El gobierno de la 4T y la división profunda que ha generado en la sociedad mexicana han puesto de manifiesto las dos diferentes opciones o caminos que se presentan para el futuro desarrollo institucional y económico del país.
Por un lado está el camino que aplica el gobierno de Morena con el apoyo de sus bases electorales, que no representan a la mayor parte de los mexicanos: en 2021 lograron menos de la mitad de los votos (En 2021 Morena ganó 38.1% de los votos en las elecciones Federales pero llegó hasta 47.7% con sus dos partidos aliados). El camino consiste básicamente en un regreso a lo peor del pasado priista de los años setenta, pero agregando componentes tóxicos: estatismo, concentración del poder en el titular del Ejecutivo federal, desprecio a los inversionistas privados (a los que se acusa de “corruptos”) y de los extranjeros (a los que se acusa de “saqueadores”), defensa a ultranza de las empresas públicas aunque sean ineficientes y no puedan vivir sin cuantiosos subsidios, y sujeción de los poderes legislativo y judicial a un ejecutivo fuerte.
A esto se agregan dos prácticas que no hacían los priistas, pero que sí han llevado a cabo otros gobiernos populistas latinoamericanos: el incremento considerable del poder militar a costa del gobierno civil, y la agresiva intolerancia de cualquier crítica, provenga de donde provenga, ya sea de los partidos de oposición, de los medios de comunicación o de intelectuales y periodistas más o menos independientes.
Sobre el desafortunado avance del militarismo en los tres años recientes, comparto la opinión de Jorge Javier Romero (Washington Post, 15 de octubre 2022): la militarización de la gestión gubernamental es en realidad el fracaso de un modelo de Estado, precisamente en el momento en que México debería estar fortaleciendo su sistema democrático y la calidad de su administración civil.
La centralización del poder en el titular del Ejecutivo no es la mejor forma de gobernar un país de 126 millones de habitantes, regiones muy diversas, grupos sociales con distintas visiones del mundo y del futuro, y relaciones internacionales complejas. Sin embargo, en lugar de fortalecer el diálogo y el pluralismo, se desarman instituciones. Especialmente existe la obsesión de desarmar o nulificar al INE, árbitro eficiente de 29 años de elecciones competitivas en el país, contados desde la ciudadanización del IFE en 1994.
Por otra parte, en lo cultural se predican los estrechos valores de un nacionalismo simplista, sin definir una política exterior seria, para proponer una especie de regreso al relativo aislamiento que vivió México durante una parte de su historia.
Finalmente, la excesiva atención que diariamente se da a los críticos refleja una característica de todos los gobiernos autoritarios: obsesionados con sus opositores, reales o imaginarios: no dedican tiempo ni esfuerzos para gobernar bien y para todos. La acción gubernamental se deforma para refutar lo que ve como ataques y tratar de debilitar o desprestigiar a los “adversarios”, sin comprender que el diálogo y la negociación con otras corrientes políticas es la condición esencial de la gobernabilidad.
El modelo alternativo que podría seguir el país y que de forma parcial aplicaron algunos gobiernos hasta el año 2000 sería el siguiente:
En lo político: La práctica y la defensa de un sistema democrático, con partidos representativos de distintas corrientes ideológicas que se alternen en el poder; el equilibrio de poderes que evite el autoritarismo del Ejecutivo; la defensa de las libertades individuales, del pluralismo social y cultural; el fortalecimiento del estado de derecho que limite las decisiones arbitrarias del Ejecutivo Federal y de los estatales, y que por tanto, favorezca un clima atractivo para la inversión; el acotamiento de los militares a sus funciones básicas e imprescindibles de defensa de la seguridad nacional.
En lo económico, el reconocimiento de que el país no se va a desarrollar de forma aislada, sino en relación estrecha con sus vecinos, aprovechando las ventajas de la globalización (y atendiendo sus posibles efectos negativos) y de la región en que México está ubicado; dejar al capital privado la expansión del aparato productivo y la creación de empleos, y al Estado la inversión en infraestructura y el mantenimiento del orden público, considerablemente deteriorado durante años.
En política energética, la ampliación de los sistemas de generación de energía eléctrica por todos los medios y tecnologías posibles, y no sólo la ineficiente empresa estatal, y la extracción de petróleo aplicando las tecnologías más modernas (que no tiene PEMEX) con la participación de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.
En lo social: la implantación de sistemas educativos modernos y plurales basados en la enseñanza de la ciencias, las matemáticas y la informática; la recuperación de las políticas de salud que con gobiernos anteriores exitosamente elevaron la esperanza de vida de los mexicanos y atendieron a buena parte de la población con un sistema de seguridad social que debe seguir creciendo.
En lo cultural, intensificar los intercambios con todos los países del mundo, especialmente los que han sido cercanos a México por razones históricas (España, que tiene una política activa hacia América Latina) y geográficas (Canadá y Estados Unidos, con temas esenciales de seguridad nacional mexicana que requieren mayor cooperación con su gobierno).
En esencia, como lo escribió Octavio Paz en su texto clásico, los mexicanos deben ser, sin temor, contemporáneos de todos los ciudadanos del mundo.
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