Entre los distintos análisis sobre México que publican think tanks extranjeros, vale la pena consultar el integrado por el CSIS (Center for Strategic and International Studies, con sede en Washington DC, especializado en temas de defensa y seguridad nacional), con el título “Las elecciones presidenciales y el fragmentado panorama de la política mexicana”. Más que una síntesis del documento, comentaré aquí sus puntos principales.
Ante todo, el CSIS destaca que las elecciones de 2024 (faltan siete meses) se llevarán a cabo en un clima de intensa polarización que pondrá a prueba al sistema electoral mexicano. Algunos observadores han expresado sus temores de que, en el caso probable de una elección cerrada, el gobierno podría tomar medidas ilegales o no convencionales para hacer ganar a su candidata.
Ciertamente, la presidenta que gane el proceso se enfrentará a un México muy diferente del de 2018, con más inseguridad pública, debilidad y atraso en la generación de energía, menores recursos públicos, y un Estado debilitado de forma intencional por las decisiones del titular del Ejecutivo, especialmente en sus políticas no militares: salud, educación, vivienda, administración de justicia, seguridad pública atendida por cuerpos policiacos, mejoramiento urbano, reconstrucción por fenómenos naturales, etc. En estos cinco años, la Administración Pública Federal ha venido reduciendo su eficiencia y su capacidad operativa. Es decir, en su conjunto, los recortes presupuestales y el financiamiento de las obras favoritas del sexenio han debilitado al aparato civil del Estado.
En lo fiscal, el próximo gobierno se enfrentará a una relativa carencia de recursos y a una mayor deuda interna, por lo que tendrá que decidir si emprende una reforma fiscal, tema siempre complejo en México.
En lo político, el análisis del CSIS señala correctamente que en esta ocasión no hay un candidato conservador (por más que el discurso presidencial insista diariamente en calificar a sus opositores de “neoliberales” y “conservadores”). Las propuestas del gobernador de Nuevo León como candidato de Movimiento Ciudadano no se parecerán a las del “Bronco”, que si adoptó un lenguaje más bien incoherente de “Ley y orden” que no lo llevó a ningún lado. El joven Samuel García, con el apoyo explícito de Palacio Nacional, hará una campaña “alegre”, “moderna”, “para los jóvenes” que tendrá dos objetivos: restarle votos a la candidata del Frente Amplio por México, y dar el primer paso en el (nuevo) largo camino de los candidatos mexicanos, que emprenden su primera campaña para darse a conocer y colocarse como opciones para un futuro probable. Pero se debe recordar que en 2018 el gobernador de Nuevo León obtuvo sólo el 5.2% del voto total. Suerte con eso.
CSIS señala dos temas en los que las candidatas van a diferir de forma profunda; la política energética que aplicó Morena, con una visión de hace medio siglo, derrochando dinero en PEMEX con escasos resultados en la producción de petróleo y sin reducir el impresionante nivel de endeudamiento de la paraestatal, que anda por los 110 miles de Millones de dólares (sin contar la deuda de proveedores ni el elevado pasivo laboral de la empresa).
El segundo tema es la ausencia de políticas económicas que aprovechen el cambio internacional, llamado en lo general “Offshoring”, por la salida de China de una parte de la inversión extranjera que impulsó su crecimiento acelerado durante treinta años, e incluso de empresas privadas chinas, que empiezan a buscar otros países donde establecerse, entendiendo que las nuevas prioridades de Xi Jinping simpatizan mucho menos que en el pasado con las empresas privadas y favorecen un mayor control central del Partido Comunista y menores apoyos a una economía de mercado.
Mucho se ha comentado que México está en una posición privilegiada para recibir esas inversiones, por su posición geográfica y por su tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá, pero no se ve que nadie esté diseñando políticas que apoyen las nuevas inversiones, tanto en infraestructura energética (cuyo desarrollo rebasa a la ineficaz CFE con sus plantas obsoletas y contaminantes), como en comunicaciones y capacitación de mano de obra en tecnologías modernas.
