En los meses y semanas pasados se ha discutido intensamente en México sobre el valor de la independencia judicial, como pilar fundamental del principio de división de poderes que debe caracterizar a cualquier sistema político de democracia constitucional.
Han sido muchas las voces razonadas y razonables que se han levantado en defensa del Poder Judicial de la Federación, frente a los embates provenientes de diversos actores políticos dentro de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Sigue estando pendiente lo que se tendrá que decidir sobre la previsible inconstitucionalidad de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal en materia de fideicomisos, contra la que fueron presentados cientos de amparos e incluso alguna acción de inconstitucionalidad. La Suprema Corte, en una atinada decisión del ministro Javier Laynez, decidió suspender los efectos de tal reforma hasta en tanto no se decida sobre su cuestionada constitucionalidad, lo que quiere decir que los fideicomisos existentes seguirán como hasta antes de la reforma, al menos durante algunos meses más.
Ahora bien, más allá de la discusión sobre el tema específico de los fideicomisos, se ha planteado también por parte del Presidente de la República y de algunos precandidatos electorales la necesidad de emprender una revisión del marco normativo que rige a la jurisdicción federal. No parece que sea un tema que se deba considerar como prioridad en el debate nacional, atendiendo a la situación catastrófica en la que se encuentran otros ámbitos de la República como el de la salud, la educación, el cuidado del medio ambiente o el de la prevención de los delitos. Pero ya sabemos que nuestros políticos se agarran de cualquier excusa para seguir justificando sus quincenas, así sea a costa de distraernos de los temas importantes y urgentes, o a costa de intentar plasmar como textos legales lo que no pasan de ser meras ocurrencias por su escaso o nulo fundamento.
No quiero decir con ello que no se requiera una reforma para el mejoramiento de la justicia mexicana. Claro que dicho mejoramiento es indispensable. Por ejemplo, necesitamos una justicia que se imparta con el apoyo de las nuevas tecnologías, que permitan simplificar procedimientos y acelerar trámites. Lo previsto en materia de justicia digital en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con todo y sus limitaciones, puede ser un ejemplo a seguir.
Además del uso de las nuevas tecnologías, a la justicia mexicana le hace falta contar con suficiencias presupuestales que se le han negado desde hace décadas. Quizá sea momento de incorporar a la Constitución un porcentaje mínimo del presupuesto federal que se destine para el Poder Judicial o incluso un principio de no regresividad, para que no se busque castigar a las personas juzgadoras —por medio de restricciones presupuestales— por haber tomado decisiones que no sean del agrado de los demás poderes públicos. La garantía presupuestaria es esencial para ejercer de forma independiente la jurisdicción. Ninguna decisión judicial debe ser castigada quitándole recursos al conjunto del órgano. La única forma de revocar una decisión judicial debe ser a través de la presentación de los respectivos recursos legales, tal como están previstos en el ordenamiento jurídico.
Otro tema en el que hay que poner atención es en las condiciones de acceso a la justicia. Los tribunales mexicanos siguen estando lejos de los grupos más vulnerables de la sociedad. Necesitamos esquemas de legitimación procesal más amplios y sencillos, pero también se requieren mayores medios materiales y presupuestales para las defensorías públicas, así como para los servicios periciales que trabajan en apoyo a nuestros tribunales.
La lista de temas que podrían ser objeto de una reforma judicial puede ser tan amplia como se quiera. No tenemos que tenerle miedo incluso a discutir sobre la forma en la que son electos nuestros jueces constitucionales, incluso los de más alto rango, pero sin caer en soluciones que no tienen parangón en el derecho comparado, como lo es la idea de elegir por voto popular a los ministros de la Suprema Corte. Esa es una de las reformas que, desde mi punto de vista, no se requieren y serían peligrosas. Discutamos más bien de lo sustantivo; es decir, de todo aquello que puede hacer que los tribunales mexicanos trabajen mejor y a mucha mayor velocidad. Lo demás hay que dejarlo para el anecdotario de las ocurrencias, sugiero.
Abogado constitucionalista. @MiguelCarbonell
