Ayer en la Antigua Sede del Senado de la República iniciaron los trabajos para la que será la reforma judicial más profunda de las últimas décadas. Convocados por el senador Ricardo Monreal, estaban presentes los ministros de la Suprema Corte, los consejeros de la judicatura federal, los magistrados del Tribunal Electoral, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, el fiscal General y muchos legisladores. Fue un acto con el cual se da el banderazo de salida a lo que habrán de ser semanas y meses de intenso trabajo para definir la agenda de la reforma e ir plasmando en papel las ideas que los convocados tengan sobre el presente y el futuro de la justicia mexicana.
Los temas a debatir abarcan desde la forma en la que son nombrados los integrantes de la Suprema Corte, hasta las facultades y el papel del Consejo de la Judicatura Federal. La última vez que se hizo una reforma de tal envergadura fue en 1994, bajo el impulso del entonces presidente Ernesto Zedillo. Pero a diferencia de ahora, en la reforma de 1994. Hoy el debate es en público, de frente a la sociedad mexicana y con la posibilidad de que cualquier interesado pueda opinar.
Me parece que la agenda de debate debe incluir al menos las siguientes cuestiones:
1. El combate a la corrupción y al nepotismo al interior del Poder Judicial de la Federación. Si bien la grandísima mayoría de los juzgadores federales son honestos, no hay que bajar la guardia para vigilar que su comportamiento sea apegado siempre a derecho y se eliminen prácticas de simulación que favorecen el nepotismo.
2. Las facultades del Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo fue una de las aportaciones de la reforma de 1994. Es momento de revisar la forma en la que se integra, quién debe ser su presidente (hoy lo es el presidente de la Suprema Corte) y la manera en la que sus determinaciones pueden ser revisadas. Muchos dicen que se requiere cirugía mayor al Consejo, pero hay que tener claros los objetivos que se quieren lograr y el modelo de órgano que resulta deseable.
3. La integración y facultades de la Suprema Corte. Respecto a la Corte, habría que revisar todo el mecanismo de nombramiento, puesto que el actual parece que no deja contento a nadie. La integración de las ternas es siempre determinada desde la más absoluta opacidad y las discusiones en el Senado sobre la idoneidad de sus integrantes deja mucho que desear. Por otro lado, la Corte sigue dictando miles y miles de sentencias cada año; en otros países los tribunales constitucionales dictan unas cuantas solamente, sobre casos de gran relevancia para fijar los grandes lineamientos jurídicos que el país necesita (en Estados Unidos la Suprema Corte no dicta más de 100 sentencias al año, en México nuestra Corte dicta más de 15 mil anualmente).
4. Aparte de los temas puramente organizativos, también sería deseable una discusión sobre aspectos de fondo que nos permitan seguir mejorando el funcionamiento del juicio de amparo. La actual Ley de Amparo es del año 2013 y trajo consigo grandes avances, pero todavía quedan cosas por mejorar. El amparo se ha convertido en un proceso excesivamente técnico, alejado del alcance de millones de mexicanos y que a veces se utiliza para mantener situaciones de ilegalidad.
5. Un tema que no hemos resuelto tiene que ver con el sistema de justicia penal. Se hicieron importantes reformas a la Constitución en 2008 y se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014, pero siguen quedando en el aire muchos asuntos sobre el funcionamiento del sistema penal en su conjunto. La reforma penal no se ha podido consolidar y valdría la pena añadir una reflexión para seguir avanzando. Quizá sea momento de pensar en un Código Penal único para todo el país.
La lista sin duda alguna podría crecer, pero los anteriores son algunos temas indispensables que deberán ser procesados en las mesas de discusión en el Senado. Ojalá sea para el bien de México.
Investigador del IIJ-UNAM.
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