Sacar a los soldados de los cuarteles para ponerlos al frente de las tareas de seguridad pública no es algo especialmente complicado para un gobierno como el mexicano. Lo hizo Felipe Calderón al inicio de su mandato, lo siguió haciendo Enrique Peña Nieto durante su propio sexenio y lo sigue haciendo, con inusitada intensidad, AMLO desde que tomó posesión.
El problema es que por un lado los resultados no han sido tan positivos como cabría esperar según lo ofrecieron esos mismos políticos. Y, por otra parte, hay que darnos cuenta de que estamos pisoteando el marco constitucional y convencional de derechos humanos que, hasta donde tengo noticia, sigue estando vigente en nuestro país. Desde esos dos puntos de vista me parece que habría que analizar la viabilidad de la ruta de la actual estrategia adoptada por el gobierno de Morena, ahora contando con el cuestionado apoyo del PRI.
Ya se ha dicho hasta el cansancio que hasta antes de 2007 la tendencia de los homicidios en México iba claramente a la baja. Si bien es cierto que a lo largo de la historia la violencia no ha dejado de estar presente en el territorio mexicano, también lo es que estábamos en la senda de lograr números de incidencia de homicidios más o menos parecidos a los de países con mayor desarrollo que el nuestro.
Los datos reales indican que en 1990 teníamos una tasa de 16 homicidios por cada 100 mil habitantes. Fue bajando hasta que en 2007 estuvo en el mínimo histórico de 8.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero luego no dejó de aumentar. En los años recientes la tasa sigue estando entre tres y cuatro veces más alta que en 2007, para ubicarse entre los 26 y los 28 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Estos datos parecen sustentar la idea de quienes critican la militarización como única respuesta frente a la violencia que sufre el país. Desde que los militares salieron a nuestras calles a patrullar y a enfrentarse con los (supuestos) delincuentes, no hemos logrado la paz ni la seguridad, sino todo lo contrario.
La otra línea crítica que habría que analizar es que la estrategia de la militarización permanente e indiscriminada de la seguridad pública choca frontalmente con lo que ordena nuestra Constitución vigente (artículos 13, 21 y 129 entre otros) y con el orden jurídico internacional de los derechos humanos.
Recordemos que en la sentencia Alvarado Espinoza y otros contra México, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada el 28 de noviembre de 2018, se establecen las condiciones para que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se considere compatible con el marco jurídico interamericano de protección de derechos humanos. Concretamente en el párrafo 182 de su sentencia la Corte precisa que dicha participación es aceptable únicamente si es de carácter extraordinario, subordinado a instancias de mando civil, complementario a tales instancias, regulado por mecanismos legales y por protocolos para el uso de la fuerza y fiscalizada por organismos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. No parece que estemos cumpliendo con ninguna de tales condiciones, lo cual nos deja en una situación jurídicamente muy precaria. Cuando haya que defender a militares que sean acusados en instancias internacionales, de nada servirá la infantil cantaleta de que la ONU y otros organismos son “conservadores”; habrá que tener una mejor argumentación jurídica para explicar lo que está sucediendo en México.
Una tercera consideración es que la mera presencia de las fuerzas armadas no parece basarse en planes de inteligencia o de estrategia que hayan demostrado hasta ahora su eficacia. Más bien parece que se trata de hacer presencia física en el territorio y de soltar balazos con la mayor frecuencia posible, aunque con eso se mate incluso a niñas indefensas que iban en el coche de su familia. Nada de eso es útil y sí parece bastante costoso.
Es obvio que estamos metidos en un grave problema de inseguridad. También es comprensible el grado de desesperación de las autoridades, que saben muy bien que los números son terribles, más allá de la publicidad oficial. Pero sigue pareciendo muy miope una planeación que apela solamente a la fuerza militar. Estoy seguro que hay muchas otras cosas que deberíamos estar haciendo y en las que nadie se está fijando. Es una lástima.
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Abogado constitucionalista.
@MiguelCarbonell
