Por: Miguel Sandoval Lara
La importancia de los Poderes Judiciales autónomos es una característica esencial de las democracias. Conviene recordar un ejemplo histórico sobre el tema, motivado por la muerte reciente en los Estados Unidos de Daniel Ellsberg, analista militar que reveló a la prensa de su país el documento conocido como The Pentagon Papers.
Se trataba de siete mil páginas de reflexiones y revelaciones sobre la guerra de Vietnam, tres mil de análisis y cuatro mil de documentos recopilados sobre la conducción de la guerra. Los documentos, clasificados como ”Top Secret”, mostraban cómo distintos presidentes ampliaron el conflicto en el Sudeste de Asia sin consultar a la opinión pública del país, a pesar de que se especula que el Secretario McNamara llegó a pensar que la guerra no podía ser ganada por los Estados Unidos. Se publicaron sólo 15 copias y dos fueron entregadas a la Rand Corporation, especializada en análisis militares estratégicos.
Los Papers demostraban también que el gobierno del presidente L. B. Johnson había mentido sistemáticamente no sólo a la opinión pública sino al Congreso.
Ellsberg había formado parte de los infantes de Martina de su país. Trabajó luego en la Rand, y desde 1965 estuvo año y medio en Saigón evaluando los programas de pacificación y contrainteligencia del Ejército. En 1967 participó de forma marginal, junto con una treintena de analistas, en un amplio estudio ordenado por el Secretario de Defensa Robert McNamara sobre las decisiones y consecuencias de veinte años de guerra en el Sudeste de Asia. Por cierto, McNamara no había informado al Presidente ni al Secretario de Estado sobre la existencia del estudio.
En 1969 Ellsberg conoció a jóvenes que estaban dispuestos a ir a la cárcel para no ser alistados en el ejército. Eso y su propia experiencia en Vietnam lo motivaron a oponerse activamente a la guerra a través de cartas a los medios y artículos de prensa. Al tiempo que renunciaba a la Rand, un amigo suyo que trabajaba en la corporación fotocopió los 47 volúmenes del estudio sobre la guerra,1 que habían sido entregados en 1969.
Inicialmente Ellsberg entregó una copia al senador progresista J. William Fullbright, entonces presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado, quien no quiso tomar acción alguna. El analista ofreció entonces el documento al New York Times, solicitando que él mismo no fuera identificado como fuente. En 1971 el Times inició la publicación de partes del extenso documento, lo cual generó la respuesta del Fiscal Federal John N. Mitchell, acusando al periódico de espionaje y conspiración, y de poner en peligro la seguridad nacional. El Times se vio obligado a detener la publicación del documento. Ellsberg ofreció entonces el estudio al Washington Post.
Existe una excelente película, The Post (1971), dirigida por Steven Spielberg sobre cómo la dueña Katharine Graham (Meryl Streep) y los editores del periódico de Washington (con Tom Hanks en el papel de editor) tomaron la decisión de publicar el estudio desde donde se había quedado el New York Times. Merecidamente, la película obtuvo numerosos premios y nominaciones.
Al generar el gobierno una orden judicial para prohibir la publicación, los medios apelaron la decisión y el tema fue llevado hasta la Suprema Corte, que por una votación de seis a tres defendió la libertad de expresión y permitió la publicación del estudio. Previamente, uno de los jueces a los que se había solicitado la orden de prohibir la publicación, se negó y argumentó lo siguiente: “Una prensa obstinada y molesta para el gobierno, una prensa que trata todos los temas, debe ser sufrida por aquellos en posiciones de autoridad con el objeto de preservar los valores aún más valiosos de libertad de expresión y el derecho del público a conocer lo que hace su gobierno”.
A su vez, Ellsberg fue acusado en una corte de Los Ángeles de espionaje, conspiración y robo de propiedad gubernamental, pero antes de iniciar el juicio, el juez desechó el caso, acusando al gobierno de irregularidades que incluían la grabación ilegal de conversaciones de Ellsberg y la irrupción por parte de espías de la Casa Blanca – G. Gordon Liddy y E. Howard Hunt, los famosos “plomeros”-- en el consultorio del psicoanalista que atendía a Ellsberg y en unas oficinas del Parido Demócrata. Como es bien sabido, esto llevó al caso de Watergate, que eventualmente obligó a Nixon a renunciar en 1974, mientras el Procurador Mitchell y los espías fueron encarcelados (Saigón cayó en abril de 1975).
Se reafirmó la doctrina constitucional en los Estados Unidos en el sentido de que el gobierno no podía imponer una censura a la prensa a menos que se tratara de una emergencia nacional. Se puede especular que de no haberse publicado el estudio, Nixon hubiera mantenido su poder y la intervención en Vietnam se hubiera alargado. (Conviene recordar que 58,220 norteamericanos murieron en Vietnam, y entre uno y tres millones de vietnamitas.)
Años después, en 2001 Ellsberg denunció la decisión del presidente George Bush de invadir Afganistán y luego Irak, guerras que se alargaron con numerosas pérdidas de vidas y de abundantes recursos. En una entrevista con el NYT en junio de 2023, Ellsberg expresó su preocupación por las amenazas rusas de utilizar armas nucleares en Ucrania, y el riesgo de una guerra con China por el tema de Taiwán.
Hay lecciones de todo esto para el México actual, a pesar de que el Poder Judicial mexicano es considerablemente más débil que el de los EE UU. Las principales son que no se puede concebir a la democracia sin la división de poderes, que el poder judicial debe ser autónomo, y –de paso-- que es fundamental contar con
una entidad que defienda la transparencia de todos los actos de los gobiernos. Sin esos principios básicos, el Poder Ejecutivo de cualquier país impondrá sus intereses para proteger acciones ilegales, violar derechos civiles y mentir para esconder sus errores de política.
De sobra se sabe que existen gobiernos que dan más importancia a perseguir a sus opositores políticos, y a los mismos jueces que no hacen lo que el gobierno quiere, que a los propios delincuentes. Sin la autonomía de los jueces, no hay quién defienda a los ciudadanos de cualquier persecución estatal. ¿Es ese un modelo de Estado que queremos para México?
