El día de ayer fue presentado un proyecto de reforma que, en caso de ser aprobado, va a suponer el cambio más importante de las últimas décadas a la forma en la que trabaja el Poder Judicial de la Federación.
Durante la conferencia de prensa de la mañana, el Presidente de la República hizo suyo el documento generado por conducto del Presidente de la Suprema Corte y en un evento posterior se hizo del conocimiento de los senadores de la República.
La propuesta contempla la reforma de siete artículos constitucionales, la expedición de dos leyes nuevas (la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación), así como la modificación de otros cinco ordenamientos legales.
La propuesta abarca temas que van desde las competencias que tiene a su cargo la Suprema Corte (fortaleciendo su papel de tribunal constitucional, siguiendo la senda de las reformas que sobre el mismo tema se han aprobado desde 1988), hasta la estructura orgánica del Poder Judicial Federal (se crean los Tribunales Federales de Apelación en sustitución de los actuales Tribunales Unitarios de Circuito; y se crean los llamados “Plenos Regionales” en sustitución de los actuales “Plenos de Circuito”).
Además, el proyecto hace una apuesta decidida para combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual. Se establecen como causales de responsabilidad administrativa la contratación de familiares o de personas con quienes se tengan vínculos de concubinato o “afectivos”; también se sanciona cualquier conducta de carácter sexual no consentida al interior del Poder Judicial de la Federación.
Otra gran novedad consiste en la transformación de la tarea de la defensoría pública federal, que tradicionalmente se había encargado de proporcionar abogados para quienes enfrentaban un proceso penal y no contaban con recursos suficientes para pagar un abogado particular. La reforma propone que los defensores públicos asuman una función más amplia, encaminada hacia la defensa jurídica de personas en situación de pobreza, personas que pertenezcan a grupos vulnerables o personas que han sido discriminadas. Para un país como México, que padece tantas injusticias sociales, esta debe ser una gran noticia: darle asesoría jurídica a las personas que cuentan con menos recursos es un acto elemental de justicia que merece todo el aplauso y reconocimiento.
También se crea una nueva Escuela Judicial Federal, que se va a encargar de la formación y actualización del personal que imparte la justicia federal, así como de los concursos por medio de los cuales se nombran a jueces y magistrados. Se trata de una pieza estratégica de la reforma, encaminada a asegurar el profesionalismo y las capacidades técnicas de la justicia federal.
La reforma propone abandonar la concepción tradicional de la jurisprudencia con la que todos los abogados mexicanos nos formamos, para avanzar hacia un sistema de precedentes judiciales similar al que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y muchos tribunales constitucionales alrededor del mundo. Este cambio va a impactar en la enseñanza y el estudio del derecho. Es una excelente noticia para las escuelas que están formando a los futuros profesionales de la abogacía.
Si se llega a aprobar, estaremos ante una reforma que pondrá al día y a la vanguardia al Poder Judicial de la Federación. Ojalá que los senadores le den un trámite veloz y pueda ser publicada pronto. Pero ojalá también las entidades federativas tomen nota e intenten hacer lo mismo en su ámbito, para que la justicia local se acomode a las modificaciones que está encabezando el Poder Judicial de la Federación, con esta histórica y muy trascendente propuesta, respecto a cuyo contenido los abogados mexicanos estaremos seguramente de plácemes.
Investigador del IIJ-UNAM.
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