segundo plano, como una actividad de mero mantenimiento, casi como el clásico perro de rancho, que guardan en las fiestas y sueltan cuando hay problemas. Por ello destaco las recomendaciones más relevantes del Estudio.
La primera recomendación es a los jefes de estado del mundo a que tengan mucho más presente a sus agencias sanitarias como mecanismos eficientes en política económica y social, ya que con evidencia les demuestra que invertir en un regulador inteligente que comparta estándares y trabajo internacionalmente, no solamente mantiene a la población sana, sino que reduce los precios de los insumos para la salud, los alimentos y por ende los gastos asociados al sistema de salud.
La segunda recomendación es a las instituciones financieras internacionales (BM, BID), a las que por primera vez se les demuestra que invertir en capacidades regulatorias de países de ingreso medio y bajo, construye instituciones locales que a su vez garantizan el desarrollo de un mercado global de alimentos seguros y medicamentos eficaces, pero sobre todo accesibles.
En conclusión me parece que el Reporte aporta recomendaciones frescas sustentadas en ciencia y en evidencia que los países pueden adoptar de inmediato para mejorar su entorno. El reto que tenemos los autores junto con la Academia, es difundirlo internacionalmente y convencer que es mejor tener un regulador activo y comunicado con el mundo, que un perro de rancho que mucho hace pero al que nadie le agradece, y que por ello mantiene un perfil bajo.
Ex Director General del IMSS, ex Comisionado Cofepris
