La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en su sesión por vía remota del pasado 3 de febrero un juicio de amparo a partir del cual se afirma que todas las sentencias que emitan los tribunales mexicanos sin distinción de materia o ámbito competencial, son públicas y deben ser puestas a disposición de cualquier persona interesada de forma oficiosa. Se trata de la sentencia mediante la que se resuelve el Amparo en Revisión 271/2020.
El juicio deriva de la reclamación que hicieron diversas personas y organizaciones de la sociedad civil respecto a la omisión del Poder Judicial de Zacatecas, el cual no había subido a internet ninguna sentencia durante los años 2016 y 2017. La legislación aplicable señalaba que solamente se debían subir las sentencias que fueran de interés público, pero no había algún elemento que medularmente sirviera para definir en qué casos se presentaba dicho interés. Muchos tribunales optaron por interpretar de manera restrictiva el concepto de interés público y no dieron a conocer casi nada del trabajo judicial que tienen encomendado. La opacidad ha sido históricamente su forma de trabajo y no se sintieron obligados a cambiarla, pese a que el derecho de acceso a la información tiene rango constitucional en México y se rige por el principio de la máxima publicidad. Es lamentable que se ignore algo tan evidente por parte de quienes deberían ser los primeros defensores de nuestra Carta Magna.
Lo que ahora consideran los integrantes de la Suprema Corte es que todas las sentencias son de interés público, ya que la información que contienen es benéfica para la sociedad en su conjunto y no solamente para las partes que participaron en un determinado proceso judicial, puesto que su difusión a través de medios digitales permite que cualquier persona observe la forma en la que se interpretan las normas jurídicas, contribuyendo de esa manera a generar una más fuerte cultura jurídica entre la población y un más robusto sentido de “previsibilidad” respecto a los asuntos que pudieran llegar a plantearse ante nuestros jueces.
Además, el hacer públicas las sentencias es una manera también de que la sociedad pueda estar atenta y vigilante sobre lo que sucede en los tribunales. La impartición de justicia es una tarea básica de cualquier Estado moderno, tal como nos lo ha venido a recordar la pandemia. La sociedad tiene derecho a saber si esa tarea se administra o no correctamente.
Por ejemplo, el hacer públicas todas las sentencias permitirá que se hagan trabajos académicos en los que se compare la duración de los procesos judiciales, que es un tema de gran preocupación. Los juicios en algunos tribunales se alargan de forma excesiva, perjudicando a las personas que están pendientes del dictado de sus resoluciones. Un análisis comparado podrá poner de manifiesto qué juzgados son los más lentos para resolver y las medidas que se tomen para agilizar su trabajo. Hay jueces que trabajan de forma negligente porque saben que no les va a pasar nada ya que cuentan con algún “padrino” que los protege. La transparencia los va a exhibir y permitirá que desde la sociedad se exija que se apliquen correcciones disciplinarias en su contra.
La decisión de la Corte, emitida con base en un excelente proyecto del distinguido ministro Juan Luis González Alcántara, se alinea con el trabajo que desde hace muchos años se ha realizado en México para arrojar un poco de luz sobre lo que hacen y dejan de hacer los servidores públicos con el dinero de nuestros impuestos. Aunque hay quien parece haberlo olvidado, los avances en materia de transparencia y acceso a la información pública no fueron una dádiva de algún partido político o de algún gobierno. Fueron, por el contrario, una conquista de la sociedad civil que estaba harta del manejo opaco y con frecuencia corrupto de las funciones públicas.
La sentencia de la Corte debe ser entendida en su justa dimensión: se harán públicas todas las sentencias que emitan todos los jueces del país, las cuales deben ser subidas a internet en sus versiones públicas, es decir, con la salvaguarda de los datos personales que en ellas consten. Esto es importante porque nadie quiere que se vulnere la intimidad de quienes acuden ante la justicia. La transparencia judicial no puede servir para que nos enteremos del divorcio de nuestros vecinos o del monto de pensión de alimentos que les cubren a sus descendientes. Se trata de un paso importante, que nos permite avanzar en la dirección correcta.
Investigador del IIJ-UNAM.
@MiguelCarbonell
