El vendaval mediático y político que ha generado la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora debe ser una oportunidad para que pensemos en la Suprema Corte que el país necesita, en la forma en la que son nombrados sus integrantes y en general en el papel de los jueces en un país como México, en el que nos urge tener instituciones sólidas que hagan realidad el tan mencionado pero todavía utópico Estado de derecho.
Una reforma profunda impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo en diciembre de 1994 vino a reconfigurar a la composición y las competencias de la Corte. A partir de febrero de 1995 tiene solamente 11 integrantes (en vez de los 25 que tenía antes) y conoce de temas primordialmente constitucionales, es decir de los litigios más relevantes que surgen en el país.
Desde la reforma de Zedillo la Corte ha tenido como ministros a personajes muy destacados en el ámbito jurídico, como Mariano Azuela, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y su actual presidente, Arturo Zaldívar, entre otros. Es importante que al máximo tribunal del país lleguen personas que conozcan a fondo de los temas jurídicos sobre los que tendrán que pronunciarse. Lo peor que nos puede pasar es que la Corte vuelva a ser un refugio de políticos caídos en desgracia o un lugar al que se envía a los amigos que prefieren tener un trabajo seguro durante los próximos quince años, tal como sucedió en épocas pasadas.
La complejidad de los temas que se atienden en la Corte requieren de expertos en materia constitucional (a eso se debe el gran éxito de ministros como Cossío o Zaldívar), que tengan un fuerte sentido de su autonomía y su independencia.
Para lograr una adecuada integración de la Corte es importante que quienes intervienen en los nombramientos de ministros lo hagan con sentido de Estado. El Presidente al proponer la terna al Senado y los senadores al elegir entre las personas propuestas deben hacer su trabajo con mucha responsabilidad. El método de enviar al Senado una terna es bastante extraño y debería ser modificado. Lo ideal sería presentar una única candidatura para que hubiera un análisis muy completo de los méritos y conocimientos de la persona propuesta, tal como sucede en Estados Unidos y en la mayor parte de países europeos.
El sistema de ternas no es el mejor; en designaciones anteriores, tanto para la Corte como para otros cargos, se enviaron las “ternas de uno”, en las que iban dos personas como meros figurantes, sin posibilidades reales de ser nombradas, junto con el candidato o candidata oficial. Quizá sea momento de revisar ese sistema de nombramiento y en general todo el procedimiento. Necesitamos mayor claridad, más transparencia y un trabajo más profundo por parte del Senado.
Ahora bien, lo cierto es que la Suprema Corte debe cuidarse para beneficio e interés de todos. Su trabajo como guardián de la Constitución es esencial en la arquitectura democrática del Estado mexicano. La Corte fija los lineamientos principales de la interpretación jurídica para el resto de los jueces del Estado mexicano, tanto para los jueces federales como para los de las entidades federativas.
Desde 1994 ha ido construyendo una innovadora jurisprudencia en temas tan relevantes como la libertad de expresión, la no discriminación, el consumo de marihuana, la prohibición de torturar, el debido proceso legal, el matrimonio igualitario, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de pueblos y comunidades indígenas, el derecho al medio ambiente, la jerarquía de los tratados internacionales, la protección de extranjeros que sean detenidos en territorio nacional, etcétera.
Siempre es posible observar que hay temas que siguen estando pendientes en la agenda judicial de la Corte, sentencias que pudieron ser dictadas de mejor manera, enfoques en los que habría que haber sido más cuidadosos y hasta cuestiones en las que deberían haberse dado más prisa los ministros. Todo eso es cierto, pero no cabe duda que el desempeño de la Corte ha estado muy por encima de la mediocridad que hemos observado en los demás poderes de la Unión e incluso muy por encima de lo que la propia Corte había hecho en décadas anteriores. Por eso es que ahora el compromiso debe ser para cuidar lo que se ha logrado y para procurar que se siga avanzando en los temas más relevantes que siguen estando pendientes. Ojalá nadie se olvide de ese gran compromiso.
Investigador del IIJ-UNAM.
www.centrocarbonell.mx
