Las marchas del 13 de noviembre en todo el país marcarán un cambio en el panorama político nacional, a pesar de la agria reacción del gobierno, que va desde negarse a reconocer la abrumadora asistencia, hasta (nuevamente) el insulto y las amenazas contra personas específicas que estuvieron en ellas.
Conviene preguntarnos ¿cuál hubiera sido la respuesta de un presidente normal preocupado por sumar apoyos a su causa y por representar a la mayor parte de los mexicanos? Una muy sencilla: anunciar el lunes 14 de noviembre el retiro de su iniciativa de reforma político electoral, explicando que, aunque mantiene sus concepciones sobre cómo deben ser las elecciones en México, reconocería que el tema ha generado una profunda división entre los mexicanos de todo el país, y que, por tanto, se buscaría un mejor momento para plantear una reforma electoral con la participación de partidos de oposición y de expertos en el tema.
Esta respuesta hubiera sido incluso inteligente, dadas las posibilidades de que no apruebe la iniciativa, pero nada de eso ocurrió. Al contrario, se mintió sobre el tamaño de la marcha, se volvió a denostar a los participantes y se publicó una lista de personas que ubicaron en el evento, como si fuera un delito manifestarse públicamente. Fue una respuesta más policiaca que política, lo cual nos hace preguntarnos hacia donde lleva ese camino.
En su comentario sobre la manifestación, Enrique Krauze escribió que por el momento los ciudadanos están solos frente al poder en la defensa del INE. La reflexión es pesimista, pero tiene mucho de cierta, dada la debilidad de los partidos de oposición, la escasez de propuestas alternativas a la 4T, y en especial el nefasto titubeo (¿negociación bajo la mesa?) del PRI en la cámara baja para apoyar o no los designios de la 4T. En todo caso, la marcha sí demostró que hay muchos más sectores de la población mexicana de los que hasta ahora se habían manifestado, que están inconformes con medidas específicas del gobierno.
Incluso se podría uno preguntar si por ventura esos mismos ciudadanos podrían expresar su descontento con la militarización del país o la destrucción de los sistemas de salud. No lo hacen precisamente porque se trata de grupos sociales no organizados ni claramente representados en el sistema político, y porque no tienen canales ni medios para expresarse, salvo el voto ciudadano.
De ahí la importancia de defender al INE, de impedir la liquidación de los organismos electorales estatales, la cooptación del Tribunal Electoral y la elaboración gubernamental del padrón electoral. Al debilitar al árbitro electoral y cambiar el número y la forma de elegir a los diputados, se asegura el regreso al sistema de partido único controlado desde el gobierno. ¿Y luego como salir de eso?
El domingo de la marcha un desafortunado locutor de radio quiso defender la propuesta del Ejecutivo insistiendo “en ningún lado se dice” que se quiere desaparecer al INE (por cierto, sí lo dijo el secretario de Gobernación). La torpe defensa quiere ignorar intencionalmente que no es que no existiría alguna forma de organismo electoral, con el nombre que se quiera, sino que el Instituto, como funciona en la actualidad, perdería su autonomía. Los consejeros harían lo que necesite el gobierno. Y sin autonomía se debilitará la pluralidad política, como explicó José Woldenberg en su excelente discurso.
No es sano para un país amplio y complejo gobernar desde una sola posición y desde una sola voluntad que no escucha a las distintas fuerzas políticas y sociales, ni negocia con ellas. El centralismo autoritario no es, no puede ser, la forma eficiente para gobernar un país de 133 millones de habitantes y muy diversas zonas geográficas. Sería un regreso al pasado ya no priista, sino porfirista.
Finalmente, hay una mala noticia: incluso aunque no se aprobara la iniciativa del Ejecutivo (explicó Jorge Zepeda Patterson en “Atando Cabos”), al gobierno le quedan muchos instrumentos para controlar al INE, especialmente la próxima sustitución de cuatro de los once de sus consejeros ciudadanos en abril de 2023, en la misma Cámara de Diputados que controla el oficialismo. Están además los ya practicados recortes presupuestales que se le han impuesto, y otras muchas que irían en el mismo sentido.
Las protestas ciudadanas son relevantes y tendrán sus efectos, pero el panorama seguirá siendo muy complejo para la joven democracia mexicana.
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