El CSIS sostiene que las supuestas innovaciones para designar a las candidatas de los dos frentes no fueron realmente innovadoras. El recurrir a encuestas fue una excelente idea para sustituir el complejo método que hubiera sido hacer primarias internas de los partidos con votaciones improvisadas, y al mismo tiempo, simular que se había abandonado el “dedazo” del pasado. Tuvimos así un método mixto, que dejó al Ejecutivo imponer de manera “suave” a su candidata, y en la oposición, a los partidos designar a una opción que no militaba claramente en uno de los tres partidos del frente, y que tiene muchos apoyos ciudadanos no partidistas.
De los dos procesos se derivarán problemas para las campañas de los bloques, porque si el proceso de designación de Morena fue parcialmente vetado por uno de los candidatos perdedores, más lo podrá ser con la designación de candidatos a gobernadores, legisladores y gobiernos locales.
Tensiones y críticas parecidas han empezado a ocurrir entre los tres partidos que forman el grupo opositor, debido a sus muy diferentes fuerzas electorales y bases regionales. A ello se agrega la necesidad de nominar a candidatos ciudadanos que no pertenezcan a los tres partidos y que puedan realmente testificar que la opción que ofrece la oposición no es la de los mismos y desgastados cuadros del pasado. Existe el riesgo de que una mayor influencia de los tres partidos en la campaña y en el nombramiento de los candidatos le podría restar fuerza a la candidata del bloque.
Un riesgo adicional en los meses siguientes será la actuación diaria del titular del Ejecutivo en contra de la oposición. El mismo CSIS llama la atención recordando que de forma ilegal, el Presidente dio a conocer la información fiscal y datos sobre las propiedades de Xóchitl Gálvez para acusarla de corrupción. ¿Seguirá el gobierno por ese camino?
El artículo del Centro de Estudios Estratégicos enfatiza que la candidata del gobierno hereda un legado de proteccionismo económico y nacionalismo acendrado, especialmente en la política energética que favorece el monopolio gubernamental de los energéticos, aparentemente ignorando que impone fuertes grilletes a la modernización del país. ¿En caso de ganar Scheinbaum mantendría esa política? O bien ¿optaría por respetar los acuerdos del TMEC en el sentido de no favorecer a los monopolios estatales contra la inversión privada, ya sea nacional y extranjera?
Aún no se conoce el programa que presentará Morena. Hasta ahora el discurso de su candidata que no se ha separado ni un milímetro del discurso de AMLO. En este caso, habría que preguntarse si esa candidata está dispuesta a iniciar su campaña política heredando de forma inmediata los pleitos de su jefe con las clases medias, con los medios de comunicación, con los intelectuales, con los grupos feministas, con ciertos gobiernos extranjeros, con las madres que buscan a sus parientes desaparecidos y con los miembros del poder judicial.
Finalmente, quisiera destacar que el cambio de gobierno abrirá la oportunidad de corregir fallas profundas en la política aplicada estos cinco años. Tal vez la más notable es que para Morena no ha sido hasta ahora prioridad el desarrollo económico del país. Se optó por una política directa de subsidios a grupos sociales que en 2024 costará más de 600 mil millones de pesos. Menciono los principales programas:
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, 465,000 millones (el 46% de todos los subsidios del año); Becas Benito Juárez para Educación Básica 36,600 mil millones; Becas Benito Juárez para Educación Media, 39,400 millones; Sembrando Vida, 38,900 millones; Bienestar de las Personas con Discapacidad, $27,860 millones.
Los subsidios a la población de menores ingresos no son objetables en sí mismos. Si lo son si tienen el objetivo de crear y consolidar clientelas electorales a costa de reducir las inversiones que generen empleos permanentes y que fortalezcan la capacidad productiva, como presas y sistemas generadoras de energías limpias, sistemas de riego, apoyos a productores agrícolas, aduanas bien equipadas y carreteras modernas, y protección al medio ambiente, entre otras.
Como escribió recientemente Enrique Serna, tenemos “un gobierno que reparte dádivas con una mano y suprime derechos con la otra”.
