Entre todos los serios problemas que presenta al país en estos tiempos, me interesa especialmente resaltar la errada política energética gubernamental, que ahora anuncia una reforma constitucional a la industria eléctrica para garantizar su “control absoluto”. Esto del “control absoluto” parecía significar la exclusión de los capitales privados no sólo en electricidad, sino en todo el sector energético, es decir, también en gas y petróleo. Sin embargo, El País del 14 de julio informa que AMLO declaró recientemente que la CFE mantendría el 54% del mercado y se dejaría el 46% a empresas privadas.
A reserva de precisar de qué se trata ese aparente reparto del mercado, parece aludir a lo que en las épocas del priismo más acendrado se llamó la “economía mixta”: el Estado mantenía sectores estratégicos y dejaba al capital privado el resto. Este esquema quedó superado en los años ochenta y noventa, cuando resultó imposible mantener al amplio “sector público” formado por 1,155 empresas estatales en 1982. Eran simplemente insostenibles por el elevado déficit público que se gastaba en mantenerlas.
En todo caso, Petróleo, gas, generación de electricidad, producidos de forma eficiente y a precios accesibles son estratégicos para el desarrollo y el buen funcionamiento de cualquier economía del mundo. En estos sectores la tecnología ha evolucionado mucho en años recientes, y el mundo marcha hacia la generación limpia de energía, pero México se ha quedado rezagado en estos aspectos por la carencia de recursos de inversión y ahora por simple y pura decisión política.
Conviene recordar la situación actual de las dos paraestatales energéticas mexicanas. Pemex tiene una deuda elevadísima, de más de cien mil millones de dólares, y se caracteriza por sus bajos niveles productivos, con sus 124 mil trabajadores (dato tomado de: • Pemex: number of employees 2020 | Statista) con prestaciones excesivas, y sus más de 130 mil jubilados, que le cuestan 1,500 millones de pesos anuales, o sea 77.3 millones de dólares. (Cf. Pemex tiene una "insostenible" deuda por pensiones por 77.000 millones de dólares | Voice of America - Spanish (vozdeamerica.com)
A su vez, la CFE se caracteriza por sus costos elevados en la generación de electricidad con sus plantas obsoletas, por el uso de carbón o combustóleo (los más contaminantes del mundo) en el 20% de la electricidad que genera, la falta de inversión en las líneas de transmisión, y un nivel de endeudamiento de casi 17 mil millones de dólares en 2020.
Aclaro que estoy en favor de la existencia en México de empresas públicas que exploten los hidrocarburos y que distribuyan la electricidad, si sólo fueran reestructuradas y modernizadas para que cumplan los fines para los que fueron creadas. Estoy también convencido de que el Estado debe mantener la facultad de definir la política energética, para que ésta responda a los intereses de largo plazo del país. Pero esos dos factores deben operar en el mundo moderno, globalizado, con las mejores tecnologías disponibles y asociándose con capital mexicano e internacional para explotar los yacimientos menos accesibles y para elevar la generación de energías limpias.
Ningún país puede crecer de forma aislada del capital mundial. Ni siquiera China lo hizo, y la posición geográfica de México, como el tamaño de su economía, son factores que deberían determinar una mayor participación de capitales internacionales de la que hemos tenido hasta ahora, para salir de las tasas mediocres de crecimiento económico.
Como es sabido, en México la inversión pública se ha venido reduciendo durante decenios. En 2014 la inversión pública en carreteras, sistemas de transporte colectivo, autopistas, aeropuertos, escuelas, hospitales, etc., representaba el 4.7% del PIB. En 2020 cayó a un tristísimo 2.8% del PIB (cifras de SHCP).
¿Por qué se invierte menos? Por las caídas en el precio del petróleo (los ingresos petroleros representan en 2020 el 11.3% de los ingresos gubernamentales) y por la eterna crisis fiscal: año, con año, el gobierno gasta en promedio 4% más de lo que gana, lo cual alimenta la deuda pública y deja al gobierno sin recursos para invertir.
En días pasados se anunció otro capricho: crear una paraestatal que distribuya gas barato. Una solución digna de Luis Echeverría, cuando las empresas públicas se creaban para subsidiar el consumo y cerrar los caminos a las empresas privadas. Parece haberse olvidado que el fomento a las paraestatales contribuyó a elevar los déficit gubernamentales. Ahora, el argumento que se dio para crear esa empresa no fue precisamente técnico: se dijo que había que proteger la figura del mismo AMLO, para demostrar que “no es un demagogo” y que “cumple sus promesas”. ¿Cuánto costará la nueva empresa? ¿Se administrará con criterios políticos para ganar votos? ¿De qué tamaño será el subsidio gubernamental necesario para vender gas importado por debajo de su costo?
Para fortalecer la planta productiva y modernizar al país, el camino debería ser favorecer la competencia, no los monopolios, y el objetivo no debe ser salvar a Pemex y a la CFE, cueste lo que cueste, sino explotar de forma racional y productiva la riqueza nacional.
La cancelación definitiva de la reforma energética no tiene ninguna racionalidad económica, ni es tampoco la mejor forma de fortalecer la soberanía del país. El riesgo es congelar el desarrollo energético de México y ponerle un freno innecesario al futuro crecimiento de la economía nacional.
Economista especializado en temas internacionales
