La resolución de la Suprema Corte mediante la que se da respuesta a la pregunta que se habrá de realizar en la consulta ciudadana del próximo año generó diversas secuelas en el gremio jurídico mexicano. Mientras que muchos abogados consideraron que la Corte había cometido un grave desatino, algunas publicaciones sostuvieron que los integrantes del Tribunal Pleno habían hecho una tarea impecable.
Como suele suceder en temas que generan polarización, hubo diversas expresiones cuestionando las afinidades ideológicas o incluso partidistas de nuestros Ministros, lo cual desde mi punto de vista no venía al caso en modo alguno. Quienes integran la Suprema Corte tienen diversas procedencias educativas e incluso divergen en su filosofía judicial. Ahí radica su riqueza y la pluralidad con la que se suelen expresar las voces en el trabajo cotidiano del Pleno y de las dos Salas de la Corte.
Sin embargo, hacia el futuro sí sería muy importante tomar en cuenta a quienes se nombra para ocupar tan relevantes cargos. Dicha importancia en el procedimiento para nombrar a los integrantes de un tribunal constitucional se encuentra claramente ejemplificado en el caso de nuestro país vecino del norte, dado que el Presidente Trump propuso a la jueza Amy Coney Barret como candidata a ocupar el enorme vacío que dejó tras su fallecimiento la inolvidable jueza Ruth Bader Ginsburg.
Si revisamos los análisis que se han hecho en la prensa y en los medios académicos norteamericanos veremos que es indispensable saber qué piensan los candidatos a ser jueces constitucionales sobre una pluralidad de temas. La jueza Coney Barret, frente a preguntas expresas de los senadores que deben pronunciarse sobre su nombramiento, ha evadido anticipar criterios sobre casos específicos, como por ejemplo el famoso fallo en materia de aborto que fue dictado en 1973, Roe versus Wade.
Esa es una postura atendible que suelen seguir todos los candidatos a la Corte Suprema y que quedó bien resumida en la frase del ahora Presidente de la Corte norteamericana John Roberts: “Nosotros en la Suprema Corte somos como los árbitros en el baseball. No somos el pitcher, ni el bateador, ni el cátcher, sino que nos encargamos de revisar lo que hacen los demás”. Esa postura de deferencia hacia los demás poderes es indispensable cuando se está a punto de formar parte de un tribunal tan poderoso como la Suprema Corte de Estados Unidos, pero no impide tener puntos de vista concretos sobre un conjunto de temas que han estado y siguen estando en el centro de la discusión jurídica de muchos países.
Por ejemplo, sobre el alcance de las facultades del Presidente para utilizar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sobre la manera en la que se articula la división de competencias entre los poderes federales y los de las entidades federativas, sobre el significado y alcances de la no discriminación, sobre el lugar que deben tener los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico nacional, sobre la regresión en los apoyos presupuestales a la ciencia y la cultura, y un largo etcétera.
Cuando se va a nombrar a un juez para un cargo vitalicio (como es el caso en Estados Unidos) o que va a estar muchos años en el ejercicio de su función (como en el caso de la Suprema Corte mexicana, en la cual sus integrantes son nombrados por un periodo de 15 años), debe existir un proceso de nombramiento que revise de manera puntual las calidades intelectuales y argumentativas del candidato o candidata.
Para ello juega un papel central, en el caso mexicano, el Senado de la República, encargado de recibir la terna que propone el Presidente cuando existe alguna vacante en la Suprema Corte. Y no es que haya ejercido su papel de manera brillante en las últimas legislaturas. No lo digo por el perfil de los nombrados, sino por la superficialidad de las preguntas formuladas por los legisladores en las comparecencias de los candidatos, la brevedad de sus análisis, la falta de transparencia respecto a los motivos por los cuales votaron a favor de un candidato en vez de otro y así por el estilo.
En todo caso, lo que resulta indispensable es saber quiénes son nuestros jueces. Necesitamos saberlo porque son ellos quienes toman decisiones que afectan a millones de personas y porque son los guardianes de nuestro patrimonio constitucional compartido. No es poca cosa.
