Se podría pensar que, dado que ya estamos en la tercera década del siglo XXI, algunas de las peores prácticas del sistema político que gobernó a México durante la centuria anterior deberían haber desaparecido. Infortunadamente no es así, de manera que seguimos repitiendo la misma lógica autoritaria con la que fue gobernado el país durante décadas.
No hemos podido racionalizar y legitimar el sistema de justicia penal, que sigue siendo utilizado para castigar a personas pobres y para venganzas políticas de todo tipo. Hay una buena cantidad de informes de organismos internacionales que nos advierten que la justicia penal en México está fuera de todo marco de respeto a los derechos humanos, pero nadie en el gobierno (ni en el Congreso de la Unión) se siente llamado en causa por tales advertencias, así que todo sigue igual y no hay quien parezca estar dispuesto a tomar la bandera del cambio de fondo que le urge a la justicia penal mexicana.
Se sigue abusando de la prisión preventiva, tanto en el caso de la llamada “oficiosa” (es decir, la que se impone de forma automática simplemente acusando a una persona de haber cometido un tipo específico de delito) o bien la justificada (es decir, la que impone un juez considerando las circunstancias específicas que se presenten en un caso concreto). El propio ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, advertía con razón hace unos días que la prisión preventiva choca con las normas convencionales que México se ha obligado internacionalmente a cumplir y que pronto la Corte deberá pronunciarse sobre el tema.
Pero, además, estamos regresando a las peores prácticas de exhibir a los detenidos y buscar una condena mediática antes incluso de presentar una acusación formal en contra de alguna persona. Es violatorio de derechos humanos que las autoridades de procuración de justicia hayan exhibido a través de filtraciones a los medios el video de la detención de Jesús Murillo Karam.
Es abusivo que en la diligencia para detener a un adulto mayor que sale tranquilamente de su casa, con las manos en las bolsas de su chamarra, saludando amistosamente a los agentes ministeriales ahí presentes, se haya enviado a las fuerzas especiales de la Secretaría de la Marina, que uno pensaría que tendrían temas más relevantes de los que encargarse, dada la guerra abierta que se libra en una parte del territorio nacional.
Es violatorio de la presunción de inocencia que a personajes políticos de alto nivel se les aplique de manera artificial y sin un robusto fundamento jurídico la medida de prisión preventiva, que quiere ejemplificar un castigo anticipado para fines de publicidad gubernamental, pero que a la postre seguramente no se logrará demostrar ante un tribunal para efecto de obtener una sentencia condenatoria de carácter definitivo.
Todos estamos de acuerdo en que hay que combatir la impunidad y que se deben imponer sanciones a los políticos que han actuado mal en el pasado o a quienes cometen fechorías en la actualidad (y vaya que hay varios casos notables), pero ¿acaso es mucho pedir que los procesos judiciales respectivos se instruyan sin armar filtraciones mediáticas, sin propiciar linchamientos en las redes sociales, sin tener que violar derechos humanos y en apego a los estándares internacionales?
La forma más sencilla de parar el circo de cuatro pistas en el que han convertido a la justicia penal en México es que la Suprema Corte les ponga un alto definitivo. No tengo duda de que esa es una de las tareas más relevantes del tribunal constitucional de nuestro país, a la espera de que —en los tiempos políticos por venir— se les apliquen duras sanciones a quienes en estos años han torcido y retorcido las leyes para buscar venganzas personales o para distraer a la opinión pública del profundo desastre que estamos padeciendo en materias tan importantes como la salud, la educación pública, la economía o el medio ambiente. En ninguno de esos ámbitos hay datos que puedan presumirse (sino todo lo contrario), por lo tanto se ha optado por la estrategia de la distracción y del funambulismo político. Es bien sabido que esa es una estrategia que sirve en el corto plazo, pero que augura un profundo desastre nacional a mediano y largo plazo. Si volteamos a ver la historia, deberíamos asustarnos de lo cerca que estamos de un profundo precipicio.
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@Miguel Carbonell
