El accidente de la Línea 3 del Metro no es una anécdota, como no lo fue el derrumbe de la Línea 12 hace unos meses. Se trata de hechos que reflejan la inseguridad del transporte en México, la manera tan vulnerable con la que nos tenemos que desplazar de un lugar a otro, el descuido tan patente que los políticos han hecho de las infraestructuras públicas.

Tal parece que lo importante es tomarse la foto cortando listones, inaugurando obras, posando para la posteridad, tomándose selfies para llenar el momento efímero de las redes sociales. Pero nadie se enfoca en la prevención de los accidentes, en el mantenimiento de caminos, puentes y carreteras, en el mejoramiento de los equipos de seguridad en el transporte público, en la capacitación de los operadores. 
Aunque generan menos titulares en los medios de comunicación, los mayores peligros en materia de movilidad están en las carreteras de México. Con frecuencia se reportan camiones de pasajeros que han chocado, que se han desbarrancado, que se han salido del camino. En muchos casos los conductores estaban bajo el influjo de sustancias psicoactivas o de alcohol, demostrando que los controles oficiales son inexistentes y que las largas jornadas laborales les requieren el consumo de ese tipo de sustancias prohibidas.

Según algunas estimaciones, se calcula que en México acontecen cuatro millones de percances automovilísticos cada año. En el año 2021 perdieron la vida 14,715 personas en esos accidentes (unas 40 al día). En 2018 México ocupaba el séptimo lugar a nivel mundial en defunciones por siniestros viales y el tercero en América Latina. Si bien es cierto que el número total de víctimas de accidentes en coches se ha reducido de manera significativa, el número de muertos por accidentes de moto se ha duplicado. A nivel mundial se estima que fallecen 3,700 personas diariamente por la falta de seguridad en el transporte. 
Apenas el 17 de mayo del 2022 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que plantea esquemas de coordinación muy relevantes entre los diferentes niveles de gobierno para disminuir los accidentes viales y avanzar hacia una movilidad más segura para todos. Pero ha sido olímpicamente ignorada por los gobiernos estatales y municipales, que son los que principalmente deben ponerla en práctica. Nos han quedado a deber las adecuaciones a las normas legales y reglamentarias que, por ejemplo, deben poner nuevos límites de velocidad en las vías de comunicación que están bajo su jurisdicción.

El 17 de agosto de 1896 fue registrada la primera víctima mortal por accidente automovilístico, en la ciudad de Londres. Su nombre era Bridget Briscoll, mujer de 44 años y madre de dos hijos. El vehículo que la atropelló iba a 12 kilómetros por hora. Desde entonces se estima que más de 50 millones de personas han muerto por accidentes viales o en el transporte. Una verdadera pandemia. 
Ya sea por lo que sucede con demasiada frecuencia en el Metro de la Ciudad de México, por los accidentes en las carreteras, por los asaltos en camiones y peseros, por el mal estado de las infraestructuras en general, por la degradación en el nivel de seguridad aérea del país, lo cierto es que transportarse en la República mexicana es una pesadilla. Incluso la calidad de las banquetas es deplorable y ya ni digamos la ausencia de rampas de accesibilidad para personas con discapacidad motriz. No hemos hecho ni siquiera lo más básico, lo más elemental en materia de movilidad humana. 
Las autoridades, que son ignorantes de casi todo salvo de sus propias aspiraciones para seguir viviendo del presupuesto público y enriqueciéndose a nuestras costillas, han pasado por alto el tema de la seguridad en el transporte desde hace años. No es posible que, en pleno siglo XXI, sigan muriendo y resultando heridas tantas personas que tendrían que estar cuidadas y protegidas por los avances que permite hoy en día la tecnología.

Lo peor de todo es que los accidentes suelen quedar como simples anécdotas, puesto que les dejamos a los responsables que queden perfectamente impunes. A veces la sanción alcanza un simple despido o un cambio de puesto, pero ahí siguen, paseando como si nada, cargando sobre sus espaldas la sombra de los muertos y heridos que se debieron haber evitado. ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir permitiendo? 

Abogado constitucionalista.
@miguelcarbonell 

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